El Síndic exige a Educación que acelere la retirada del amianto de los colegios

Vicent Marzà, conseller de Educación /LP
Vicent Marzà, conseller de Educación / LP

El Defensor del Pueblo pide que los centros sean informados de la tramitación de las obras y que se elabore un plan «racional y realista»

JOAQUÍN BATISTAVALENCIA.

El Síndic de Greuges ha exigido a la Conselleria de Educación que acelere al máximo las obras para retirar los elementos de amianto que permanecen en los centros públicos, tal y como se desprende de dos resoluciones idénticas datadas a mediados de junio y a las que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. Además, afea al departamento que dirige Vicent Marzà que no le haya facilitado información sobre el estado de las intervenciones previstas pese a sus requerimientos.

Uno de los expedientes fue iniciado por el Defensor del Pueblo a raíz de una queja promovida por vecinos de Alicante en relación a las actuaciones programadas en diferentes centros de la ciudad. Y la otra tiene que ver con los expedientes de oficio que impulsó la institución a raíz de las reclamaciones trasladadas desde diferentes comunidades educativas, que, según explica, continúan llegando.

Tras la primera contestación de la conselleria, que incluía un listado de actuaciones impulsadas, el Síndic le requirió que en el plazo de tres meses remitiera un informe sobre el estado de las pendientes y que se actualizara posteriormente, al cabo de cinco meses. Sin embargo, no obtuvo más información.

El fibrocemento es un material prohibido actualmente y es muy tóxico si se degrada

El Síndic expone en sus escritos que «es clara, salvo que se pruebe lo contrario, la existencia a día de hoy de centros docentes públicos que aún tienen elementos de fibrocemento», y añade que este material, prohibido en España desde 2002, puede provocar problemas de salud ante la elevada toxicidad de las fibras de amianto , que pueden desprenderse en caso de desgaste de los elementos o rotura accidental. El ejemplo más habitual es el conocido tejado de uralita, aunque también ha estado presente en canalizaciones o depósitos.

Además, recuerda que debe primarse la seguridad de los alumnos y del resto de profesionales del centro, cautela que «pasa por la retirada de cubiertas y otros elementos ubicados en los edificios». También insiste en que la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental que debe impartirse en las condiciones adecuadas.

«Por todo lo expuesto, consideramos que se debería proceder por parte de la administración educativa a agilizar al máximo y a realizar un seguimiento continuo de los trámites que resten para concluir con el inicio de las obras de eliminación del amianto en los centros docentes públicos», señala el Síndic, que concreta su petición en cinco puntos: realizar una evaluación de riesgo en cada centro afectado, incluyendo el tipo de material y el estado de conservación; elaborar y remitir a la institución «un plan racional y realista de actuaciones para la retirada del amianto, con un calendario de trabajo» y fijando prioridades en función de las necesidades; que se aceleren las obras todo lo posible «incluso estudiándose la posible tramitación por el procedimiento de urgencia»; que se doten presupuestariamente las intervenciones y que «se proporcione información detallada, con una periodicidad trimestral, a los representantes de la comunidad escolar de cada centro afectado y a esta institución sobre los resultados del seguimiento».

Falta de colaboración

Por último, el defensor del pueblo valenciano recuerda a la conselleria su deber legal de colaborar con la institución, en relación a la falta de información. De las dos resoluciones se desprende cierto malestar por esta cuestión, e incluso se advierte a la conselleria de que aceptó colaborar a raíz de los expedientes de oficio iniciados en los últimos años.

Según los últimos datos facilitados a LAS PROVINCIAS por el departamento de Vicent Marzà, durante la pasada legislatura se impulsaron actuaciones para retirar fibrocemento en 143 centros de los 211 que se encontraban pendientes de intervención en 2015. Es decir, había obras por impulsar en 68 escuelas. El compromiso era acometerlas durante estas vacaciones estivales y las de Navidad, pues se requiere personal especializado en su retirada ante la toxicidad de las fibras de amianto y lógicamente no puede haber ni alumnos ni personal en el centro durante la ejecución.

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