Unides Podem trata de frenar por la vía judicial la nueva Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante

A falta de pocos días para que entre en vigor en Alicante la nueva Ordenanza de Convivencia Cívica que busca, entre otros aspectos, terminar con la prostitución y la mendicidad en las calles de la ciudad, el grupo municipal Unides Podem ha anunciado que pretende evitar por la vía judicial que la norma se ponga en marcha. Su portavoz Xavier López ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para impugnarla al entender que se trata de un ataque hacia los colectivos desfavorecidos. El equipo de gobierno, mientras tanto, le acusa de «hipócrita».

López ha insistido en que la normativa "sanciona a personas sin hogar y mujeres en situación de prostitución", por lo que plantea al alto tribunal la suspensión cautelar de los artículos 22 bis y 26.1 de esta "ordenanza de la vergüenza". A su juicio, la voluntad "mayoritaria" en la sociedad alicantina es la de "detener" este texto que, además "de criminalizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, les condena a no poder salir de la espiral de la pobreza cargándoles de sanciones que nunca podrán pagar pero que, en cambio, les impedirá acceder a prestaciones públicas".

"Vamos a explorar la vía judicial porque creemos que se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente, de las personas sin hogar y en situación de prostitución", ha detallado el de Podemos. En el recurso se argumenta que la prohibición total de dormir en los espacios públicos supone en la práctica "la prohibición de residencia en el municipio de Alicante".

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento, integrado por PP y Cs, ha criticado la decisión de UP de acudir a los tribunales y ha insistido en que "no persigue ni criminaliza a las personas con esta ordenanza, sino que actúa contra las conductas y las mafias de la prostitución y la mendicidad". Según fuentes municipales, "en el caso de las prostitutas, se les ofrecen alternativas de inserción social y laboral en el marco de los recursos municipales y la norma hace hincapié sancionador en los demandantes de sus servicios".

Asimismo, añaden que la norma "ofrece soluciones habitacionales para personas sin recursos" y lamenta que los partidos de izquierda en Alicante sigan "haciendo gala de su hipocresía y doble moral", ya que "critican en esta ciudad las mismas medidas que toman en aquellos municipios que gobiernan, como en Sant Vicent del Raspeig, donde multarán con 200 euros a los gorrillas, en València, Barcelona y otros ayuntamientos".

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