Las lenguas se equilibran en las aulas tras siete cursos de laminación del castellano

No es la única consecuencia del nuevo modelo lingüístico derivado de la ley de libertad educativa, que a partir de este mes se despliega completamente, con su medida de mayor calado. Se trata de la reordenación del peso del castellano y el valenciano en las aulas, una planificación que se ha basado en las preferencias trasladadas por las familias y que en la práctica tiende hacia el equilibrio en lo que se refiere al número de aulas con una u otra lengua como base (o mayoritaria). También variará, ligeramente, la distribución por sesiones lectivas, y en un sentido similar: se aproximan las horas de clase recibidas en castellano o valenciano más allá de la dominante, aunque, lógicamente, sin llegar a equipararse.

El ejercicio también estará marcado por los trabajos de reconstrucción de los colegios destruidos por la dana, que tendrán un coste de 70 millones de euros y cuyas obras empezarán, como pronto, el año que viene. También habrá novedades en materia de formación académica, como la que versará sobre cómo reaccionar en caso de emergencias, en el ámbito de la salud mental y la prevención de las adicciones o en refuerzo de la competencia matemática, con un programa pionero. En el plano laboral, el curso empieza con una huelga de FP, el mejor ejemplo de que será intenso.

 

Casi todas las medidas recogidas en la citada ley autonómica, aprobada en junio de 2024, llegaron el curso pasado. Desde la elección de lengua oficial en los exámenes hasta la renuncia al requisito lingüístico para dar clase en FP o estudios artísticos, pasando por los títulos automáticos de valenciano, hasta el C1, por los estudios cursados.

El ejercicio también sirvió para sentar las bases de la principal modificación, pues había que organizar la consulta -se celebró entre febrero y marzo- para que padres y madres de los alumnos ya matriculados trasladaran su preferencia sobre la lengua base. El siguiente paso llegó con la admisión de alumnos, en la que las familias con niños de nuevo ingreso (sobre todo de 1º de Infantil) fueron preguntadas en el mismo sentido al presentar su solicitud. Con toda esta información la administración realizó la planificación de aulas para el nuevo curso, en el sentido de decidir en cuántas destacaría el castellano o el valenciano. El que empieza es el primer ejercicio en el que se ha podido elegir la lengua de enseñanza para cerca de 700.000 alumnos, que son los que, aproximadamente, llenarán desde el día 8 las aulas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

Durante los siete ejercicios anteriores ha regido el modelo del Botánico, sólo modificado parcialmente para las zonas castellanohablantes, y que se derivó de la Ley de Plurilingüismo. Empezó a funcionar en el 2018-2019 -antes se intentó un cambio que frenaron los tribunales-, se mantuvo hasta el ejercicio pasado y eran los docentes los que decidían el peso de las lenguas, que luego debían validar los consejos escolares (en los públicos) o las titularidades (en concertados). En síntesis supuso un viraje claro en el sistema aplicado durante décadas, con el PP, con las famosas líneas lingüísticas -que eliminó-, e implicó un arrinconamiento de la oferta con el castellano como lengua mayoritaria.

La administración educativa no ha realizado ningún estudio oficial que ayude a radiografiar la evolución, aunque en base a la información parcial facilitada en los últimos años o los análisis realizados desde el ámbito civil se puede trazar una aproximación.

El Consell del PSPV y Compromís se encontró un sistema en el que 909 colegios de Infantil y Primaria ofrecían un programa de enseñanza plurilingüe en castellano (PPEC), bien como única opción para todas sus líneas (674) o mediante doble programa (235) conviviendo con el PPEV, en el que dominaba el valenciano. Por su parte, en 476 funcionaba el basado en la lengua propia, que sumados a los de la doble línea implicaban una oferta total de 711 escuelas. Ganaba la lengua española, presente en el 65,6% del total de centros, mientras que la autonómica estaba en el 51,3%. Los porcentajes rebasan el 100% porque en ambos casos se incluyen las escuelas que aplicaban los dos programas de manera simultánea. Con este sistema, por cierto, la decisión sobre qué modelo aplicar era de la conselleria.

La ley botánica estableció que todos los alumnos de cada centro tendrían la misma carga horaria (con más castellano o más valenciano), y que sería similar en Infantil, Primaria y Secundaria. Tenía que haber continuidad entre cursos. La única información sobre el cambio que supuso en las primeras etapas se dio al poco de entrar en vigor, en 2018: el 54% de los colegios optó por dar más del 45% de horas en la lengua propia (siendo mayoritaria) y el 33,7% se decantó por el español. El resto eligió un modelo algo más equilibrado. La asociación Hablamos Español hizo su propio estudio sacando los datos de la Guía de Centros. Se analizaron 1.072 escuelas -la conselleria se basó en 1.250- y el 66% había apostado por la lengua propia.

En cuanto a la Secundaria, sólo trascendieron unas declaraciones del entonces conseller, Vicent Marzà, que dijo que cuando llegaron al departamento el 28% del alumnado se formaba en valenciano y el 72%, en castellano, y que con la aplicación de la ley los porcentajes pasaron al 61% y el 39%, respectivamente.

