El decreto de plurilingüismo acumula 9 recursos de padres y profesionales

El conseller Marzà en una comparecencia en Les Corts. :: lp/
El conseller Marzà en una comparecencia en Les Corts. :: lp

Antes de la conclusión del plazo para las impugnaciones, USOCV ha pedido además la suspensión cautelar del modelo lingüístico

J. S. VALENCIA.

Distintas organizaciones han presentado un total de nueve recursos ante los tribunales por el decreto del plurilingüismo aprobado el pasado mes de diciembre por la Conselleria de Educación. El jueves finalizaba el plazo para impugnar y varias entidades formalizaron una decisión que ya habían anunciado con anterioridad.

La Diputación de Alicante, el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, la plataforma Defensa del Castellano, Vox y el Partido Popular presentaron el jueves el escrito. Antes ya lo habían hecho CSI·F, el primero en hacerlo, ANPE, USO, que además ha solicitado la suspensión cautelar, y la Federación Católica de Padres de Alumnos.

Aunque sean nueve los recursos presentados contra el decreto del plurilingüismo, son un total de dieciocho entidades, que agrupan a padres, profesores y partidos políticos, las que han decidido acudir a los tribunales contra una medida de la Conselleria de Educación que consideran discriminatoria además de violentar, en su opinión. algunos derechos fundamentales.

Hay que tener en cuenta que el Foro por el Derecho a elegir la Lengua vehicular reúne a la plataforma Idiomas y Educación, a la FAPA Gabriel Miró de Alicante, Manuel Tarancón de Castellón y 9 d'octubre de Valencia. Además, se agrupan en ella Concapa con sus tres organizaciones provinciales y Covapa. A ellas hay que sumar la Federación de Escuela y Familia de Alicante.

Los recursos se basan fundamentalmente en la posible discriminación que pueden sufrir los alumnos al establecer diferentes niveles de valenciano con incentivos. Esta discriminación se haría aún más evidente en el caso de los estudiantes en los territorios castellano parlantes de la Comunitat como Utiel, Requena, Villena o la Vega Baja.

Entienden también que la discriminación se extienden a las certificaciones del inglés que podrán tener los alumnos con más valenciano. Además, consideran que el decreto coarta la libertad que deben tener los padres para poder elegir la lengua en la que serán educados sus hijos.