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JOAQUÍN BATISTA
VALENCIA.
Lunes, 28 de octubre 2019, 00:47
La Comunitat será bien distinta, en términos demográficos, a partir de 2030. Igual que España. La autonomía y el país envejecerán, acusando de forma clara la caída de la natalidad -que salvo algún año puntual no ha parado de bajar en los últimos ejercicios y se mantendrá hasta mediados de la próxima década- así como la pérdida de flujo migratorio. Se trata del escenario que dibujan las proyecciones de población del INE, que llegan hasta 2033. Trasladando los datos a la población escolar la previsión puede derivar en grandes cambios: la región perderá un 15% de su alumnado, unos cien mil menos. Un vaciado de aulas que se dará año tras año y que sufrirá especialmente el ámbito rural.
Las proyecciones consisten en plantear una hipótesis estadística que se daría de mantenerse las tendencias demográficas actuales. Centrando la mirada en el ámbito escolar, donde el número de alumnos es clave para la planificación educativa, se pasaría de los 716.420 que el modelo atribuye a 2020 a los 675.764 de 2025, a los 623.691 de 2030 y a los 606.873 de 2033. Sólo se han tomado los datos de población entre tres y 16 años por incluir las etapas donde la tasa bruta de escolarización es superior al 90%. Cabe destacar que la cifra es menor que la matrícula real (en este curso son más de 780.000 los alumnos), una diferencia que se explica porque en la muestra utilizada no se tiene en cuenta al alumnado con más de 16 años que siguen en las etapas, por ejemplo por la repetición de curso.
Diferentes actores de la enseñanza valenciana han reflexionado, a petición de LAS PROVINCIAS, sobre qué medidas deberían tomarse para adaptarse a la coyuntura. «Si la población va a la baja habría que reducir el número de alumnos por aula», dicen desde la Confederación de Ampas de centros públicos Gonzalo Anaya, que apuesta por «atender mejor al alumnado y avanzar en la inclusión». Además, si siguieran sobrando puestos, su propuesta pasa por «eliminar los conciertos».
La otra organización de la red pública, Covapa, coincide con la necesidad de minorar el máximo de niños por clase, lo que «favorecerá una atención más personalizada», una «mejor respuesta para alumnos con necesidades de apoyo» y propiciará «una reducción en las elevadas cifras de abandono escolar».
Considera además que si se mantiene la plantilla docente se facilitará el desarrollo de «iniciativas que favorezcan aspectos como la convivencia o la igualdad», y alerta de que la demografía no puede ser excusa para reducir la inversión. «De hecho reclamamos su incremento para atender otras necesidades como las infraestructuras educativas o la incorporación de otros perfiles profesionales en la escuela», señalan.
Desde la Federación de Apas Católicas de Valencia (Fcapa) su portavoz Vicente Morro advierte de que la pérdida de población escolar «no puede ser una coartada para la reducción de aulas sólo en el sector de la concertada, sino que habría que hacerla en función de la demanda de los padres, o al menos de manera proporcional». También cree que, atendiendo a la mayor incidencia en zonas rurales, «la administración tendrá que ser capaz de crear agrupaciones de centros atractivas para las familias en calidad y servicios».
Desde la patronal de centros privados y concertados Feceval apuestan por «medidas de más amplio espectro» como de fomento de la natalidad o de mejora de la conciliación laboral y familiar, además de «un replanteamiento total de la inversiones públicas proyectadas, abandonando ese deseo de sustituir infraestructuras privadas por otras públicas». Consideran también que un descenso acusado de las ratios máximas «siempre beneficiaría a centros con escasa demanda», por lo que temen que pudiera perjudicar al sector concertado, tradicionalmente más solicitado por las familias.
Por último, la patronal Escuelas Católicas incide en la necesidad de mantener «una oferta plural» y señala que ante semejante escenario «habría que modificar la normativa de conciertos, rebajando el alumnado mínimo que se exige para mantenerlos». Sí cree que se mejoraría «la atención a la diversidad aplicando metodologías diferenciadoras» con menos alumnos por aula, recuerda que su recurso contra la bajada extraordinaria fue por impedir la participación del sector, y por último lamenta que con menos niños se «empobrecería su relación y las facilidades de socialización».
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