Nueve de cada diez familias se desentienden del gobierno de sus colegios e institutos

Según los datos provisionales publicados por la Conselleria de Educación, se han molestado en depositar su papeleta apenas 118.642 progenitores sobre un censo de 1.191.566. En datos relativos sólo han supuesto el 10% del total, muy lejos del 81,8% del sector profesorado (votaron 73.566 de 89.947), del 54,9% protagonizado por el alumnado (274.635 de 500.408), del 64% del personal de administración y servicios (3.625 de 5.664) y del 69% del personal de atención educativa y complementaria (883 de 1.280).

Aunque todos estos grupos tienen más facilidades que los padres para el voto presencial y son más pequeños, lo que ayuda a conseguir mejores porcentajes, no se puede perder de vista que la normativa obliga a facilitar la participación, programando horarios amplios de votación (un mínimo de cuatro horas) y compatibles con la jornada laboral. Sin olvidar que existe la opción de hacerlo de manera anticipada por correo certificado o depositando la papeleta ante la dirección del centro (mediante el sistema de doble sobre).

Las votaciones presenciales se celebraron el miércoles y sirven para renovar la mitad de los representantes del órgano. Cada colectivo vota a sus candidatos en urnas separadas, y los mandatos son de cuatro años (salvo bajas por dimisiones, cambios de centro o de etapa educativa de los hijos). En el caso de las familias, tocaba renovar a cuatro de sus ocho miembros, que han podido hacer campaña o informar de sus ideas y propuestas de mejora. Aunque si apenas se les vota resulta menos probable aún que se les haya dedicado atención.

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Para hacer una idea de la escasa participación (en la línea de elecciones previas) basta con comparar con los otros procesos en los que se pide el voto de las familias. El más cercano fue la consulta sobre la lengua base (más valenciano o más castellano), en la que se implicaron casi el 60% de las familias totales. Y cuando se trata de validar el cambio de la jornada partida a la continua, aunque los porcentajes son muy variables siempre resultan superiores. Por ejemplo, en las dos últimas oleadas de votaciones (2024 y 2025) lo hicieron entre el 32,8% y el 88,8% en función del centro.

Aunque con los datos anteriores se puede aseverar que hay implicación en las votaciones de alcance más particular -la lengua base o el tipo de jornada, y al margen de las campañas informativas para incentivar la participación, mucho más intensas-, también se acredita la indiferencia que provoca la representación en los órganos colegiados de decisión, que sin embargo tienen una influencia capital en aspectos colectivos. Porque si bien ya han perdido la potestad de validar el proyecto lingüístico del centro -con la ley de libertad la elección es individual- conservan competencias clave para el funcionamiento y el gobierno de la escuela. Desde la elección y renovación de los directores y su posible revocación (con mayorías cualificadas, y sólo en los públicos), hasta la aprobación del presupuesto y de la programación anual, que recoge medidas pedagógicas o las previsiones de participación en proyectos educativos y en actividades complementarias y extraescolares. Sin olvidar que aprueban (o tumban) el proyecto de cambio de jornada (antes de que voten las familias debe obtener el visto bueno del consejo escolar), validan intervenciones de mejora en las instalaciones, deciden sobre medidas disciplinarias o elaboran propuestas e informes. Y en todo ello pueden influir los representantes de las familias, los que apenas son votados por sus iguales.