Los sindicatos de profesores calientan la calle y exigen más salario y mejores condiciones laborales

Que lo que queda de curso será intenso, en lo reivindicativo, se acredita tanto por los impulsores como por el calendario que han pactado. Las exigencias parten de una plataforma conformada por cuatro de los cinco sindicatos con representación ante la administración. Y ya no se puede hablar de una única postura ideológica, pues la conforman el STEPV, CSIF, CC.OO. PV y UGT PV. Sólo se ha desmarcado ANPE CV, que suscribe buena parte de las exigencias del colectivo, como la subida salarial o la bajada de las ratios, pero toma distancia respecto a las formas. No se recuerda semejante unidad sindical desde principios de la pasada década, cuando las cinco organizaciones docentes impulsaron varias huelgas en protesta por los recortes derivados de la crisis financiera. También se incluyen las reivindicaciones, en el mismo sentido, para el personal de administración y servicios y de atención educativa.

En cuanto a lo que viene, las protestas han servido para calentar la calle y pulsar los ánimos del colectivo de cara a un invierno y una primavera marcadas por la tensión en lo laboral. Porque la presión será sostenida en el tiempo, con al menos siete jornadas de huelga que se convocarán todos los meses.

La primera ya tiene fecha, el 11 de diciembre, y le seguirá un paro cada mes hasta abril, cuando se prevén dos. Para mayo se habla de «jornadas de huelga», sin mayor concreción, aunque se advierte de que se valorará que adquieran carácter indefinido. Tras cada paro se convocarán asambleas para que el profesorado decida sobre su continuidad, y ya hay organizaciones -el STEPV-, que trabaja en algún tipo de caja de resistencia que permita mitigar el efecto desincentivador de la pérdida salarial derivada de un seguimiento continuado de las huelgas. Que las organizaciones van a por todas es palpable, y este jueves, en la protesta de Valencia, fuentes sindicales han recordado el antecedente de Asturias, con sucesivas movilizaciones que sacudieron el final del pasado curso y se saldaron con mejoras retributivas, de atención a la diversidad y de gestión. Justo lo que se pretende en la Comunitat.

La reivindicación inicial de la plataforma, de la que se lleva hablando desde finales del curso pasado, es la mejora salarial «para compensar la pérdida de poder adquisitivo». Además, recuerda que los profesionales valencianos están entre los peor pagados de España. El manifiesto que se ha leído al cierre de la protestas apelaba a la creación de una cláusula de revisión vinculada al aumento de la inflación.

Actualmente cobran lo mismo que el año pasado, cuando se aplicó la última subida para todos los funcionarios (del 2% y para mitigar la escalada del IPC). Lo que ahora se plantea es una de carácter sectorial y que afecte al tramo autonómico. Casualmente la última vez que se mejoró el director general de Personal Docente era José Antonio Rovira. En la actualidad la retribución bruta mensual, sin contar trienios, sexenios o complementos de cargo, oscila entre los 2.419 euros de los maestros y los 2.734 de los docentes de Secundaria y otros cuerpos, pasando por los 2.551 del profesorado técnico.

Respecto a las condiciones laborales, se pide «revertir los recortes en las plantillas, sobre todo en FP y atención a la inclusión», así como los cambios laborales para los expertos y especialistas. También la reducción de las ratios de alumnado (el Gobierno prepara una ley en este sentido que derivará en más personal) así como de la burocracia, que se ha convertido en un mal endémico del sistema. Mejoras en las infraestructuras educativas, la cobertura inmediata de vacantes (docentes y no docentes) y la sustitución de la actual ley de libertad educativa por una «que defienda el valenciano» son otras de las reivindicaciones.

«Reclamamos lo que nos corresponde. La pelota esta ahora en el tejado de la conselleria y del nuevo gobierno, al que le decimos que no es buena idea estrenarse con un calendario de movilizaciones», ha concluido el manifiesto, que instaba al ejecutivo valenciano «a iniciar lo antes posible la negociación, o de lo contrario, el conflicto continuará».