Maremágnum de acusaciones populares en la dana

Ese enorme foco de atracción que es la dana y su incidencia en el mundo político y social valenciano ha multiplicado el interés por este codiciado sumario. Esto ha disparado el número de acusaciones populares. En este momento, una docena de las más diversas entidades ejerce la acción penal. También se permite la personación de personas físicas, pero no resulta habitual. Se trata de una figura, la de la acusación popular, que pese a estar recogida en la Constitución no ha tenido siempre un desarrollo pacífico. A la Fiscalía no siempre le agrada la personación de las acciones populares -menos de una docena- y a los jueces les supone, sin duda, una complejidad añadida al sumario ya de por sí complicado.

Pero es la vía que permite a la ciudadanía ejercer la acción penal en un procedimiento. Existe una diferencia respecto al resto de acusaciones, la necesidad de prestar fianza. La jueza de la dana, tal y como marca la ley, ha establecido una cantidad que permite a las asociaciones acudir al procedimiento con un mínimo esfuerzo: 6.000 euros. Esta cantidad también es una salvaguarda para prevenir el uso fraudulento de determinadas organizaciones.

Las acusaciones populares deben presentar una querella, aunque una vez iniciado el procedimiento esto deja de ser necesario. De hecho, no todas lo han hecho. Fuentes judiciales apuntan ya a la conveniencia de unificar las acciones populares en un intento por dotar de mayor agilidad a la causa. Esta medida se adoptó, por ejemplo, en el caso de Mónica Oltra. La medida puede agilizar la tramitación, una circunstancia que no es baladí en un asunto como este. Un primer grupo de acusaciones populares lo forman los partidos políticos con representación parlamentaria. Aquí aparecen Podemos, Compromis, PSPV, Vox y Ciudadanos.

Los 'morados' fueron los primeros en personarse, hecho que les podría beneficiar en el supuesto de que se produjera una acumulación de todas las representaciones. Apuntan a la responsabilidad directa de la Generalitat, una tesis en la que se mueve también Compromís -en un principio abrió la puerta a exigir también el Gobierno central.

El PSPV se personó con su despacho de cabecera, el que lleva todos los asuntos. El mismo que ejerció la acusación contra Francisco Camps en los procedimientos abiertos con la Fórmula 1. Pero en este caso se produce, además, un hecho ciertamente incomprensible. El PSOE ha impulsado una reforma para prohibir las acusaciones populares, pero en la delegación valenciana parece que no acatan esa directriz y consideran imprescindible sumarse a la causa de la dana. En los últimos diez años, además, han sido parte activa en numerosas causas de corrupción.

Vox, habitual en todas las causas con eco político, pretende la imputación de responsables gubernamentales. La dirección la ejerce la abogada del partido para estos menesteres, Marta de Castro.

El efecto sorpresa llegó con Ciudadanos, un partido al borde de la desaparición que 'revivió' con la llegada de esta investigación. En el trasfondo de esta acusación subyace un cierto afán de venganza. Emilio Argüeso fue el coordinador de Ciudadanos en la Comunitat y artífice principal de la fuga de cargos del partido naranja hacia los populares. La reaparición de Cs no se puede desligar de este factor, aunque se ignora si ha sido determinante.

Al margen de los partidos políticos 'tradicionales' aparecen otras formaciones en la causa de la dana. Manos Limpias, frecuente acusación en sumarios de corrupción, ha anunciado su intención de personarse. Lo hizo el pasado viernes, pero todavía no se ha materializado. Fueron los primeros en querellarse contra dirigentes gubernamentales, pero el juez, un juzgado diferente al actual, lo archivó.

También se encuentra personada la entidad Liberum, una organización nacida durante la pandemia para defender los derechos fundamentales, según explicaron desde la organización.

La causa de la dana ha permitido conocer al partido Valores. Una formación de clara sensibilidad conservadora, basada en el humanismo cristiano, una corriente que se encuentra ya en el PP. Tampoco han tenido hasta la fecha un gran papel en esta instrucción.

Existen incluso entidades que se han creado precisamente como una excusa para la personación en la investigación. Se trata, por ejemplo de Mai Mes, que no han tenido problemas en conseguir los 6.000 euros que se necesitan para ser acusación popular. La plataforma ciudadana está vinculada a movimientos de izquierda, aunque critican tanto la posición de la Generalitat como la del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los sindicatos suelen hacer acto de presencia en sumarios de corrupción. En este caso aparece Intersindical, vinculado tradicionalmente a la coalición de Compromís, o una federación de la CGT, tradicional sindicato de extrema izquierda.

Una causa de esta naturaleza permite también algunas notas extrañas, como la de Raúl Castañeda. El abogado que vende cursos en internet en los que asegura las claves para alcanzar el éxito empresarial. Es aquí donde más evidente resulta el afán de notoriedad. Como anécdota, conviene recordar que llegó a montar un equipo de motociclismo, aventura que terminó debido a los graves problemas económicos. En este convulso escenario, sólo faltaría ver al PP personado en esta causa