Las farmacias ya alertaron al Consell de la inconstitucionalidad del nuevo modelo

D. G. VALENCIA.

El Colegio de Farmacéuticos de Valencia alertó el pasado mes de octubre a la Conselleria de Sanidad de que su nuevo plan de reparto de medicinas en residencias presentaba varios apartados que podrían ser inconstitucionales. Sin embargo, y pese a contar con el informe jurídico encargado por la institución, el departamento que dirige Carmen Montón hizo oídos sordos y siguió adelante con su proyecto. Pese a las reiteradas peticiones de audiencia, ni Presidencia ni Vicepresidencia tampoco atendieron a los miembros del colegio, según lamentó el presidente de la institución, Jaime Giner.

Y así las cosas, la conselleria se enfrenta ahora a tener que modificar su plan. En concreto, según recordaron desde el Colegio de Farmacéuticos, «el Estado ha registrado ya ante el Tribunal Constitucional el requerimiento enviado a la Generalitat para convocar la comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones e iniciar negociaciones tendentes a la búsqueda de un acuerdo que permita resolver las discrepancias existentes». A juicio de los farmacéuticos valencianos el acuerdo pasa porque la Generalitat asuma el compromiso de modificar el texto legal aprobado a fin de «ajustar su contenido a la Constitución y la normativa básica estatal».

Si no hay acuerdo, desde la institución aseguraron que «el Gobierno interpondrá, previo dictamen del Consejo de Estado, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, que acarreará la suspensión automática de la norma impugnada».

La principal objeción al plan es que ésta se fundamenta en la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias y la obligación de que todas las residencias, tanto públicas como privadas, se integren en un sistema de gestión pública directa. Según el colegio, esta situación «atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias».

Además, Giner apuntó también que, con el cambio, alrededor de 60 profesionales que prestan servicios de farmacia en los cinco grupos de residencias públicas «se irán a la calle al cerrar estos servicios».

 

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