Salvar a Baño... y a E. Ortiz

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, es un echado para adelante, pero no sé yo si esta vez se arrepentirá de haber paralizado unas obras ... que están llamadas a reportar un apetecible rendimiento anual de 480.000 € a Enrique Ortiz. Por si no lo recuerdan, el constructor fue condenado por financiación ilegal del PP aunque también empleó en su día al hoy Síndic de Greuges y anteriormente consejero de Lerma, Ángel Luna, cuando el PSPV perdió la alcaldía alicantina. Tres presidentes, el de la Generalidad, el de la Diputación y el del puerto, lugar donde se encuentra el antiguo cine alquilado ahora a Ortiz, ya le han dado a entender a Barcala de la manera más descarada del mundo que el cuarto traslado de la Cámara de Comercio cuenta con su anuencia. Carlos Mazón entonó el Santa Rita, Rita, lo que se da ya no se quita. ¿Aunque se emplee en la reforma de locales de Ortiz? O precisamente por ello. Y si es Baño, apremiado a abandonar el edificio que ocupa en la actualidad y al mismo tiempo soliviantado por el decreto de derribo que pesa sobre la planta que construyó ilegalmente, ordenó al Ayuntamiento el desalojo, hala y hala, de las dependencias que tiene en el antiguo hotel Palas, único inmueble que la cámara posee en propiedad. Ni que decir tiene que gracias a las millonadas que el Consell endosa con frecuencia a tinglados que no se lo merecen. Extemporánea reacción en la que participó Toni Pérez como colaborador necesario, fíjense hasta qué punto se están perdiendo las formas y los papeles en esta operación. Al presidente de la Diputación le tocó fingir interés en adquirir el viejo Palas, un edificio que maldita la falta que le hace. Con razón alegaba esta pasada semana el también regidor de Benidorm que no entendía «qué relevancia tiene para la lucha contra la corrupción» conocer qué cobra como alcalde. Los caminos del Señor son inescrutables. Sólo la autoridad portuaria, que empezó emulando a Pilatos, acabó admitiendo que la competencia urbanística es municipal tras corregirse parcialmente la vista gorda sufría. Hemos tenido que esperar tres años para entender qué quiso expresar Baño cuando en plena campaña para desalojar a Juan V. Riera de la presidencia de la Cámara le acusó de alquilar a «un ruso una sede incómoda», el tercer traslado de los que ha sufrido esta supuesta entidad de derecho público; la de Valencia se conformó con dos. Un reproche que visto desde la magnífica perspectiva actual cobra su verdadero significado: ¿Para qué le estamos haciendo el caldo gordo a un oligarca exsoviético teniendo aquí a Enrique Ortiz, que es uno de los nuestros y precisa rentabilizar lo que prometía ser una generosa concesión del Estado hasta 2043?