El análisis se completa con los resultados de la consulta y de la admisión de alumnos, las dos bases de la planificación del inminente curso. En las votaciones el 50,53% de las familias participantes apostaron por el valenciano (171.226) frente al 49,47% que hicieron lo propio por el castellano (167.617). Y teniendo en cuenta que el 99,67% de los alumnos estudiarán en la lengua elegida por sus padres, se infiere la idea de igualdad. En cuanto a los 240.000 cuyos progenitores no votaron, han sido distribuidos de oficio entre las aulas creadas en base a los resultados -casi calcados-, por lo que difícilmente se distorsionará el equilibrio.

Sobre la admisión, se informó del porcentaje de unidades de 1º de Infantil en cada lengua, en base a la elección para los niños de nuevo ingreso. En el 50,72% de las clases pesará más el español y en 49,28% el valenciano. De nuevo, máxima igualdad.

Por último, se reduce la distancia entre lenguas en lo que se refiere al horario lectivo. Si con el Botánico se podía llegar a una diferencia de hasta el 35% de horas semanales entre Infantil y ESO (60% en una oficial y 25% en la otra), el nuevo modelo es progresivo. Existirá esta distancia en los primeros años, pero se acortará a partir de 3º de Primaria y durante toda la Secundaria. La diferencia, siguiendo la doctrina del TSJ, no pasará del 20%.

Las empresas encargadas de montar los barracones pendientes para los colegios destruidos por la dana trabajan contra reloj para llegar al inicio de curso. Acogerán a más de tres mil estudiantes durante tres o cuatro años, que es el plazo que tardarán en reconstruirse sus escuelas originales. En lo que se refiere a l'Horta Sud, se trata del instituto Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip y la escuela infantil Ausiàs March de Massanassa, el colegio Orba de Alfafar y el Horta de Paiporta. En cuanto a la zona afectada por el Magro, acoge al IES Alameda de Utiel y al Carme Miquel de Algemesí. Respecto al Blasco Ibáñez de Alginet, también en la Ribera Alta, los daños fueron provocados por uno de los diferentes tornados que se formaron aquella fatídica jornada, y sus barracones provisionales, junto a los del Horta, son los únicos que llegaron a estar listos en el tramo final del curso pasado. Por tanto, serán seis los centros que estrenarán instalaciones modulares el día 8.

En cuanto al futuro, la intención de la administración es poder iniciar las obras de reconstrucción a lo largo de 2026. Para ello se han impulsado anuncios previos de las licitaciones -para tres escuelas, aunque la previsión es hacer lo propio con las restantes- así como de la dirección de obras, una medida que permite acortar los plazos de tramitación. De manera paralela, los proyectos están siendo redactados por la empresa Ciegsa. La inversión estimada para levantar de nuevo las escuelas se elevará a 70 millones de euros, según explican fuentes de la Conselleria de Educación.

Finalmente cinco de los centros citados se reconstruirán en la misma parcela, aunque incorporando medidas preventivas siguiendo los criterios del Plan Territorial de Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat (Patricova) o los descritos en el plan Endavant para la reconstrucción.

Por ejemplo, se citan vías de evacuación hacia lo alto (escaleras para acceder a cubiertas o azoteas), una orientación de las edificaciones que siga el sentido del flujo de agua, evitando el efecto barrera, forjados de la planta baja por encima del nivel de la calle o puertas y ventanas estancas al menos hasta una altura de 1,5 metros. En cuanto al citado plan, llega a plantear dejar las plantas bajas diáfanas y libres de actividades docentes o de servicios en las nuevas construcciones situadas en zonas de riesgo. Servirían para patios y como espacios para el almacenaje de enseres.

Las escuelas que mantendrán su ubicación original son el Berenguer Dalmau, el Orba, el Lluís Vives y el Ausiàs March -posiblemente pasarán a ser un único centro- y el Horta. También seguirá en el mismo lugar el IES Alameda de Utiel, pero a diferencia de los anteriores no se tiene que derribar, sino que se reconstruirá, contando con un edificio anexo. Sí modificarán su ubicación el Blasco Ibáñez de Alginet y el Carme Miquel de Algemesí tras el acuerdo alcanzado entre Educación y los ayuntamientos.

Por lo que respecta a los trabajos de demolición, están prácticamente finalizados en Massanassa, mientras que la pasada semana empezaron las intervenciones previas en el instituto de Catarroja, con la previsión de que la maquinaria pesada tome protagonismo en los próximos días. Educación también asume las demoliciones de los centros de Alfafar y Algemesí, mientras que el de Alginet corresponderá al Ayuntamiento (la parcela se desafectará y volverá a ser de su propiedad), igual que sucederá con el de Paiporta, pues la competencia para acometer obras está delegada a través del plan Edificant.

