Los recortes dejan en el aire las obras en 200 colegios valencianos

La Conselleria de Educación ha dado el visto bueno definitivo al 70% de las obras de mejora en los centros solicitadas por los ayuntamientos a través del Plan Edificant, mientras que el 30% restante -algo más de 200 escuelas- se encuentran todavía en los trámites previos, que deben culminar con la delegación de competencias para que las administraciones locales puedan encargarse de la gestión administrativa de los trabajos, incluyendo la garantía presupuestaria -en muchos casos plurianual- para llevarlos a cabo. Entre estos últimos pueden encontrarse los que se vean afectados por los recortes exigidos por el Gobierno central para que se liberen los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA). Básicamente son intervenciones que no se han comprometido aún, de ahí que sumen puntos para verse afectadas.

Como informó LAS PROVINCIAS, el Plan Económico Financiero (PEF) enviado por el Consell al Ejecutivo en funciones establece que un tercio de los 364,7 millones que deben recortarse del presupuesto provengan de Educación, principalmente del citado plan, aprobado en 2017.

El programa incluye dos fases para los ayuntamientos interesados. La primera es una solicitud de información previa y de adhesión al mismo, con intercambio de información, y la segunda es la petición de delegación de competencias, que debe acompañarse de una memoria técnica que incluya el coste de las intervenciones previstas en las escuelas del municipio en cuestión. Una vez aprobada por la conselleria (y aceptada de nuevo por el ayuntamiento), queda comprometida la financiación correspondiente, pues la clave del plan es que las obras las paga la administración autonómica. Se puede inferir que todas ellas están ya blindadas.

Según los datos facilitados por el secretario autonómico Miguel Soler durante la rueda de prensa de inicio del curso, había unos 200 centros pendientes de que se confirmara la citada delegación. Más recientemente, el día 10 de septiembre, en una entrevista en 7 Televalencia precisó la cifra. Desde la creación de Edificant los municipios habían solicitado actuaciones en 762 escuelas públicas, y ya se habían aprobado las intervenciones en 537, comprometiendo una inversión total de 708,6 millones de euros.

De los datos se desprende que son 225 las intervenciones que están a la espera de la resolución final de la conselleria. No quiere decir que todas vayan a quedarse en stand by por los recortes, pues puede darse el caso de que los cien millones que debe reajustar Educación afecten sólo a una parte de estas o que su financiación se deje para los próximos presupuestos.

Cabe recordar que el programa nació como una vía para agilizar la mejora de las infraestructuras educativas después de que la primera medida, anunciada en enero de 2016, no pudiera sacarse adelante en los plazos previstos ante la cantidad de intervenciones a impulsar desde la conselleria. Pese a que se aumentó el personal técnico del servicio y de la direcciones territoriales, finalmente se optó por la colaboración de los municipios. De manera simple, Edificant se sirve de los servicios técnicos y de contratación de cada ayuntamiento para las obras que les afectan, en lugar de depender sólo de los de la conselleria.

Además, caben intervenciones de todo tipo: desde una nueva construcción -las obras para sustituir cinco de los centros íntegramente en barracones están siendo gestionadas por ayuntamientos- hasta reformas menores relacionadas con la accesibilidad, el aislamiento o la mejora de espacios comunes.

Por su parte, desde el departamento que dirige Vicent Marzà quisieron dejar claro que «no hay ninguna afectación de proyectos en marcha de los presupuestos de 2019. Ni se paralizan, ni se retrasan como consecuencia de la reprogramación presupuestaria que ha pedido Hacienda a la Conselleria de Educación». En el caso de Edificant, en referencia a las actuaciones que ya cuentan con la delegación de competencias, añadieron que en esta se estipula la previsión plurianual de inversión basada en la información facilitada por los municipios, y que esta se «adapta a la realidad de tramitación que está haciendo cada ayuntamiento para asegurar la inversión total y el buen funcionamiento de las obras». Por ejemplo, Educación sabe, a través de la plataforma informática del programa, el grado de cumplimiento de la previsión de inversión, y si es necesario se reasignan en siguientes anualidades las cuantías en caso de que el consistorio asegure que no las va a gastar en lo que queda de año. «Se asegura de esta forma que no se pierden los fondos globales adjudicados para cada actuación», añadieron.

La colaboración entre administraciones es clave para acabar con los centros parcialmente en barracones (más de un centenar) y para cumplir con el objetivo anunciado por Puig de que al final de la legislatura se habrán realizado reformas en la mitad de los centros públicos.