De la consulta sobre la lengua y los cien mil títulos de valenciano a la reconstrucción
El Consell ya ha sacado adelante sus grandes medidas programáticas. Ahora la prioridad pasa por sanar las heridas de la dana. Las materiales y las emocionales
El programa electoral del PPCV de 2023 sirve de termómetro para medir qué se ha hecho en materia educativa una vez superado el ecuador de ... la legislatura. Dejando de lado medidas técnicas, secundarias o excesivamente optimistas -como ejecutar el plan Edificant de cara al curso 2024-2025, algo imposible con el trabajo que había- se puede inferir que las tres grandes apuestas programáticas están en marcha.
Todas se basan en una misma idea estratégica, desarrollar el concepto popular de libertad: la gratuidad completa en las guarderías -el factor económico ya no es limitante en la educación de cero a tres años-, los cambios en la admisión de alumnos y el distrito único -se eliminó la restricción geográfica en la elección de colegio- y la ley 1/2024, que va mucho más allá de un cambio de modelo lingüístico en las escuelas, que ha favorecido que el peso del castellano y el valenciano gane en equilibrio tras las dos últimas legislaturas botánicas.
Además, ha permitido que la planificación de la oferta de plazas tenga en cuenta las preferencias de las familias manifestadas en la consulta y la admisión -sin llegar a una utópica elección a la carta-, regula que el alumno pueda elegir la lengua oficial para hacer los exámenes o permite conseguir certificados oficiales de Valenciano en reconocimiento a los estudios cursados. Hasta el jueves se habían emitido más de 105.000 en los diferentes niveles que se homologan (del A2 al C1), contando los solicitados por promociones de cursos previos (desde el 2008-2009) como los que emiten los centros directamente (de este ejercicio, y los sucesivos).
Aunque el aterrizaje de José Antonio Rovira fue convulso, con las plantillas de profesores para el 2023-2024 sin completar y un arranque de curso caótico por los problemas en el transporte escolar, el siguiente, el actual, llegó sin sobresaltos, más allá de la oposición sindical a los cambios en las plantillas y la consiguiente judicialización. Pero la gestión rodaba y las medidas programáticas estaban aplicadas (gratuidad y admisión) o aprobadas (la ley). Hasta que llegó el 29 de octubre, que lo cambió todo.
La gran crítica hacia Educación en los últimos meses ha sido la lentitud en las soluciones tras el desastre de la dana. La conselleria siempre ha defendido que antes de las vacaciones de Navidad todo el alumnado afectado estaba de nuevo escolarizado y que ha hecho todo lo posible con los medios a su alcance -como la reposición de material o la creación de nuevas líneas de transporte-, pero han flaqueado los plazos de las reparaciones, lo que ha dilatado la vuelta de muchos alumnos a sus entornos conocidos. Sirve el ejemplo de los barracones para los centros destruidos. Iban a estar tras Semana Santa y sólo llegaron para dos escuelas de ocho. El compromiso -debe ser improrrogable- es que todo esté listo en septiembre.
La reconstrucción debe ser el eje central de lo que queda de legislatura. Tanto en lo material (se prevén tres o cuatro cursos de espera para las comunidades educativas más afectadas) como en lo emocional, pues se calcula que más de un tercio de los jóvenes en la zona cero sufren problemas de salud mental. Las unidades de detección precoz y el plan de bienestar emocional llegan en el momento adecuado.
Además, los trabajos se tendrán que compatibilizar con medidas pendientes -los cambios en Primaria o la financiación universitaria- y con un clima de enorme oposición de parte de la comunidad educativa. Los sindicatos han sido muy críticos con la nueva normativa de plantillas y muchas familias creen que el modelo que defiende el PP representa una falsa libertad.
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