Chanchullos en Divalterra como en la época de Imelsa

El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, preside un consejo de Divalterra. :: /Juan J. Monzó
El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, preside un consejo de Divalterra. :: / Juan J. Monzó

Un informe jurídico encargado por la propia empresa pública ya cuestionaba los contratos de alta dirección que han provocado la detención del presidente de la Diputación de Valencia y otras dos personas

redacción / J. C. Ferriol
REDACCIÓN / J. C. FERRIOLValencia

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado hoy la 'operación Alquería' contra la corrupción en la que ha sido detenido el presidente de la Diputación Provincial y alcalde de Onteniente, Jorge Rodríguez (PSPV-PSOE), y otras dos personas.

La causa se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia, cambió su nombre en mayo de 2016, casi un año después del relevo al frente de la corporación provincial. Jorge Rodríguez asumió entonces que con la denominación que ya recibía la investigación judicial abierta unos meses antes sobre esa firma, y que puso en jaque a todo el PP valenciano, resultaba imposible dotar de un mínimo de credibilidad la labor de la empresa pública. Así que Imelsa se convirtió en Divalterra, y sus dos cogerentes, Víctor Sahuquillo y Agus Brines, recibieron el encargo formal de reflotar la imagen de la firma encargada de las brigadas forestales.

Casi dos años después de aquella decisión, Divalterra sigue a la deriva. Sahuquillo, que ya había sustituido en el cargo a Josep Ramón Tiller -apartado apenas seis meses después de llegar al cargo como víctima colateral del enfrentamiento entre Rodríguez y José Manuel Orengo-, terminó presentando su dimisión al finalizar 2016. Para entonces, las sucesivas irregularidades cometidas en el ámbito de contratación de la empresa pública y que llevaban su firma se vieron culminadas con la aparición de los tickets correspondientes a consumiciones de bebidas alcohólicas del propio Sahuquillo cargadas a la empresa pública. El golpe para la nueva Imelsa resultó demoledor. Tanto, que hasta Rodríguez llegó a plantear la posibilidad de cerrar la empresa pública y traspasar los efectivos de las brigadas forestales al Consorcio Provincial de Bomberos. La ocurrencia se quedó en eso, porque las dificultades legales para adoptar una decisión de ese tipo -pese a filtrarse sin el menor rubor- resultaron insalvables.

La brecha abierta entre Compromís y el PSPV en relación con Divalterra -los dos partidos se acusaron de deslealtad en relación con la situación de la empresa- encontró un único momento de éxito unas semanas antes de la salida de Sahuquillo. El titular del juzgado de Instrucción número 18 y la Fiscalía Anticorrupción aceptaron la personación en la causa como acusación particular de la propia empresa pública. Rodríguez aprovechó aquella decisión para sacar pecho del cambio de imagen de Divalterra, y lo retrató como el reconocimiento a la colaboración que la firma había prestado desde el primer momento a los investigadores.

El éxito de aquella decisión -atribuible especialmente a los servicios jurídicos de la empresa pública, dirigidos entonces por José Luis Vera- quedó eclipsado por el escándalo Sahuquillo y por el intento baldío de darle un portazo definitivo a la empresa provincial.

El cierre no se produjo. Y 2017 retrató el bloqueo de una sociedad que pasó a contar con una única cogerente, Brines, que se negó a asumir mayor responsabilidad financiera de la que le correspondía antes de la salida de Sahuquillo. La designación del nuevo cogerente socialista no se produjo hasta noviembre de ese año. El exalcalde de l'Alcudia de Crespins, Xavi Simón, fue designado máximo responsable de la firma pública.

El hasta ese momento coordinador de asesores de presidencia de la Diputación, y hombre de la máxima confianza de Rodríguez, certificó el inicio de una serie de movimientos en cadena impulsados por el presidente de la Diputación -y también portavoz de la ejecutiva del PSPV- dirigidos a reforzar su posición orgánica en el partido. A Simón (exsecretario comarcal de la Costera) se le sumaron los nombres de Miguel Ángel Ferri, Neus Garrigues (nueva líder comarcal de la Ribera Alta), Víctor Jiménez (alcalde de Rocafort) y Lucas Ferrando (secretario general de la Hoya de Buñol, quien dimitió el pasado jueves). Unos en Egevasa y otros en la propia Divalterra.

