El juzgado ve indicios de delito en la causa contra el alcalde y la secretaria de Corbera

Vista aérea de la cantera de Corbera. / lp
Vista aérea de la cantera de Corbera. / lp

La empresa pide que no se perjudique a los trabajadores de la cantera y el primer edil defiende la actuación de su ejecutivo

MANUEL GARCÍA CORBERA.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sueca ha admitido a trámite, tras resolver un defecto formal, la querella por supuesta prevaricación administrativa contra el alcalde, Jordi Xavier Vicedo, y la secretaria del Ayuntamiento de Corbera, presentada por la Central Sindical Obrera Independiente, mandando incoar diligencias previas para la averiguación de los hechos denunciados.

En el auto judicial se apunta que, pese a que la querella no reúne la totalidad de los requisitos para su admisión al no constar poder especial de apoderamiento, «no obstante, se relatan en ella hechos que pudieran ser constitutivos de delito» y agrega que para cuya persecución «no es necesaria la presentación de querella (...) razón por la cual debe atribuírsele el valor de denuncia».

De este modo, se remite este oficio al Ayuntamiento de Corbera «al objeto de que informen a este juzgado urgentemente del estado en que se encuentran los recursos si los hubiese consistentes en denegación de las licencias correspondientes a la explotación minera».

Según señalaron desde la empresa en un comunicado remitido en la jornada de ayer «éste es un paso más, en el complejo entramado jurídico en el que se ha visto obligada a entrar, Canteras y Áridos Llaurí, la empresa que explota la cantera 'Girtal', ante la negativa injustificada, arbitraria y electoralista del Ayuntamiento de Corbera, a otorgar licencia para finalizar la restauración de la explotación».

Desde la compañía afirmaron que la actuación «caprichosa e interesada del alcalde, justo antes de la próxima cita electoral, está causando importantes perjuicios, no sólo a la compañía, sino también a los trabajadores de la misma, que ven peligrar sus puestos de trabajo en la cantera que, a juicio de la administración autonómica, se ha explotado de manera ejemplar durante los últimos 20 años».

Ante esta situación, agregaron, «el sindicato que representa a los trabajadores se ha visto obligado a actuar para defender sus intereses y derechos laborales, presentando querella por prevaricación administrativa, al considerar que tanto el alcalde, Jordi Vicedo, como la secretaria del Ayuntamiento, han dictado resolución denegatoria de licencia y expediente de cierre de la cantera, de forma arbitraria y a sabiendas de su injusticia».

De este modo, «y como ya ocurrió con la querella presentada por la propia empresa, la jueza ha entendido que hay indicios suficientes de delito. El alcalde y la secretaria tendrán que explicar el porqué de sus decisiones y justificar que se ajustan a la legalidad. Aunque es algo realmente difícil, teniendo en cuenta que en nada ha cambiado la situación de la cantera con respecto a los últimos 20 años, en los que el Ayuntamiento de Corbera ha concedido la licencia de forma regular y sin ningún problema, salvo la obligación de realizar determinados pagos ilegales al Ayuntamiento, hecho que constituye un delito de exacciones ilegales y por el que ya hay un procedimiento abierto contra el Ayuntamiento y en el que se ha imputado al alcalde y la secretaria».

Fuentes del sindicato afirman que «confiamos en que la justicia sea rápida y no se vean perjudicados los intereses de los trabajadores, ni se cause un mal mayor al interés general del pueblo, que puede ver interrumpida la obra de la variante que en estos momentos está nutriendo la cantera y causarles un grave perjuicio medioambiental, al no poder finalizar las labores de restauración que devolverán a Corbera dicho paraje natural».

Por su parte, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, el alcalde de Corbera, Jordi Vicedo, recordó que la cantera está abierta desde el año 2004 y ha tenido licencias de manera intermitente, ya que ha carecido de ella durante varios periodos y ahora «desde hace un año y medio», por lo que defendió las actuaciones de su equipo de gobierno.

Insistió en que en ningún caso se trata de pagos ilegales y recordó que en el convenio firmado en el año 2003, «donde yo ni era alcalde ni concejal, una condición que puso el empresario era el pago voluntario de determinadas cantidades». De este modo, al prorrogarse la licencia en años posteriores, lo lógico es que se mantengan las condiciones del contrato original, por lo que no se podría hablar de pagos que hubieran sido requeridos por el Ayuntamiento de la localidad de la Ribera Baixa.

Tras afirmar que no había recibido ningún documento oficial en el que le anunciaran su implicación en este caso, mostró su sorpresa en que sea un trabajador de la empresa quien presente las querellas: «¿Qué documentación fehaciente tiene esta persona?, ¿qué datos tiene él para poder presentar una querella?».

El primer edil concluyó tras apuntar, una vez más, que confía en salir absuelto porque en su opinión, siempre han actuado de manera correcta, por lo que no cree que ni él ni nadie del Consistorio merezca sanción o sentencia contraria alguna.