La Fiscalía no ve delito en que Vox pida datos de ayudas públicas a colectivos LGTBI

José María Llanos y Ana Vega, en sus escaños de Les Corts./EP
José María Llanos y Ana Vega, en sus escaños de Les Corts. / EP

Morera propondrá a la Mesa tramitar la solicitud con el decreto del ministerio público para que el Consell lo tenga en cuenta al contestar

S. P.Valencia

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana no ve indicios de delito de odio en la petición registrada por el grupo parlamentario Vox en Les Corts en la que solicitaba un listado de información de subvenciones percibidas por organizaciones relacionadas con colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana. El ministerio público contestó así ayer a la solicitud de criterio, pedida por el presidente de la Cámara, Enric Morera. Sin embargo, la Fiscalía sí considera que la petición de Vox, al estar referida «exclusivamente» a ese colectivo, «puede constituir una forma de discriminación».

El 4 de julio la Mesa de Les Corts acordó poner la petición del partido de la derecha populista en conocimiento de la Fiscalía antes de acordar o no su remisión al Consell, quien debe responder a esa solicitud con la información reclamada. Pero la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, respondió ayer a la Cámara que si bien no aprecia delitos recogidos en el Código Pena, sí se debería tener en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, en el sentido de subrayar que la contestación a esa reclamación de información «podría suponer desvelar la orientación e identidad sexual de los afectados, lo que podría implicar una intromisión en su intimidad».

Gisbert, al no ver indicios de delito, archiva el expediente abierto, y lo comunica al presidente de la Cámara autonómica, Enric Morera, a los efectos oportunos. Después de la contestación de la consulta hecha por la Mesa a la Fiscalía, y una vez recibido el decreto con la respuesta, Morera propondrá a la Mesa la tramitación de la petición, adjuntando el documento del Ministerio Fiscal para que el Consell lo tenga en cuenta a la hora de efectuar la contestación para no incurrir en discriminación ni en la revelación de datos íntimos.

Pero, en su momento, desde la Presidencia de Les Corts, se entendió que la referencia genérica al colectivo así como la información «detallada» con relación a los perceptores de subvenciones, «personas que han impartido estas actividades con menores», «antecedentes penales», «acreditación de formación o preparación» o «criterio para el nombramiento», podría contravenir la legalidad, así que tras consultar a la Mesa de la Cámara, lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía antes de acordar o no la remisión al Consell de la solicitud de documentación.

En su decreto, fechado ayer, Fiscalía repasa la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal; el artículo 14 de la Constitución Española sobre igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el artículo 9.1 de la LO 3/2018 de Protección de Datos y los artículos 12 y 157 del Reglamento de Les Corts sobre el cumplimiento de las funciones parlamentarias de los diputados, según Europa Press.

Asimismo, cita los artículos 7 y 144 de la Ley 8/2017 integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat y el 1, 4 y 5 de la Ley 23/2018 de Igualdad de las personas LGTBI. Con todo ello, concluye que los hechos comunicados por Morera no presentan indicios de la posible comisión de un hecho delictivo, por lo que no procede a abrir diligencias de investigación penal, pero sí apunta a que la petición puede ser una «forma de discriminación» e implicar una intromisión en la intimidad de los afectados.

Vox asegura que también pedirán al Consell información sobre las ayudas a colectivos feministas, igual que hicieron con las entidades LGTBI, con el objetivo de comprobar el destino de las subvenciones otorgadas. Su portavoz, Ana Vega, acusó ayer al presidente de Les Corts de haber hecho «un uso partidista de las instituciones judiciales» y le recordó que su partido también pidió en su día datos «sólo de profesores de religión».