Hacienda vigilará tus pagos con tarjeta si gastas esta cantidad en 2026

Los pagos en efectivo cada vez son menos frecuentes y son muchos quienes ya pasan muy de vez en cuando por el cajero, aunque siempre es recomendable llegar algo de 'suelto' en la cartera. No todos los establecimientos ofrecen pago con datáfono y otros pueden solicitar un importe mínimo para ello, por lo que conviene tener algún que otro billete en la cartera para poder realizar nuestras transacciones.

No obstante, está claro que los pagos contacless son cada vez más habituales gracias a la comodidad y rapidez que ofrecen, una tendencia que facilita la labor de la Agencia Tributaria a la hora de controlar nuestras operaciones. Un objetivo para el que cuenta con la ayuda de los bancos, que están obligados a informar a Hacienda si detectan ciertos movimientos que pueden ser sospechosos de estar vinculados a la economía sumergida.

Una vigilancia que Hacienda incrementará a partir del próximo 1 de enero de 2026, con el fin de cercar más su control sobre los movimientos de dinero sin declarar. A partir de esa fecha, la Agencia Tributaria reforzará su control sobre los pagos con tarjeta que realicen los ciudadanos particulares cuando estos superen los 25.000 euros anuales.

Una medida que, según ha informaba la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), implica que las entidades bancarias deberán comunicar a Hacienda todos los movimientos de particulares hechos con tarjetas cuyo importe total supere tal cantidad durante el año. La regla contempla tanto los cobros realizados en establecimientos físicos como en plataformas online, además de las transacciones a través de Bizum y otros medios de pago móviles e independientemente de si la tarjeta es de crédito, débito, prepago o virtual.

Con este cambio, la Agencia Triutaria recrudece su sistema de control de cara al próximo ejercicio, en el que podrá tener un seguimiento más completo y al detalle de los movimientos económicos de los ciudadanos contribuyentes. De esta forma, Hacienda tratará de evitar irregularidades fiscales y podría poner en su ojo de mira a los particulares que gasten más de 25.000 euros anuales para revisar en profundidad sus ingresos y transacciones.