Alaya imputa al exsecretario general de UGT-A por las ayudas a Altadis

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha acordado la imputación en el caso de otras 16 personas, entre ellos el ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla, el responsable de Acción Sindical de CC OO en Sevilla, Francisco Figueroa, y otros sindicalistas.

La juez Alaya, en un auto, analiza las ayudas a las empresas Altadis y A-Novo Comlink y concluye que en la primera de ellas hubo al menos 15 irregularidades que supusieron un "cheque en blanco contra los fondos andaluces" y en la segunda, con unas ayudas gestadas en una reunión encabezada por el presidente de la Junta, siguió el "sangrado continuo de fondos públicos".

La juez acuerda un calendario de declaraciones entre el 14 y el 18 de julio que incluye a los líderes de UGT y CC OO que firmaron en diciembre de 2004 el compromiso de pago de la Junta a Altadis, entre ellos Francisco Fernández Sevilla, que entonces era miembro de la dirección andaluza de UGT y posteriormente fue secretario general, y su compañera de sindicato Blanca Uruñuela, que comparecerán el día 15. También declarará el 16 de julio Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CC OO en Sevilla, y José Luis Relea, exresponsable de Recursos Humanos de Altadis , y el día anterior en sindicalista de CC OO Antonio Perianes. La juez decreta la citación como responsables subsidiarios de sus respectivos sindicatos, así como de Altadis y la matriz de A-Novo.

Otro hijo de Ruiz-Mateos imputado

El calendario incluye a Alfonso Ruiz-Mateos, sexto hijo del dueño de Nueva Rumasa que es imputado en la causa, en este caso por las ayudas a Dhul; el exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, para acordar las medidas civiles contra él, y dos presuntos testaferros de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago por las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.

La juez vuelve a imputar por estas subvenciones a exaltos cargos ya acusados como los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En Altadis, la juez enumera 15 irregularidades en los 26 millones de euros comprometidos por la Junta como el hecho de que las ayudas no fueron sometidas a fiscalización de la Intervención, no se hizo "ningún seguimiento", y no consta la aplicación de "criterios de publicidad, concurrencia y objetividad", todo ello "sin el mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".

A-Novo Comlink

Sobre la malagueña A-Novo Comlink, dice el auto que las líneas básicas para su plan de viabilidad se acordaron en mayo de 2004 en una reunión en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la presidencia de la Junta, con asistencia del presidente -que entonces era el preimputado Manuel Chaves- pero, al igual que en Altadis, las ayudas "provocarían un sangrado continuo de los fondos públicos".

En este caso hubo un "dispendio in crescendo de los fondos públicos" cuyo "colofón" fueron las ayudas comprometidas para Manuel Jiménez de Miguel "por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla" pues no prestó "servicios efectivos" para la compañía y pese a ello se garantizó una suma de entre 2.159 y 9.221 euros al mes entre 2008 y 2017, añade el auto.

Alaya, a la vez, rechaza la petición de la Junta, personada como acusación, de imputar al empresario Alfonso Seoane, que ocupó varios cargos en la Expo92 y recientemente fue asesor del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), pues "en este caso su participación se habría limitado a ostentar cargos en las sociedades" de Rosendo y Sayago.

De la misma manera, "en el momento actual no se deducen indicios de la participación" de María José Cervantes (PSOE), exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) en las ayudas a la empresa Aglomerados Morell.

Alaya, que en recientes autos ha anunciado el fin próximo de la instrucción, aprovecha este auto para acordar diversas declaraciones que quedaron pendientes en años anteriores como las de responsables de la Asociación de Limpieza Pública (Aselip) de Granada y de dos jefes de Inversiones y de Créditos de Caja Rural de Granada por su intervención en las ayudas a Dhul.