Pero esos nombramientos en la nueva Imelsa no han resultado tan sencillos. Es cierto que en el consejo de administración se dio luz verde a esas designaciones. Pero el proceso previo ha destapado tanto las dudas de la empresa como el criterio en contra desde distintos ámbitos legales.

Divalterra elevó consulta a un despacho jurídico, Tomarial Abogados, en relación con la existencia de cuatro contrataciones laborales en la empresa con personal de confianza -correspondientes a otras tantas direcciones de área (Promoción Económica, Innovación y Proyectos de Formación; Gestión Forestal y del Medio Rural; Medio Ambiente; y Turismo-, así como con la posibilidad de realizar dos más. Todas ellas, con la denominación de contratos de alta dirección. La empresa preguntó por la forma de «regularizar» esas cuatro contrataciones. La consulta venía motivada por la aplicación de la ley de bases de régimen local, que es la que regula las retribuciones de los contratos de alta dirección. Divalterra fue definida como de Grupo 1, lo que significa que el número máximo de miembros del consejo no podía exceder de 15 -tiene 14- y el de directivos no puede exceder de 10.

Y aquí empiezan los problemas. El informe jurídico al que ha tenido acceso este diario -y del que no han sido informados lo miembros del consejo de administración de Divalterra- advierte de que la contratación de personal de confianza, con carácter temporal «cuyo nombramiento y cese serán libres, se aplica a la administración pública, pero no a la empresa pública». Es decir, la situación de esas cuatro contrataciones laborales no ajustaría a la ley. Su naturaleza es de relación laboral común, y el hecho de que se realizaran «inobservando» el estatuto básico de los empleados públicos «convierte a estas relaciones laborales en trabajadores fijos de pleno derecho». Ya no son contratos temporales de personal de confianza.

¿Y entonces qué? Divalterra pregunta cómo puede convertir esos cuatro contratos en 'de alta dirección' junto a los dos nuevos nombramientos. Y el despacho explica que la alta dirección «no se da con el otorgamiento de poderes que se pretenden, puesto que los mismos no confieren a su titular las más amplias gestiones de dirección integral de la sociedad». Es decir, denominar un contrato como de «alta dirección» no implica que lo sea si no viene acompañado de un margen de actuación muy elevado.

¿Cuál? La alta dirección, se detalla, «queda reducida a los directivos que ejerzan las funciones más importantes, con amplia autonomía, dependencia solamente de los máximos responsables y más vinculadas a objetivos generales o esenciales». Y no es ese el caso de los contratos que pretende impulsar Divalterra. «Los poderes deberían de ser mucho más amplios, no sólo en su otorgamiento, sino en la verdadera ejecución de estos, conllevando la dirección y gestión de todo el negocio en su globalidad , así como sometidos directamente al órgano de administración».

Más aún. El informe de Tomarial señala que este extremo resulta materialmente imposible, por cuanto «sería ingestionable» cualquier sociedad si diversas personas pudieran obligarse por la misma con las mismas facultades amplias, de disposición, y de dirección íntegra de la sociedad, en todos sus aspectos trascendentales. «Conllevaría el absurdo de que una persona pudiera decidir una cosa y otra persona la contraria», retrata este despacho sobre la propuesta de la empresa. Y lo remata: «Estas funciones se reservan al director general o gerente, y en este caso concreto ya hay dos -en alusión a Simón y Brines».

La empresa de la Diputación se interesa por la forma de regularizar la situación de esas 'cuatro más dos' contrataciones. Es decir, si es factible que Divalterra tenga todas esas direcciones y qué nombre deberían recibir para estar amparados en los estatutos. Y la respuesta es que el nombramiento de seis personas -las seis direcciones de área- con poderes generales (para que se les considere de alta dirección) sin contar con los dos gerentes actuales, supondría «un incumplimiento del deber de diligencia del consejo de administración (de Divalterra)». Y añade: «no parece que con un total de ocho apoderados generales fuera posible un organigrama funcional».

La empresa todavía pregunta en qué situación quedarían los dos gerentes si se nombra a seis responsables de área con contratos de alta dirección. Y la respuesta no puede ser más demoledora: «Si llegado el caso (y con el probable quebrantamiento de la obligación de diligencia de los administradores) hubiera en Divalterra un total de ocho personas con poderes generales, todas ellas responderían de la misma forma, como administradores». Pese a todo, el consejo de administración aprobó los nuevos nombramientos. Sólo asistieron cinco de los catorce miembros. De los presentes, sólo tres, los únicos que pertenecían al equipo de gobierno, dieron el visto bueno.

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