Las Provincias

El Supremo investigará a Barberá por blanqueo

La exalcaldesa en una rueda de prensa para dar explicaciones. :: txema rodríguez
La exalcaldesa en una rueda de prensa para dar explicaciones. :: txema rodríguez
  • El alto tribunal asume la instrucción sobre la exalcaldesa y ordena que el resto de la causa se mantenga en Valencia

valencia. El Tribunal Supremo resolvió ayer que resulta «imprescindible» investigar a Rita Barberá por su posible participación en el blanqueo de 50.000 euros del Grupo Municipal del PP de Valencia. La instrucción de la causa ha recaído en Cándido Conde-Pumpido, quien fue Fiscal General del Estado con el Gobierno de Zapatero. El órgano judicial precisa que el resto de las actuaciones - más de 40 cargos y excargos populares están imputados- deben seguir en el juzgado de instrucción de Valencia.

El auto de la Sala de lo Penal deja en una situación de debilidad a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora. La dirigente conoció la noticia en el trayecto del AVE a Madrid para la constitución de las comisiones de la Cámara Alta. Se apeó del tren y regresó a Valencia para conocer los detalles de la resolución judicial. Y todo pese a que Barberá no está formalmente imputada -todavía no se ha acordado pedir el suplicatorio- pero es un escenario que se antoja como el más probable en el recorrido lógico de este asunto. En estas circunstancias, no se descarta que Rajoy fuerce a Barberá a presentar su renuncia del PP, pero sólo perdería su condición de aforada si deja el Senado. No se puede olvidar que el terremoto judicial sacude los cimientos del PP en dos momentos clave. En el panorama nacional, Rajoy negocia la formación de Gobierno. En el ámbito local, hoy se inicia el debate del estado de la Comunitat. Una investigación sobre uno de los referentes históricos de la formación conservadora no se presenta como una atractiva tarjeta de presentación para los retos anteriores.

La investigación a Barberá no se daba por segura en los primeros compases de la causa. El informe del fiscal y la exposición motivada del juez generaban ciertas dudas en ámbitos judiciales acerca de si el Supremo acogería con igual intensidad y contundencia los indicios en contra de la aforada. Pero la declaración de la secretaria del grupo Mari Carmen García Fuster en la que reconocía la existencia de un supuesto recaudador y se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros no la beneficiaron. A esto se sumó el último informe de la Guardia Civil sobre la existencia de una operativa para financiar ilegalmente al PP, del que se envió copia a Madrid, apuntalaba las tesis de la acusación.

Los tiempos judiciales son inciertos. Ahora el instructor puede investigar sin necesidad de pedir el suplicatorio. Así, por ejemplo, podría ordenar el extracto de las cuentas de Barberá por si coincidiera que en fechas posteriores a su aportación al PP realizó un ingreso de 1.000 euros en su cuenta, tal y como hicieron otros investigados. Otra posibilidad sería la citación de testigos. Él mismo instructor podría archivar la causa si no aprecia indicios de delito. En caso contrario, su decisión de imputar a Barberá podría ser tumbada por la Sala, tal y como ha ocurrido con otros aforados como el exministro José Blanco.

El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en síntesis, recoge las mismas ideas que en su día adelantó el titular de Instrucción 18. En aquel escrito planteaba lo «incoherente» que resultaba tener imputados a más de 40 concejales, asesores y ex altos cargos con los mismos indicios que constaban ya contra la exalcaldesa. En algunos casos la simple aportación de mil euros para la campaña de las últimas elecciones locales. La actual senadora, según consta en el sumario y ella misma reconoció, contribuyó con sus fondos a la financiación de los comicios.

Otro de los indicios que apuntaba en su día el juez eran las conversaciones intervenidas a la concejal Alcón. La edil, que padece graves problemas de salud, relató a su hijo con todo lujo de detalles la operativa de blanqueo que se estaba produciendo en el Grupo Municipal. El plan era que todos entregaran mil euros a la formación y a cambio se lo devolverían dos billetes de 500 euros. «Corrupción política total», llegó a exclamar en el pinchazo.

El informe de la fiscalía ataca la escasa consistencia de los argumentos que en su día se ofrecieron para defender que no hubo blanqueo. La idea de la donación surgió del comité de campaña, un órgano que, de entrada, carece de competencia para proponerlo. Y se le pide la aportación a determinadas personas que ni siquiera son concejales o asesores. Tampoco hubo acta de esa reunión ni ninguna indicación por escrito acerca de cómo realizar las aportaciones. A día de hoy todavía se ignora de quién fue la idea de donar 1.000 euros.

No se puede obviar la relación de «máxima confianza» que mantiene Barberá con la secretaria del Grupo Municipal del PP, Mari Carmen García Fuster. Las acusaciones consideran que no es posible que se ejecutara una acción de ese tipo sin el conocimiento de la alcaldesa, la «superiora jerárquica» de la principal investigada. La responsable llevaba desde 1991 al frente del Grupo.

Existen más indicios que juegan en contra de la senadora. Y estos son comunes para el resto de los imputados. La causa cuenta con cuatro testigos y dos investigados que han reconocido su participación en la acción delictiva. Los testigos afirmaron en su día que se negaron a colaborar porque se trataba de una clara operativa de blanqueo.

El juez de Valencia ya resolvió que resultaba insuficiente las explicaciones que Barberá ofreció al instructor por escrito. Aquello de que todo se trataba de una venganza del exvicealcalde Alfonso Grau por la posición que ocupaba en las listas su mujer no consiguió debilitar los indicios en su contra. A favor de Barberá, aparte de su presunción de inocencia, que hasta la fecha nadie ha hecho una imputación directa sobre ella. La decisión del Supremo, además, tendrá otra derivada. Miguel Domínguez, diputado del Partido Popular, será imputado por el Tribunal Superior de Justicia por el mismo delito.