Cleop, investigada por la caja B del PP, también salpicada en el caso Corbín

Un vehículo con los detenidos entra en la Comandancia de Patraix. / LP
Un vehículo con los detenidos entra en la Comandancia de Patraix. / LP

El despacho del cuñado de Rita Barberá se hundió y pasó de facturar casi 300.000 euros a tan sólo 25.000

A. RALLO

La constructora Cleop, lejos de desligarse del estigma de la corrupción, sigue apareciendo como denominador común de casi cualquier trama de malversación ligada a las siglas del PP. La mercantil de Carlos Turró también se ha visto señalada en la operación que desde el pasado martes desarrolla la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El entramado alrededor de la familia Corbín - el abogado, sus tres hijas y su mujer, Asunción Barberá, jefa de gabinete de la alcaldesa de Valencia se encuentran entre los imputados- no está vinculada de manera directa al resto de las piezas derivadas del caso Imelsa o Taula, pero sí comparten algunos de los protagonistas.

El supuesto cobro de comisiones por las adjudicaciones públicas en el Ayuntamiento de Valencia era un 'negocio' que circulaba en paralelo al resto de actividades delictivas, pero se nutría de las mismas mercantiles. Así, la empresa Cleop, investigada por el pago de comisiones con las que presuntamente se pudo financiar la campaña del PP de Valencia y la trama alrededor de Alfonso Rus, vuelve a ser señalada como una firma que pagó comisiones al cuñado de Barberá, según informaron fuentes de la investigación. Agentes de la UCO se han desplazado a las dependencias en busca de documentación que permita aclarar los hechos. Al parecer, también han tomado declaración a testigos de la firma. Hubo más diligencias policiales. Acciona, empresa que logró la contrata de mantenimiento de las alcantarillas de Valencia, más de ocho millones, también aparece en este sumario. Los guardias civiles acudieron el martes a la Central Operativa de Saneamiento (COS) del Ayuntamiento para reclamar documentación de la compañía.

Las cuentas de la sociedad Corbín, por otra parte, muestran el hundimiento de la cifra de negocio durante las últimos ejercicios. Llama poderosamente la atención un repaso superficial a los balances del despacho, ubicado en Grabador Esteve. Así, el despacho tuvo una facturación de 285.000 euros en 2011 -año electoral en el que el PP obtuvo la mayoría absoluta- y otros 239.000 euros el año anterior. Son números que tampoco sorprenden para un despacho de abogados con una cartera de clientes aceptable. Lo que activa el foco de las sospechas no es el montante sino la brutal caída en la facturación hasta los 25.000 euros del último ejercicio disponible. LAS PROVINCIAS contactó ayer con la familia Corbín, que declinó hacer declaraciones.

El rosario de imputaciones de Carlos Turró en los asuntos derivados de la corrupción da casi para el guión de una película. Su empresa, una mercantil que en los años de bonanza alcanzaba los 100 millones de facturación, aparece en el sumario como una de las empresas que dio dinero al recaudador del PP Marcos Benavent tras obtener la restauración de las Torres de Quart. Esta pieza judicial, un asunto que parte de las grabaciones del exgerente de Imelsa, se encuentra en punto muerto. El fiscal pidió ampliar unas periciales y no se ha resuelto al respecto. Los informes que constan en la causa no terminan de certificar el amaño de los concursos en el Ayuntamiento.

La mercantil capitaneada por Turró aparece también en los sobrecostes por la construcción de colegios a cargo de Ciegsa y en el supuesto pago de comisiones a cambio de construir un geriátrico en Xàtiva. El empresario, que ya ha declarado en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia por algunas de estas incriminaciones, siempre ha negado las acusaciones, aunque admitió en su día reuniones con Benavent. No sólo es protagonista en la corrupción doméstica. Su empresa también ha aparecido en el sumario del caso Lezo, con el expresidente de la comunidad de Madrid investigado, Ignacio González.

La base del negocio del grupo Cleop es la construcción, especialmente de obra pública. Sin embargo, antes de la crisis se especializó en la captación de concesiones y servicios públicos. Así es como creó una red de filiales en ámbitos tan dispares como las residencias y centros día para la tercera edad con Gerocleop, así como servicios en general con Servicleop y trabajos de ingeniería con Aricleop. Igualmente, entró en la promoción inmobiliaria con Inmocleop y con una participación en la empresa de la familia Pastor, el grupo Urbe.

Por esta última, mantiene un litigio por el control de la sociedad que dura ya una década y que llevó a las hermanas Pastor a comprar la deuda de su enemigo para ejecutarla y forzar el hundimiento de la compañía que está pendiente del visto bueno judicial.