La jueza envía a la cárcel al cuñado de Rita Barberá y deja libre a su colaborador

Los dos únicos arrestados por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de un papel de intermediario en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia. El fiscal Anticorrupción solicitó la prisión como medida cautelar para el familiar de la dirigente del PP. Y la jueza la acordó. La prisión provisional únicamente se puede solicitar y -decretar, claro- si concurre alguna de las siguientes circunstancias: el riesgo de fuga, la posibilidad de seguir delinquiendo o la capacidad de que los investigados destruyan pruebas para dificultar la labor de los investigadores.

En principio, el perfil de Corbín, de cierta edad y con familia, no parece propicio para emprender una hipotética fuga a un país sin convenio de extradición. Tampoco se antoja como probable que pueda seguir cobrando comisiones porque la realidad es que a día de hoy ningún familiar suyo ocupa un puesto en la Administración pública. Su hija, antes de que estallara esta operación, sí sonaba como futurible en las listas de Vox.

Su colaborador en el ámbito profesional, el letrado Diego Elum, representado por Vicente Monzó, en cambio, quedó en libertad. El amigo de Corbín optó por declarar ante la instructora, algo que no suele ser habitual cuando la causa está bajo secreto. La jueza únicamente le ha retirado el pasaporte y le obliga a comparecer periódicamente en el juzgado.

Mientras se producían las dos comparecencias judiciales, en paralelo, en el cuartel de la Guardia Civil se citaba a algunos de los investigados en la trama, fundamentalmente los empresarios. Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, Carlos Turró, el dueño de la constructora Cleop, figura una vez más como protagonista secundario de una trama de corrupción. De igual modo, la mercantil Secopsa también se ha visto señalada por esta minuciosa investigación de la UCO. La firma realiza diferentes funciones de mantenimiento, así como derribos reformas y rehabilitaciones tanto en el sector público como en el privado, y es una de las principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. Se encarga del mantenimiento y limpieza de todos los edificios públicos y también participa en el contrato de limpieza y recogida de basura.

El máximo dirigente de la sociedad, Vicente Prieto, por su parte, también acudió a declarar como investigado a la citada Comandancia. A los pocos minutos, su letrado y el industrial abandonaron las dependencias policiales sin hacer declaraciones. El escaso lapso de tiempo transcurrido, junto con el hecho de que la causa esté secreta y no se conozcan en profundidad las pesquisas, invita a pensar que se acogió a su derecho a no declarar. Algo más que habitual en este tipo de diligencias y sobre todo cuando se interroga en sede policial.

Ambas empresas, lejos de desligarse del estigma de la corrupción, siguen apareciendo como denominador común de casi cualquier trama de malversación ligada a las siglas del PP. Especialmente grave, por la repetición de asuntos, es el caso de Cleop, aunque Secopsa ya había aparecido en los papeles que recogen los indicios de financiación ilegal del PP durante las campañas de Barberá en los comicios de 2007 y 2011.

La mercantil de Carlos Turró se ha visto señalada en la operación que desde el pasado martes desarrolla la UCO. El entramado alrededor de la familia Corbín -el abogado, sus tres hijas y su mujer, Asunción Barberá, jefa de gabinete de la alcaldesa de Valencia se encuentran entre los imputados- no está vinculada de manera directa al resto de las piezas derivadas del caso Imelsa o Taula, pero sí comparten algunos de los protagonistas.

El supuesto cobro de comisiones por las adjudicaciones públicas en el Ayuntamiento de Valencia era un 'negocio' que circulaba en paralelo al resto de actividades delictivas, pero se nutría de las mismas mercantiles. Agentes de la UCO se desplazaron estos días a las dependencias en busca de documentación que permita aclarar los hechos. Al parecer, también han tomado declaración a testigos de la firma.

Hubo más diligencias policiales. Acciona, empresa que logró la contrata de mantenimiento de las alcantarillas de Valencia, más de ocho millones, también aparece en este sumario. Los guardias civiles acudieron el martes a la Central Operativa de Saneamiento (COS) del Ayuntamiento para reclamar documentación de la compañía.

La causa está abierta por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias , aunque será el avance de las pesquisas lo que permita determinar con exactitud los delitos por los que se acusa a cada uno de los investigados.

El fraude se eleva a varios millones de euros y se enmarca en la última etapa de la alcaldesa, aunque esto no significa que antes no se produjera la misma mecánica sino que los hechos estarían prescritos. Hasta la fecha, el letrado Corbín dirigía de la defensa de la exsecretaria del PP Maria Carmen García Fuster, quien supuestamente se encargaba de controlar la caja B de la formación local.