Sanitarios de Torrevieja, Vinalopó, Dénia y Alzira y profesionales de radiodiagnóstico protestan contra la empresa pública que prevé Sanidad para las reversiones

En el caso de los sanitarios de Alzira, primer departamento bajo el modelo de concesión en pasar a manos del Consell, la participación en las protesta ha venido motivada por el temor a formar parte también de la citada empresa pública, puesto que estos trabajadores fueron asumidos por Sanidad bajo la figura del personal laboral a extinguir.

Las protestas han sido convocadas por los comité de empresa de las áreas de salud de Torrevieja, Vinalopo, Denia y Alzira, y por la Asociación Valenciana de Radiodiagnóstico. Estos últimos defienden a los trabajadores de las resonancias magnéticas, servicio que también será revertido a la gestión pública.

Como ya recogió LAS PROVINCIAS, la conselleria ha impulsado la creación de la denominada Empresa Pública de Salud (EPS) de la Comunitat para, entre otras cuestiones, poder asumir al personal de servicios sanitarios que, en la actualidad, prestan empresas privadas o entidades ajenas a la administración autonómica, como la asistencia farmacéutica a los centros sociosanitarios o la realización de resonancias magnéticas.

Esta fórmula, además, servirá al departamento liderado por Ana Barceló para asumir también a los profesionales de los hospitales regidos bajo la fórmula de concesión –la reversión más próxima es la del hospital de Torrevieja, prevista para octubre, y que ha supuesto un enfrentamiento entre los trabajadores y la conselleria por falta de información proporcionada a la plantilla–.

En concreto, la titular del departamento, Ana Barceló, ha firmado ya la resolución en la que resuelve iniciar el proyecto administrativo para aprobar el Decreto Ley que autorice la creación de la citada empresa pública. En el borrador de la futura normativa se establece que el objeto de la EPS «es la prestación y gestión directa de todos los servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito de gestión de la Generalitat». La documentación, incluso, incluye un informe que justifica la necesidad de la actuación y que supondrá un ahorro con respecto a la situación actual.