Vecinos y ecologistas alegan contra la conexión de la Saleta hasta el nuevo cauce

La alegaciones ya están en manos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que también ha tramitado el documento de las expropiaciones. La previsión del organismo estatal es sacar a licitación las obras a principios de 2026 con una inversión estimada de 98 millones de euros, la primera fuera de las obras de emergencia tras la dana que aún están en marcha.

Pero hasta que eso ocurra, la voluntad de la asociación de vecinos es mostrar su oposición a un proyecto que busca reducir el caudal que pasa por el barranco de la Saleta a su paso por el casco urbano de Aldaia. Argumentan que el caudal máximo de 130 metros cúbicos por segundo de la conexión puede ser insuficiente, sobre todo en la parte soterrada, donde dudan también del mantenimiento del canal o de las siete trampillas previstas para el acceso a las instalaciones.

La parte soterrada separará el barrio del Cristo del resto de Aldaia y temen que la obstrucción dé pie a una inundación de la zona donde viven. Por ese motivo proponen la paralización de la iniciativa y que se replanteen otras soluciones, sobre todo aguas arriba de Aldaia.

Uno de los aspectos en los que más inciden las alegaciones de la asociación vecinal es que la solución a las inundaciones en Aldaia, Xirivella y Alaquàs debe tomarse aguas arriba, en la cuenca medio y alta del barranco del Poyo y del Pozalet. La propuesta pasa por la reserva de territorio para zonas de drenaje y de laminación. El plan de respuesta a las inundaciones del Ministerio de Transición Ecológica contempla esas obras, aunque la entidad da un paso más y propone que los cerca de cien millones de la conexión de la Saleta sean destinados a ese fin.

Este lunes también se conocieron las alegaciones de Acció Ecologista-Agró, que en la misma línea que la entidad vecinal señalan que cree que el encauzamiento del barranco la Saleta «no va a solucionar los problemas de inundabilidad. De obligado cumplimiento, previo o simultáneo es la actuación sobre la zonas de almacenamiento controlado aguas arriba», añaden.

Para AE-Agró la solución planteada no actúa sobre los agentes causales de las inundaciones y seguir ignorándolos lleva a que no se resuelvan nunca estos problemas. «Se debería planificar mejor las zonas urbanas, evitar el aumento de suelo urbano impermeable, proteger la máxima cantidad de suelo rústico y de huerta y pacificar el tránsito para reducir la necesidad de dependencia de la población del vehículo privado», apuntan.

Además, consideran que los caudales máximos previstos serán insuficientes. En la dana, apuntan, el caudal fue de 360 metros cúbicos por segundo, más del doble de la capacidad que tendrá el canal soterrado.

Las propuestas deberían ir encaminadas a juicio de la asociación ecologista a «imitar el funcionamiento natural de los cauces en lugar de plantear una mayor modificación de los mismos». En este sentido, sostienen que el encajonamiento y desvío por conducción subterránea del barranco «podría desencadenar una serie de impactos es importante tener en cuenta». Por último, aducen que existe «la posibilidad de que las canalizaciones se embocen por acumulación de sedimentos, pudiendo ocasionar desbordamientos».

Ante el riesgo asociado, los ecologistas comprenden la inquietud mostrada por la asociación de vecinos del Barrio del Cristo y creen que deberían crearse «espacios de diálogo y trabajo compartido, que reúnan a la sociedad civil, la comunidad científica, las diferentes administraciones y al tejido asociativo con la finalidad de tener presentes las diferentes preocupaciones que puedan surgir de la ejecución de proyectos como este».

Además, sostienen que esto último debe servir para «llevar a cabo una ordenación del territorio consensuada, justa, adaptada a las necesidades de cada lugar e innovadora. Tal como reclama gran parte de la ciudadanía tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024, mediante la creación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción».