Otra auditoría externa detalla las anomalías de la etapa de Víctor Sahuquillo en Divalterra

Víctor Sahuquillo y Agus Brines. / efe/g. g.
Víctor Sahuquillo y Agus Brines. / efe/g. g.

El informe detecta incumplimientos de los principios de eficacia y eficiencia y alerta de contratos firmados antes de justificar su necesidad

A. C./F. M.

La marcha del excogerente de Divalterra Víctor Sahuquillo de la dirección de la empresa de la Diputación de Valencia -heredera de la vieja Imelsa- no se debió únicamente a los gastos de bebidas alcohólicas que cargó a la cuenta de la firma pública. El informe de auditoría externa elaborado por la firma RSM sobre el ejercicio de 2016, y al que ha tenido acceso este diario, constata las anomalías en la gestión del exdirigente socialista. Una sucesión de irregularidades que, con el colofón de aquellas facturas de whisky y gin-tonics, terminó forzando su salida de la empresa.

El documento repasa algunas de las decisiones más polémicas adoptadas por Sahuquillo -hombre de confianza del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y que en una entrevista hace pocas fechas con este diario aún se mostraba convencido de que su caída había obedecido al 'fuego amigo'-. Entre ellas, el cambio de la imagen corporativa de la firma -de Imelsa a Divalterra- cuyo contrato fue adjudicado con fecha anterior a que se redactaran los informes de necesidad y de existencia de crédito. El asunto, la primera polémica que salpicó a Sahuquillo, derivó en la apertura de un informe por parte de los Servicios Jurídicos de la empresa. La auditoría externa constata que esta contratación debería de haber requerido la firma mancomunada de los dos cogerentes -la segunda era Agus Brines, propuesta por Compromís-, al superar los 18.000 euros.

En otro apartado, el informe explica que se vulneraron los principios de eficacia y eficiencia que deben regir la actuación administrativa al detectarse duplicidades en el gasto por servicios profesionales hasta en dos ocasiones. Por un lado, la contratación de un informe de un despacho de abogados respecto de los contratos de Alta Dirección en la empresa pública, pese a que ya se disponía de otros documentos jurídicos que abordaban exactamente el mismo tema. Por el otro, la contratación de un informe al mismo despacho de abrogados para el análisis del borrador de los nuevos estatutos de la compañía, y para cuya elaboración Divalterra ya había sido asesorada con anterioridad.

La auditoría también alude al acuerdo de colaboración con la FVMP para el desarrollo de un Centro de Investigación de Conocimientos aplicados a la Administración Local (CICAL) -la entidad ideada por el exdirigente socialista José Manuel Orengo-. El informe advierte de que la documentación que consta en el citado acuerdo no permite concluir con claridad si se trata de una contratación administrativa o de una subvención articulada a través de un convenio de colaboración «excluidos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público pero sometido a la Ley General de Subvenciones». La auditoría confirma que este acuerdo -suscrito tras la destitución de Orengo como jefe de gabinete de Rodríguez en la Diputación- se adjudicó mediante procedimiento negociado sin publicidad.

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