Uno de los nuevos directivos de Imelsa renuncia a los 15 días de ser nombrado

Jorge Rodríguez preside una reunión del consejo de Divalterra. / Juan J. Monzó
Jorge Rodríguez preside una reunión del consejo de Divalterra. / Juan J. Monzó

Ferrando es uno de los directores de área a los que el consejo de la empresa concedió su polémico contrato de alta dirección

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

La polémica que envuelve los nombramientos de dos directores de área con contratos de alta dirección por parte del consejo de administración de Divalterra, la empresa de la Diputación de Valencia, se cobró ayer su primera víctima. Lucas Ferrando, secretario general del PSPV de la Hoya de Buñol y que el pasado día 19 de febrero fue nombrado director del área de proyectos de regeneración de zonas verdes urbanas de la empresa de la Diputación, presentó su renuncia al cargo.

La salida de Ferrando se produce a escasos quince días de su nombramiento -aunque el entorno del presidente de la Diputación aseguró ayer que la renuncia ya se produjo la semana pasada-. El nuevo líder comarcal del PSPV es persona de la máxima confianza del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. A mediados del pasado mes de diciembre ya se anunció que asumiría responsabilidades en la empresa de la institución provincial. El consejo de administración de la nueva Imelsa formalizó la designación en su última reunión, con uno de los contratos de alta dirección que han generado tanto revuelo debido a la existencia de informes jurídicos que advierten de su ilegalidad. El dictamen que valida las designaciones, el que firmaba el secretario del consejo, Jorge Cuerda, precisaba que las retribuciones de Ferrando alcanzarían los 55.762,74 euros.

Diputación asegura que la conselleria de Educación no le concedió excedencia para trabajar en Imelsa

Presidencia de la Diputación señaló ayer que Ferrando, profesor de enseñanza secundaria, habría solicitado una excedencia a la conselleria de Educación para ocupar una plaza en la institución provincial, y que le fue inicialmente aprobada. Sin embargo, al precisar que la plaza era en la empresa de la Diputación se le comunicó desde la conselleria que dirige Compromís que no podría tener la citada excedencia. Por ese motivo, se añadió, Ferrando habría renunciado a la plaza. El hecho contrasta con que a mediados del mes de diciembre ya se publicara en un medio de comunicación que Ferrando ocuparía plaza en la empresa de la Diputación y no en la propia institución provincial.

La decisión de Ferrando coincide con el debate generado por la aprobación de esos contratos de alta dirección -de los que ha venido informando desde el pasado domingo este diario- a pesar de la existencia del informe jurídico elaborado por la consultora externa Tomarial (a petición de Divalterra) en el que se advertía de las posibles consecuencias que podría tener esos nombramientos.

De hecho, ese informe -adelantado el pasado domingo por este diario- recordaba que la condición jurídica de la empresa de la Diputación imposibilitaba los contratos de personal de confianza y advertía de que los dos nuevos nombramientos -el de Ferrando y el de Víctor Jiménez- tendrían naturaleza de relación laboral común, incluso aunque la empresa los definiera como de alta dirección. El dictamen avisaba del «probable quebrantamiento de la obligación de diligencia de los administradores» en el caso de que en la empresa provincial llegaran a coincidir ocho personas -dos gerentes y seis responsables de área-, todos ellos con poderes generales.

¿Y ahora qué? Las fuentes de la institución provincial consultadas por este diario señalaron ayer no tener por el momento un sustituto para Ferrando como director de área en la empresa de la Diputación. Las mismas fuentes aclararon esta semana que la intención de la dirección de la empresa pasar por renovar los contratos de los otros cuatro directores de área de Divalterra para que el consejo de administración les conceda un contrato de alta dirección.

PP y Cs exigen conocer todos los informes sobre los nombramientos

Los grupos del PP y de Cs en la Diputación de Valencia exigieron ayer conocer la totalidad de los informes jurídicos internos y externos sobre los nombramientos con contratos de alta dirección que el consejo de administración de la empresa provincial aprobó en su reunión del pasado día 19. El diputado popular Rafael Soler remitió un escrito a Jorge Rodríguez, como presidente del consejo de la empresa pública, en el que solicita «autorización para el acceso, consulta y examen de todos los informes, internos y externos, que hacen referencia a los contratos de alta dirección existentes o que se quieran llevar cabo en el futuro en Divalterra».

Por su parte, el representante de Ciudadanos (Cs) en Divalterra, Jorge Ochando, solicitó ayer la convocatoria extraordinaria y urgente del Consejo de la empresa pública por parte del presidente, Jorge Rodríguez, para «aclarar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de las noticias publicadas en prensa en las que se dan cuenta de unos informes que este consejero desconoce». «Los informes publicados, que también he pedido a través del registro, son contrarios a los contratos de alta dirección suscritos recientemente por la empresa pública», destacó Ochando. El representante de la formación naranja aseguró que no le facilitaron los informes publicados en prensa cuando los solicitó el 1 y el 5 de marzo «en la misma sede de Divalterra».

Por su parte, el portavoz del PSPV en la Diputación, Pablo Seguí, consideró un escándalo que el PP les acuse de enchufismo después de lo que ellos hicieron con Imelsa: «No lo decimos nosotros. Son palabras de Marcos Benavent, exgerente de Imelsa con el PP, que reconoció que los nuevos trabajadores de la empresa pública eran todos enchufados del PP y que contrató a cerca de 300 personas, algunas de las cuales ni iban a trabajar».

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