El embudo del caso Azud, ocho años de investigación con un incierto final

La causa pivota fundamentalmente sobre cuatro asuntos, la trama de los colegios, las supuestas comisiones que cobró José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, de grandes contratistas del Ayuntamiento, los negocios urbanísticos de Jaime Febrer -al margen de los colegios- y una presunta financiación ilegal del PSPV, con Pepe Cataluña a la cabeza que camina hacia el sobreseimiento por la prescripción.

En este escenario, el juez -son ya varios los magistrados que han pasado por el juzgado tras la ausencia de la titular que comenzó las diligencias- ha pedido a las partes que se pronuncien ante una eventual prórroga de la investigación.

Una de las defensas ya se ha pronunciado, tal y como era previsible, en contra. Por ejemplo, recuerda que desde que declaró como investigado en junio de 2022, no se ha practicado ninguna prueba ni por parte de la Fiscalía ni por las acusaciones populares. El papel del PP, sorpresiva acusación popular porque el caso afecta a exdirigentes de la propia formación, ha sido poco activo por no decir nulo en todo este proceso.

El investigado subraya que la causa comenzó desde el año 2017, esto es ocho años. «La consideración de que se trata de un procedimiento complejo podía ser motivo y justificación en el periodo inicial, pero no ya ahora», señala el escrito del investigado.

En el mismo sentido, recuerda que una instrucción debe limitarse al hecho de encontrar unos indicios delictivos. Se trata de una «actividad minima» para recabar lo estrictamente necesario, «los mínimos indicios racionales de criminalidad». En esta apartado aprovecha para la siguiente reflexión: «Si tanto el Ministerio Fiscal como la instructora tienen clara que existe una presunta posible responsabilidad penal, lo que se colige de la contestación a las diferentes peticiones de prueba aclaraciones y recursos, es porque efectivamente ya deben de existir esos indicios y no hay que esperar a llenar el proceso con más y más prueba. Todo esto, según el escrito de la defensa, desvía la »finalidad de la instrucción«.

Los hechos están cercanos a la prescripción. Se trata de actuaciones a mediados de la década de los 2000 y este es un argumento que, sin duda, utilizarán las defensas para reclamar el sobreseimiento o ya en el juicio. Además, la Audiencia ha dado la razón a uno de los empresarios investigados en la supuesta financiación ilegal del PSPV en las elecciones de 2006 y 2007 al considerar que esas actuaciones -el pago de material de propaganda para el PSPV- estaban prescritas.

La investigación supone un cuestionamiento parcial del legado de Rita Barberá. Nadie discute el desarrollo de la capital y la relevancia de su figura política. Pero en el periodo de grandes mayorías de los populares, la investigación desvela el papel de su cuñado, una especie de vía de contacto en el Consistorio para los grandes contratistas de Valencia. Esta estrecha relación con la Administración le permitía al letrado cobrar unas generosas cantidades desde diferentes empresas. El caso más llamativo fue el de Acciona donde recibió cerca de dos millones de euros por un trabajo, hasta el momento, ficticio o, en el mejor de los casos, desconocido.

La parte más avanzada parece ser la trama de los colegios. Se trata de la cesión de unas parcelas a un grupo empresarial a cambio de que estos pagaran una deuda del Ayuntamiento con unas congregaciones religiosas. Esta deuda se había generado a raíz de una sentencias del Tribunal Supremo.