Volviendo a los barracones que se estrenan la próxima semana -Berenguer Dalmau, Lluís Vives y Ausiàs March, Orba, Carme Miquel y Alameda-, en este último los módulos se sitúan en cuatro espacios diferentes del municipio, mientras que en el primero, cuyas familias advirtieron de la falta de espacio de patio, se ha ocupado parte de la calle adyacente para permitir el esparcimiento del alumnado. También ha habido quejas en Massanassa: la Ampa teme que las instalaciones no lleguen a tiempo por el trabajo pendiente en varios módulos.

La dana también afectó a 26 concertados, y han tenido que ser las titularidades las encargadas de gestionar las obras de reparación, que seguirán durante este curso en centros como el colegio Sedaví.

La nueva normativa de plantillas ha provocado el rechazo unánime de los cinco sindicatos de la red pública, sobre todo por la reducción de docentes de FP. De hecho, dos de las organizaciones más representativas (Stepv y UGT, junto a CSO) han convocado una huelga de dos horas en los centros profesionales el primer día de clase. Los sindicatos denuncian que también se pierden puestos en enseñanza de adultos y que habrá menos personal para refuerzos. Educación defiende que las nuevas órdenes suponen, en su conjunto, doscientos docentes más. También hay malestar entre los equipos directivos por la carga de trabajo.

Los centros pueden acogerse hasta el día 30 al programa para la mejora de la salud mental del alumnado y la prevención de conductas adictivas y suicidas. Lo aplicarán los docentes tutores, que dispondrán de materiales didácticos específicos y asesoramiento. Y estará estructurado por etapas educativas, de manera que haya continuidad. Los alumnos (la previsión es que llegue a 550.000 cada año) recibirán la formación entre 1º de Primaria y 4º de la ESO. Se trabajarán habilidades emocionales y sociales y estrategias para resolver conflictos, incidiendo también, desde Primaria, en los riesgos de las drogas, el tabaco y el alcohol.

Durante el curso entrará en vigor el nuevo decreto de convivencia, que endurece el régimen sancionador en algunos supuestos. Por ejemplo, cuando se produzca una agresión hacia el personal de los centros. La norma penaliza la reincidencia, en el sentido de que un alumno no podrá acogerse al procedimiento conciliado dos veces en el mismo ejercicio. Hasta ahora sólo se restringía esta opción si se derivaba de una conducta similar a la que activó el primero. Este procedimiento permite al alumno, si reconoce el daño y pide perdón, acogerse a una reducción de la sanción. En cuanto al personal, cualquier agresión o vejación hacia su persona se considerará agravante durante la tramitación del expediente, y lo mismo sucederá cuando las víctimas sean alumnos con necesidades especiales. Otro de los cambios es que los centros podrán actuar cuando el hecho violento se cometa fuera de las instalaciones. La norma aún está en tramitación, y la previsión es que despliegue efectos a finales de año.

Más de trescientos colegios e institutos aplicarán el programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, una iniciativa que financia el Gobierno y que se justifica en los discretos resultados obtenidos por el alumnado español en el último informe PISA (2022). Los valencianos se defendieron mejor (sus datos fueron más altos que el promedio estatal), aunque es cierto que el porcentaje de estudiantes excelentes es bajo respecto a otros países o regiones. Por no hablar de que los resultados fueron sensiblemente inferiores a los obtenidos en 2015. Las escuelas seleccionadas -el plan se ofreció a las que presentaban niveles discretos en esta competencia- podrán disponer de más profesorado para desdoblar aulas y mejorar el rendimiento. Este personal añadido participará al menos dos veces por semana en las clases de Matemáticas, junto a los docentes titulares, en los grupos de 4º, 5º y 6º de Primaria y en los de 1º y 2º de la ESO o de grado Básico. También se pueden programar refuerzos extralectivos o desdobles en otros grupos.

También empieza a funcionar la formación ante emergencias dirigida al alumnado, aunque para este ejercicio tendrá carácter voluntario. Aquellos centros que no la impartan deberán prepararse para hacerlo sin dilación a lo largo del curso siguiente (2026-2027). Durará entre dos y cuatro horas anuales, también se trabajará en las horas de tutoría y se abordarán aspectos como sistemas de alerta, detección de bulos o autoprotección ante inundaciones y grandes concentraciones.

El curso empieza como el anterior, con incertidumbre sobre la selectividad. Tras la adaptación completa a la Lomloe, el acuerdo entre las comunidades del PP para avanzar hacia la homogeneización o el fin de la optatividad, en 2026 se aplicará la propuesta pactada por las universidades tras meses de trabajo técnico para diseñar una estructura común de examen y contenidos mínimos y criterios de evaluación compartidos.

La Conselleria de Educación ha modificado las fechas de los procedimientos selectivos para que no coincidan con el final del curso, lo que significa que este ejercicio no habrá oposiciones, pues las siguientes, de maestros, se iniciarán en septiembre de 2026. Con el cambio se pretende facilitar el funcionamiento de los tribunales, cuyos integrantes quedarán eximidos de sus labores docentes, y tenerlas resueltas antes (en Navidades).