La dependencia acumula casi 14.000 casos sin resolver y dos años de retrasos

Las relaciones entre la sindicatura y la conselleria tensas después de varios rifirrafes entre los dos departamentos con motivo de la gestión de la dependencia.

Los datos están ahí. A principios de marzo había casi 14.000 personas esperando que se resuelva su expediente, menos que el mes anterior pero con la salvedad de que la propia vicepresidenta se comprometió a que en 2022 ya no habría listas de espera. Así lo denuncia la portavoz adjunta del PP, Elena Bastida, que ha vuelto a acusar a Oltra de «no cumplir sus promesas».

El retraso en la concesión de estas ayudas fue una de las principales armas utilizadas por Compromís para atacar la gestión del Partido Popular antes de llegar al Gobierno de la Generalitat. La propia Oltra cargó con dureza contra los dirigentes populares achacándoles los retrasos. Es cierto que las listas de espera han experimentado un fuerte recorte pero también que no se ha cumplido el compromiso adquirido por la vicepresidenta.

Tras casi siete años de la gestión del Botànic, las listas de espera siguen siendo una realidad en la Comunitat como reconoce Eva Guzmán, coordinadora de la Plataforma de la Dependencia que ha admitido lo mucho que se ha avanzado pero que todavía sigue habiendo asignaturas pendientes.

En concreto, Guzmán ha reseñado que la burocracia es aún excesiva. «Piden documentación que ellos ya deben tener y son trámites muy complicados», ha asegurado y ha añadido que muchos técnicos de los ayuntamientos no se implican en adelantar los expedientes. El exceso de burocracia es uno de los motivos por los que el Síndic de Greuges ha criticado la gestión de la Conselleria de Igualdad. Para este «resulta inexcusable concluir que se debe abordar una revisión de los procedimientos de gestión de estas prestaciones».

Desde la conselleria ponen la atención sobre el Grupo GEO que es un equipo de funcionarios especializados en este tipo de trámites que se hacen cargo de los expedientes más complicados. Pero para conseguir que se aprueben el camino sigue siendo muy largo.

Otro de los problemas es que todavía se tarda mucho tiempo en que se reconozca un grado de dependencia. La conselleria prefiere no dar una cifra temporal alegando que no hay un plazo medio pero desde la plataforma se señala que en estos momentos pueden pasar hasta dos años entre que se pide la evaluación y llega la confirmación del grado.

Ya no son los siete u ocho que se tardaba en anteriores legislaturas pero sigue siendo un tiempo extremadamente largo que a veces concluye con el fallecimiento del demandante antes de que se cierre el expediente. En concreto, durante los casi siete años que lleva Oltra al frente del departamento han muerto más de 35.000 personas esperando que finalicen los trámites. Una cifra que el PP eleva hasta casi 40.000 después del fallecimiento de otros 4.408 demandantes mientras se estaba tramitando la ayuda.

Estos datos suponen que en cada año de gestión de Oltra han muerto unas cinco mil personas esperando que se les evalúe y se han quedado sin recibir las ayudas. Desde el departamento de Igualdad se subraya que el número de fallecidos ha ido disminuyendo con los años. Si en 2015 fallecieron algo más de 6.500 personas esperando el reconocimiento, en 2021 han sido algo más de 4.400.

Por otro lado, la conselleria tiene encima de la mesa más de 25.000 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentada por familiares de dependientes fallecidos antes de que se les reconociera uno de los grados.

Para Elena Bastida es una lástima que «la Comunitat Valenciana siga a la cola en concesión de prestaciones a la dependencia de las personas que tienen derecho». La portavoz popular añade que «a la nefasta gestión de los menores se une la poca diligencia en materia de dependencia. No sabemos a que se dedica Oltra, pero desde luego cuando conocemos estos datos tenemos claro que no está en la gestión de sus competencias».

En este contexto se ha producido la dimisión de la directora general del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), Noelia Martí. La renuncia se ha debido a razones personales, según fuentes de la Conselleria de Igualdad. El cese a petición propia se hizo efectivo en la reunión del comité de dirección del pasado martes 29 de marzo.