Un programa «de máximos» para pactar en la Comunitat Valenciana

En términos empresariales, un 'win-win' en toda regla que le permite a Vox plantear a su contraparte un programa «de máximos» (otra expresión repetida estos días en Bambú), aunque en el partido de la derecha radical también se marcan el objetivo de garantizar la estabilidad en el Consell y se inclinan por llegar a un acuerdo; ventajoso, pero acuerdo al fin y al cabo. Y poniendo por delante siempre, enfatizan los voxistas, el programa frente a los nombres. El contenido del pacto de investidura con Mazón de 2023 y del acuerdo presupuestario de 2025, los dos textos ya firmados entre ambas formaciones, son las líneas rojas que el PP nunca podrá desandar si pretende terminar dando la mano a Vox. Pero, además, hay «nuevas condiciones».

Días antes de la dimisión de Mazón, el PP y Vox acordaron que el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 incluyera la realización de «estadísticas diferenciadoras» entre la población nacional y la migrante en relación con cuestiones como su contribución neta al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el absentismo laboral, el uso de servicios de urgencias sanitarias o incluso la cantidad de donantes de sangre existentes. Con el apoyo manifiesto del presidente dimitido, la Comunidad Valenciana ha sido el laboratorio de Vox sobre inmigración. PP y Vox ya acordaron una partida presupuestaria de dos millones de euros para el «fomento del regreso de exmenores tutelados a su continente de origen»; y en el próximo acuerdo de Gobierno, los de Abascal exigirán que la autonomía no reciba ningún menor extranjero no acompañado. También pedirán que los servicios educativos y sanitarios colaboren en la identificación de extranjeros en situación irregular; acabar con cualquier tipo de subvención a ONG «que colaboren las mafias que se lucran con el tráfico de personas» y dejar de ayudar económicamente a las organizaciones que atiendan «prioritariamente a irregulares en vez de a inmigrantes legales o a españoles». Vox puede reclamar ahora la priorización de las ayudas a los españoles frente a los extranjeros.

Para la Comisión Europea, el Pacto Verde es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea para lograr la neutralidad climática para 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, con objetivos como la descarbonización, la economía circular, la biodiversidad, la movilidad sostenible y la mejora de la eficiencia energética. Para Vox, el Pacto Verde es el demonio. Por eso, en los lugares donde tiene influencia, el partido de Abascal trata de revertir estas medidas «redactadas por las élites de Bruselas contra los trabajadores».

En la Comunidad Valenciana, Vox ya consiguió que Mazón se comprometiera a acabar con los impuestos verdes, elaborar una nueva ley forestal, proteger la ganadería extensiva e incluso a dar charlas en los colegios sobre la caza, aunque todo ello implique, como puede ocurrir en Valencia capital, la pérdida de 115 millones después de que Vox haya tumbado la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones. También pretende Vox que esta autonomía sea la punta de lanza en la reclamación al Gobierno de España y a las instituciones europeas de una protección especial para los productos nacionales «frente a la competencia desleal de terceros países»; es decir, que las frutas y verduras comercializadas en la UE procedentes del extranjero se sometan a la misma legislación que las españolas.

El acuerdo de Gobierno de 2023 sustituyó las referencias a la violencia machista por unas más genéricas a «erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas». Mantener este punto, pese a todas las polémicas que suscita, sigue siendo innegociable para Vox, que ha forzado la eliminación en los presupuestos autonómicos de cualquier referencia a la «perspectiva de género» y ha impulsado cambios en la 'ley trans' autonómica para, por ejemplo prohibir a los centros educativos abordar en sus proyectos la identidad de género y diversidad sexual de forma específica.

El pasado 25 de octubre, casi un año después de la dana, una multitudinaria manifestación recorrió las calles de Valencia para exigir la dimisión de Mazón. Mientras tanto, A Punt emitía una corrida de toros de 1997. Vox presume de dar todas las batallas culturales, especialmente contra los nacionalismos periféricos, y en la Comunitat ha utilizado su influencia para hacerlo hasta el límite. En educación, ha apoyado la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas, además de rebajar las subvenciones a las entidades que fomentan el valenciano, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El Consell también derogó la ley de memoria histórica y la sustituyó por una Ley de Concordia que no condenaba explícitamente la dictadura -recurrida por el Gobierno de Sánchez- ante el Tribunal Constitucional y ha reducido las subvenciones a los sindicatos y a la patronal. Ahora, Vox intentará aprobar «una Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España». Entre estas costumbres, los toros.