El castellano y el valenciano se igualan en un curso con menos alumnado y cambios en el transporte escolar de Valencia

El conseller ha comenzado poniendo el foco en los tres ejes que quiere que marquen el ejercicio: «La aplicación completa de la ley de libertad educativa, la reconstrucción en las zonas afectadas y el refuerzo de la educación pública con más medios y más calidad, pues frente al ruido externo las cifras hablan por sí solas», ha dicho. Toda una declaración de intenciones frente a las críticas de la oposición política y educativa -fundamentalmente representantes sindicales, de federaciones de Ampas y de directores de la escuela pública-, que han protagonizado una protesta a las puertas de la conselleria pidiendo su dimisión. Y de la mano, la de Mazón.

Respecto a la ley, su implantación supone un cambio de paradigma en el peso de las lenguas en la enseñanza. Fruto de la consulta entre las familias con hijos ya matriculados y de las preferencias marcadas en la admisión (para los de nuevo ingreso) se ha determinado el número de aulas en cada lengua base (o mayoritaria). Y el equilibrio es manifiesto, según se desprende de los datos facilitados durante la presentación. Funcionarán 13.586 unidades o grupos donde tendrá más peso el castellano y 13.815 en las que hará lo propio el valenciano.

Nunca hasta la fecha ha existido semejante equiparación (49,6%-50,4%). La aplicación de la Ley de Uso y Enseñanza permitió al valenciano abrirse camino en las aulas a finales de los años ochenta, aunque sin llegar a discutir la primacía al castellano, un dominio que se estabilizó durante los sucesivos mandatos del PP. Los pesos se voltearon cuando desplegó efectos la reforma de la izquierda, a partir del curso 2018-2019, y este ejercicio volverán a cambiar, tendiendo hacia la igualdad. Además quedarán blindados, pues la opción en la que ha quedado adscrito el alumno se mantiene hasta que acabe la educación obligatoria.

Los datos del nuevo curso son muy similares a los de la consulta (lógico, pues afectó a muchas más aulas que la admisión, proceso en el que ganó el castellano por la mínima), y el balance cambia a medida que se sube de etapa. En Infantil y Primaria hay más unidades en valenciano pero no en Secundaria (más en castellano). Curiosa distribución en la que puede influir la mayor dificultad y especialización de los contenidos curriculares.

Respecto a la reconstrucción, el conseller Rovira ha defendido que todo el alumnado empezará el curso en sus propios municipios, lo que implica acabar con las reubicaciones y traslados de los que resultaron afectados por la dana. Y los de los centros más dañados, los que se tienen que levantar de cero o reconstruir, lo harán en los barracones que se están ultimando. Serán 3.079 niños y niñas del colegio Orba de Alfafar, del Carme Miquel de Algemesí, del Blasco Ibáñez de Alginet (ya operativo el curso pasado), del Berenguer Dalmau de Catarroja, del Lluís Vives y el Ausiàs March de Massanassa, del Horta de Paiporta (ídem) y del IES Alameda de Utiel.

Rovira ha recordado que la factura educativa de la dana se elevará a 140 millones de euros, de los que setenta se han destinado ya a la compra de material perdido, el alquiler de barracones, los derribos o las líneas de transporte escolar, entre otros conceptos. «Y lo hemos hecho a pulmón. Pedí ayuda a la ministra de Educación y ha sido de cero, absolutamente nada», ha criticado en referencia a la falta de implicación estatal en la reconstrucción educativa. Una postura que posteriormente ha contrapuesto con la actitud mostrada por los alcaldes: «Todos, independientemente del color político, han colaborado para poner en marcha el sistema educativo». Por otra parte, los 70 millones restantes se dividirán en varias anualidades y se destinarán a la reconstrucción de los centros destruidos (ocho en total, aunque en Utiel se desagregará el conservatorio del instituto, que compartían instalaciones). Si todo va bien, se confía en adjudicar las obras a lo largo de 2026.

Rovira se ha mostrado combativo durante la rueda de prensa, replicando a las acusaciones de recortes que lanzan sindicatos y organizaciones representativas de la escuela pública. Lo ha hecho con especial intensidad cuando ha informado del total de docentes en el sistema de cara al nuevo curso. Y es que se le ha criticado que las nuevas normativas para configurar las plantillas implican reducciones de personal. «Crear alarma por parte de representantes políticos y algunos sindicatos es una irresponsabilidad, cuando las cifras suponen un auténtico récord», ha dicho. Este ejercicio trabajarán en las aulas 83.592 profesionales en centros públicos y concertados, un 1,72% más que en el curso anterior. Observando sólo la red pública, el crecimiento es del 2,23% (hasta 67.858).

«También se ha dicho desde alguna organización que sería un otoño caliente, justificándolo en estos supuestos recortes que vemos que son falsos y en la exigencia de una subida salarial», ha añadido Rovira, sacando a colación una medida reivindicada por las principales organizaciones sindicales que, según ha defendido, no exigieron durante los mandatos del Botánico. «Resulta curioso que ahora quieran presionar», ha dicho, antes de recordar que la última subida retributiva para los docentes, más allá de las obligadas por el Gobierno para todos los funcionarios, la aplicó el PP en 2007.

También ha aludido al incremento de grupos en escuelas oficiales de idiomas (otra de las críticas recurrentes, en sentido contrario, lógicamente), a la dotación para renovar libros de texto -en relación a augurios sobre la desaparición de los bancos por la aplicación del nuevo modelo lingüístico-, a la acusación de que no había libertad de elección -el 99,8% de los alumnos estudiarán en la lengua elegida por sus representantes legales- o a la habilitación de aulas para alumnos con necesidades especiales graves (UECO), con 82 más en dos ejercicios, el doble que en los dos cursos previos (del Botánico). «Las cifras no mienten, las personas sí», ha sentenciado.

Durante la rueda de prensa el conseller ha dado a conocer la rescisión del contrato de transporte escolar con la UTE liderada por la empresa gallega Monbús, causante del caos en el inicio del curso 2023-2024 en parte de la provincia de Valencia que dejó a alumnos tirados en las paradas, muchos de ellos de centros de Especial, durante varios días.

El conseller ha explicado que el motivo de la decisión está en que el TSJCV ha sentenciado que la adjudicación de ese lote fue contraria a derecho. Ya se ha rubricado un nuevo contrato, que empieza a aplicarse el próximo lunes. Se encargará de la prestación del servicio la unión de empresas que quedó en segundo lugar en la citada licitación, que cerró el Botánico poco antes del cambio de gobierno en la Generalitat. Es la que llevó la adjudicación a los tribunales.

Por último, el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, ha facilitado los primeros datos sobre la exención en la asignatura de Valenciano tras la aplicación de la ley de libertad, que entre sus objetivos tiene reducir su incidencia, por ejemplo a través de los títulos oficiales automáticos. En Bachillerato, en zonas castellanohablantes, ha pasado de aprobarse para el 80% del alumnado en el ejercicio 2023-2024 al 74% en el 2024-2025, con datos hasta el pasado 31 de julio. Sí ha subido ligeramente, en zonas valencianohablantes, en el supuesto de alumnos de incorporación tardía.