Enrique Ortiz traslada a sus hijos la administración del grupo empresarial
El constructor alicantino, condenado por el caso Gürtel, reparte la responsabilidad de Cívica, Tizor y Gestizor
A. M.
Viernes, 29 de marzo 2019, 01:12
El empresario alicantino Enrique Ortíz ha repartido los poderes en sus empresas entre sus hijos Laura y Enrique Ortiz Carratalá. Según recoge el Boletín del Registro Mercantil (Borme), el promotor condenado en el caso Gürtel y vinculado al de Brugal, cesa como administrador único de las sociedades que ahora se han convertido en punta de lanza de su actividad empresarial.
Se trata de Cívica Fomento Inmobiliaria, Tizor Hormigones y Asfaltos, y Gestizor. En todos los casos, la gestión ha pasado de estar en manos de un administrador único a ser asunto de dos administradores mancomunados, los dos miembros de la siguiente generación.
Entre acusaciones de corrupción por sus relaciones con el Ayuntamiento de Alicante, el año 2007 el empresario decidió cambiar el nombre de Grupo Ortiz por el de Grupo Cívica, que agrupa a unas 50 sociedades que desarrollan actividad en la construcción, gestión de suelo, promoción inmobiliaria, servicios, concesiones (explotación de centros comerciales, de aparcamientos subterráneos y de autovías), geriátricos y actividades de mantenimiento y limpieza de edificios.
Este paso del mando, que se irá reproduciendo en el resto de sociedades del grupo en las próximas fechas, es el tercero en la compañía, fundada en 1930 por Tomás Ortiz Cerdá, abuelo del hasta ahora responsable. Esto no significa una desvinculación de la propiedad, que conserva. Igualmente, fuentes jurídicas apuntan que, si fuera condenado como responsable civil en alguno de los pleitos en los que está inmerso, seguiría teniendo que responder con su patrimonio, que incluye estas propiedades.
Sobre el empresario únicamente pesa una condena por el caso Gürtel a 15 meses, tras una rebaja por haber confesado a la fiscalía el pago en la financiación irregular del PP. A esto hay que sumar dos absoluciones y dos casos aún abiertos: el del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y las irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.