Las Provincias

Conde-Pumpido y el exministro José Blanco. :: juanjo martín
Conde-Pumpido y el exministro José Blanco. :: juanjo martín

Conde-Pumpido no se plantea apartarse de la causa

  • El instructor rechaza que su nombramiento como Fiscal General por el PSOE 'contamine' el procedimiento contra la exalcaldesa

El magistrado designado por turno de reparto para instruir la causa contra la senadora del PP Rita Barberá, Cándido Conde-Pumpido, no se plantea apartarse del caso pese a que fue designado por el Gobierno socialistas para dirigir la Fiscalía General del Estado o nombrado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegidos por el PSOE para su puesto en la Sala Segundal del Tribunal Supremo, según aseguraron este martes fuentes jurídicas cercanas al juez.

Las mismas fuentes señalaron que en el caso de que la defensa de la exalcaldesa de Valencia desde 1991 hasta 2015 decida recusarle por «cercanía al PSOE o enemistad manifiesta» con una dirigente de su rival político, Conde-Pumpido afrontará el incidente sin ningún temor, ya que considera que no se dan las circunstancias para quitarle la instrucción.

En primer lugar afirma que no se dan las razones objetivas antes mencionadas y en segundo lugar recuerda que el 'caso Imelsa' y su ramificación, la 'operación Taula', son posteriores a su nombramiento como fiscal general (2004-2011) y que tampoco ha tratado asuntos de forma directa o indirecta relacionados con estos procedimientos.

Recusaciones

En cualquier caso, en las altas instancias de la judicatura los sentimientos están a flor de piel con el asunto de las recusaciones después del caso de la magistrada Concepción Espejel, de la Audiencia Nacional. La razón es que la actual presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal fue apartada por el pleno de la sala para presidir el juicio del 'caso Gürtel' (época primera, 1999-2005, que comenzará el 4 de octubre) o la causa de la 'caja B' del extesorero Luis Bárcenas al considerar que su «cercanía» al PP comprometía su imparcialidad.

La decisión del pleno de la Sala de lo Penal de octubre de 2015 se tomó por un ajustado 10 votos a ocho y primó la tesis de que su nombramiento por el PP como vocal del CGPJ (2008-2012) o que el propio Bárcenas, como senador por Cantabria, intervino en esta designación ponían en duda su neutralidad para presidir un juicio que afecta a exdirigentes populares y al propio partido, como responsable civil subsidiario o a título lucrativo.