Compromís pidió a Les Corts listas con datos personales como las de Vox

La portavoz del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra. /EFE/ANA ESCOBAR
La portavoz del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra. / EFE/ANA ESCOBAR

Oltra solicitó en 2014 las nóminas de los más de 1.500 profesores de Religión y la Cámara presidida entonces por el PP tramitó la iniciativa

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

Enric Morera anunció el pasado lunes su decisión de que Les Corts no tramitara una iniciativa de Vox que solicitaba información sobre colectivos LGTBI, así como de enviarla a la Fiscalía por si ésta consideraba que la propuesta podía ser susceptible de considerarse como un delito de odio. El presidente de la Cámara trasladó su decisión a los miembros de la Mesa que vinieron a respaldar la propuesta, aunque el PP consideró que quizá hubiera sido conveniente mantener una conversación previa con el grupo proponente.

Vox solicitaba información de las subvenciones y ayudas facilitadas por la administración autonómica a los colectivos LGTBI, así como información sobre las personas de estos colectivos que hubieran participado en actividades con menores. Morera, que antes de la Mesa mantuvo una reunión con los representantes de PSPV y Podemos en ese órgano, decidió frenar la iniciativa. Teóricamente, la decisión del presidente de la Cámara vino a situarle en la punta de lanza de la lucha contra actitudes que pudieran ser constitutivas de algún tipo de discriminación a determinados colectivos.

Esa es la teoría. La práctica dice que hace algo menos de cinco años la líder de Compromís, y ahora vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, presentó una serie de iniciativas en el Parlamento que, como mínimo, se asemejan –si no superan- la búsqueda de datos de carácter personal de un colectivo de personas.

1.500 profesores

Las propuestas son de noviembre de 2014. La entonces portavoz de la coalición nacionalista –todavía en la oposición– presentó en Les Corts algunas solicitudes de información relativas a los profesores de religión. Algunas de ellas más globales, como las relativas al número de educadores que se dedicaban a impartir esta asignatura así como la identificación de los colegios en los que lo hacían, cuántos tenían horario a jornada completa y cuántos a parcial. Otras mucho más concretas como la de solicitar 'Copia de las nóminas de la totalidad del profesorado de religión retribuido a cargo de la Conselleria'. La propuesta significaba, evidentemente, no sólo conocer los datos personales de todos estos profesores –,más de 1.500, según las estimaciones que se hicieron entonces–, sino también disponer información detallada de su sueldo, de sus retenciones... en definitiva, de la información que aparece en la nómina de cualquier empleado. La propuesta, como no podía ser de otra forma, aludía a que se garantizaba «el derecho de reserva respecto de los datos de carácter personal». Les Corts, presidida en aquel momento por Juan Cotino, tramitó la propuesta que llegó a la conselleria de Educación que ya dirigía María José Catalá. La dirigente popular solicitó un informe a la Agencia de Protección de Datos, dada la constatación de que lo que se solicitaba eran datos de carácter personal que, aparentemente, podían sobrepasar con mucho la información que pudiera necesitar un parlamentario. El informe no llegó antes de que finalizara la legislatura.

La petición de Oltra, es verdad, respondía a una sospecha que acabó derivando en una investigación judicial, la que afectó a una veintena de profesores de religión que percibía una remuneración por dar unas clases aunque, en realidad, prestaban su servicio en distintas diócesis. A eso, y a un momento político en el que la oposición, y Oltra en particular, había logrado distintas sentencias judiciales contra el Gobierno valenciano por la negativa de este a facilitar documentación a los grupos de la oposición.

Tramitación

En todo caso, Les Corts presidida por el PPCV no tuvo ningún problema en tramitar las iniciativas de la líder de Compromís -continuadas después por la también diputada Isaura Navarro- para que fuera la conselleria de Educación la que se pronunciara. El criterio empleado entonces fue el de entender que la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión debían de prevalecer sobre otros fundamentos a la hora de actuar desde la Cámara.

Morera ha optado ahora por frenar la iniciativa de Vox, por si supone «comenzar una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de orientación sexual y afectiva protegida constitucionalmente».