Las oficinas del SEPE, en riesgo de colapso por la acumulación de expedientes

«Si lo tramitas hoy, no se podrá resolver hasta dentro de un mes. Es como si nos hubiéramos ido veinte años atrás, cuando los demandantes de empleo o de la prestación por desempleo sufrían retrasos». Es el resumen que realiza el portavoz del sindicato CSIF en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) de la provincia de Valencia, Santiago Álvarez, para explicar la situación en que se encuentran las oficinas de este organismo público, en riesgo de colapso por la acumulación de expedientes.

Porque a los trámites ordinarios que atienden las oficinas del SEPE se añaden los relacionados con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) –figura a la que han recurrido mayoritariamente las empresas durante el estado de alarma– más los vinculados con el incremento del paro en los últimos meses por la crisis económica derivada del Covid-19.

En concreto, según la organización sindical con la pandemia «la carga de trabajo se ha multiplicado por cinco», lo que se traduce en un aumento de expedientes a tramitar para que las personas afectadas reciban las prestaciones que les corresponden. En el caso de los ERTE, aunque es la Conselleria de Economía quien primero recibe el expediente y emite la resolución (estimatoria o desestimatoria), es el SEPE quien reconoce las prestaciones a las que un trabajador tiene derecho.

Además, recuerdan desde CSIF, a este aumento del volumen de trabajo se unen los fallos en la plataforma informática contratada para la tramitación de ERTE que dilata la elaboración de los expedientes, así como las incidencias en la documentación aportada, como han denunciado en varias ocasiones desde las plataformas de afectados por ERTE.

La situación, añade Álvarez, se ha agravado con la reapertura de las oficinas y el regreso de la atención presencial, de la que ya criticaron la falta de organización y medios el pasado junio. «Al trabajo que ya se realizaba de forma telemática se suma la atención presencial, que es más lenta», apunta. Pone como ejemplo las 120 personas atendidas este lunes en una de las oficinas.

Otra advertencia que lanzó ayer el CSIF fue la demora generada en la cita previa a los usuarios. Si antes de declararse el estado de alarma por Covid rondaba los 3 días –incluso en ocasiones era de un día para otro­–, actualmente ronda los 25-30 días.

Ese retraso, apunta el CSIF, se extiende a la tramitación de los expedientes, debido al volumen existente. El sindicato avisa de que esto supone, a la vez, un retraso en el pago de las prestaciones, que podría llegar a alargarse hasta tres meses de seguir así.

Un aumento de la carga de trabajo que, según recuerda el representante de la central sindical, afronta una plantilla de funcionarios que ha perdido 55 efectivos en la provincia de Valencia. En concreto, ha pasado de 430 empleados en sus oficinas en 2015 a 375 en este 2020.

Por ello, CSIF reclama un plan de choque urgente, que recoja medidas como la realización de horas extras voluntarias e incentivadas adecuadamente para poder agilizar las tramitaciones.