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Manifestación de vehículos contra la ley Celaá organizada el domingo en diferentes ciudades. J. Cebollada / EFE
La ley Celaá reconoce la escasa financiación de los conciertos pese a cuestionar las cuotas

La ley Celaá reconoce la escasa financiación de los conciertos pese a cuestionar las cuotas

La norma insta a actualizar las cuantías públicas que reciben los centros y a tenerlas en cuenta en el aumento de la inversión prevista para los próximos años

Joaquín Batista

Valencia

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Miércoles, 25 de noviembre 2020, 01:03

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La Lomloe, que enfila el final de su tramitación parlamentaria, reconoce que la financiación de los conciertos educativos no es la correcta. A la vez, pone el foco sobre las cuotas que abonan las familias, incluyendo un añadido en el articulado instando a las administraciones a controlar que no se impongan pagos en concepto de enseñanza.

Aunque es algo prohibido desde hace décadas -la Lode de 1987 ya exigía esta gratuidad, salvo en servicios y actividades extraescolares- en las últimas semanas la novedad ha servido para alimentar las críticas hacia la red, llegándose a vincular el leitmotiv de las protestas del sector con la mayor vigilancia de los cobros.

Pese a su apariencia paradójica, son dos extremos del mismo problema: la administración no cumple la obligación de dotar a los centros de los fondos necesarios para que la gratuidad deje de ser teórica y el déficit lo asumen las familias mediante las polémicas aportaciones voluntarias a asociaciones o fundaciones.

La nueva ley mantiene la disposición adicional introducida en la LOE de 2006 y mantenida en la Lomce de 2013 que instaba a realizar los estudios pertinentes para determinar «el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad». La tarea recaería en la Conferencia Sectorial, donde están representados el Gobierno y las comunidades, y también participarían «las organizaciones empresariales y sindicales más representativas» de la red. Nada se ha hecho desde entonces.

La idea -reiterada por el Consejo Escolar del Estado- pasaba por determinar el coste real para adaptar el dinero a transferir por cada unidad concertada, especialmente en la parte referida a los gastos de funcionamiento. Si bien el redactado fijado hasta ahora no incluía esta concreción, la Lomloe va un paso más allá. A través de una enmienda del PSOE y Unidas Podemos se añade que las conclusiones «deberán incorporarse en el plan de incremento del gasto público previsto en el artículo 155.2 y contemplado en la disposición adicional octava». En resumen, no sólo se reconoce implícitamente la infrafinanciación, también se obliga a tenerla en cuenta en el diseño del plan -a ejecutar en un plazo de diez años- para «dotar al conjunto del sistema de los recursos económicos vinculados a los objetivos previstos (en la ley)».

El sector siempre ha defendido que la receta para evitar las aportaciones pasa por la actualización de las transferencias de funcionamiento. Cabe recordar que los otros dos módulos del concierto se refieren a aspectos retributivos del personal docente, y a diferencia del anterior, se actualizan periódicamente en base a los convenios colectivos.

En cuanto a las cuantías para gastos corrientes, desde electricidad hasta inversiones reales, la Comunitat es una de las autonomías que mejor paga. Aún así, se mantienen congeladas desde 2009 (y así seguirán en 2021). Es decir, se recibe el mismo dinero que hace una década pese al aumento de precios, costes de servicios y nuevas obligaciones normativas. A modo de ejemplo, en este periodo el IPC se incrementó, hasta 2019, del orden del 12%.

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