El Gobierno mantiene la presión para restar peso a la educación concertada

La ministra Isabel Celaá, durante la comparecencia en la comisión de Educación del Congreso. / j. c. hidalgo/efe
La ministra Isabel Celaá, durante la comparecencia en la comisión de Educación del Congreso. / j. c. hidalgo/efe

Celaá insiste en eliminar el criterio de la demanda social a la hora de fijar la oferta de plazas escolares mientras crece el recelo del sector

J. BATISTA/A. SOTO VALENCIA/MADRID.

El Ministerio de Educación se ha marcado como objetivo el impulso de la enseñanza pública como «eje vertebrador del sistema», dándole una clara prioridad respecto a la concertada, también sostenida con fondos públicos. En este sentido, la ministra Isabel Celaá reiteró ayer en el Congreso que modificará el artículo 109.2 de la Lomce para retirar el criterio de la demanda social a la hora de que las comunidades planifiquen la oferta escolar.

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La idea, que se interpreta como la alta demanda que tiene este modelo educativo, fue introducida por el PP en 2013 y no es una cuestión baladí. Es un argumento que se ha utilizado en los tribunales para pleitear contra la supresión de aulas, e incluso las sentencias del Supremo que han sentado doctrina y blindan la existencia de una red dual de enseñanza la citan expresamente.

La polémica salió a relucir de nuevo tras ser interpelada por el grupo popular en relación a sus declaraciones en la anterior comisión, cuando ya informó de las intenciones del Gobierno con el argumento de que se corre riesgo de que la pública sea subsidiaria de la concertada. Para la ministra, la anterior ley educativa, la LOE, «establecía la obligación de que los poderes públicos garantizasen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en zonas de nueva población», aunque «incomprensiblemente» la Lomce «eliminó» esta disposición para permitir que en los nuevos barrios de grandes ciudades pudiera llegar antes la concertada que la pública.

La portavoz popular, Sandra Moneo, trasladó su preocupación por las intenciones del Gobierno y le pidió que recapacitara. «Los padres tienen que tener la seguridad de que el Estado les protege en sus derechos», dijo. En este sentido, Celaá replicó de manera contundente: «¿Cuántos centros concertados han sido cerrados a sangre y fuego?», se preguntó antes de insistir en que el Ejecutivo «no va en contra de la enseñanza concertada». También señaló, según Europa Press, que «hay lugares donde las familias no pueden elegir educación pública», refiriéndose a localidades de Madrid, donde el PP gobierna desde 1995.

En clave valenciana, con la idea de la demanda social se intentó, en la anterior legislatura, impulsar centros concertados en parcelas de uso público en municipios con déficit de oferta de este tipo, una medida que no cuajó a diferencia de lo sucedido en la comunidad de Madrid.

La planificación depende de las autonomías, y la valenciana no se ha distinguido en los últimos años por impulsar normas que favorecieran la ampliación de la red concertada pese a la vigencia del criterio de demanda social. Más bien al contrario. Eso sí, la interpretación de los tribunales de justicia ha sido bien distinta, anulando parcialmente el decreto marco del Botánico, además de los recortes de aulas aplicados en una quincena de centros. Aquí puede estar la clave del cambio.

Celaá se esforzó este martes en recalcar que no van a «atacar» o «cerrar» escuelas. «Decir lo contrario es 'fake news'», aseguró, si bien destacó que la prioridad del ministerio es la educación pública. «Debe ser el eje vertebrador del sistema y los servicios públicos no se pueden dar a la carta», añadió. «Con la modificación del artículo 109 queremos cumplir con la obligación del poder público de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, también en zonas de nuestro país en las que la escuela concertada no llega y no tiene obligación de llegar», continuó.

Pese al mensaje de tranquilidad, la incertidumbre crece en el sector, que este martes pidió de manera unánime ser recibido para conocer los detalles de la nueva ley que acabará con el citado artículo. Desde el sindicato Fsie pidieron la convocatoria de la mesa sectorial de la concertada, que sigue sin reunirse, y aunque valoró la predisposición al diálogo alertó de la preocupación existente por la reiterada referencia a la demanda social. Un mensaje similar al lanzado desde las patronales Cece y Escuelas Católicas, que también hablaron de incertidumbre en relación a «nuevas trabas a su existencia».

Por último, Celaá defendió que «es el momento de abrir las dos redes a la igualdad de condiciones», en referencia a la educación especial, a los alumnos inmigrantes y a los estratos sociales desfavorecidos, un guante que seguro se recogerá para pedir la misma financiación para la concertada, que lleva años congelada. Una exigencia que por cierto también se recoge en la LOE.

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