Señalar al disidente

La lista de cosas que, incluso en una democracia, puede legítimamente hacer el Estado con sus ciudadanos es interminable. Mientras que algunas de ellas son en principio buenas -el Estado nos educa, nos protege y nos cura-; otras son bastante menos deseables -el Estado nos moviliza, nos juzga, nos multa-; algunas las tenemos ya asumidas desde tiempo inmemorial -el Estado nos ficha, nos observa y nos fríe a impuestos- y otras en cambio -como que desde la pasada semana el Estado nos vaya a poder mandar al otro barrio con dos firmitas y una inyección- estamos aun lejos de haberlas asumido.

Pero, corríjanme si me equivoco, nunca hasta ahora se había contado entre los atributos el Estado el de poder mofarse de sus ciudadanos. El de ridiculizarnos y someternos a escarnio, y hacerlo además en un foro público, con dinero público y bajo la presidencia de una autoridad pública. Que es exactamente la frontera moral que la Ministra de Igualdad Irene Montero cruzó el otro día con aparente desparpajo al legitimar con su presencia, apoyar con su aplauso, y subvencionar con nuestro dinero la concesión a la escritora Lucía Etxebarría el Premio Ladrillo que le entregó un conocido e hipersubvencionado colectivo de gays y lesbianas en -se dijo- merecido escarmiento por haberse «posicionado entre las personas transexcluyentes».

Diríase que la izquierda, convenientemente subida a la grupa del Gobierno central, de más de la mitad de nuestros gobiernos autonómicos, y de un número incalculable de ayuntamientos y diputaciones ha debido exprimir ya tanto la nómina de amiguetes a los que premiar y subvencionar, que ha decidido empezar a 'premiar' -de aquella manera, claro está: el ladrillo y el escarnio para ti, el dinerete y las risas para nosotras- también a sus enemigos.

Pero desde luego no es la dimensión económica de la cuestión la que más me inquieta. Lo que me inquieta que desde el poder se considere que el señalamiento del adversario constituye una práctica aceptable; que toda una Ministra se crea legitimada para abrir la veda de los ataques individuales y colectivos, particulares e institucionales, directos y anónimos contra una ciudadana con cuyos puntos de vista -perfectamente amparables en la libertad de expresión, y salvo que alguien demuestre lo contrario, enteramente ajenos a cualquier tipo penal- por el solo hecho de no coincidir con los suyos. Lo que me inquieta es que este país, que en las últimas décadas había madurado los suficiente como para dejar de hacer burla de mariquitas, gangosos y gitanos, vaya a hacerla ahora de escritoras disidentes. Y que a su Ministra de Igualdad le haya faltado tiempo para ponerse a la cabeza de esta nueva banda de matonas de patio. Abyecto.