El PSPV pone en su punto de mira a la presidenta voxista de Les Corts y a su equipo

La dirigente voxista había transitado por la legislatura sin demasiadas apreturas por ahora, más allá de una serie de comentarios inadecuados por el micrófono abierto en varios plenos, así como el retraso en la gestión de los impagos de la empresa subcontratada a las limpiadoras, que se pasaron casi medio año sin cobrar. Nada grave. Sin embargo, tras la dimisión de Gabriela Bravo como vicepresidenta segunda y la negativa de PP y Vox a que la socialista fuera sustituida por otra socialista, María José Salvador, los puentes de comunicación entre los dos bloques han quedado dinamitados. Hasta la marcha de Bravo, para la única cosa que realmente se habían puesto de acuerdo los dirigentes de los grupos fue para asegurarse una indemnización para los diputados cuando cesasen. A partir de la dimisión de la socialista, no hay relación. De manera implícita, hay acuerdo también en asuntos secretos, como el intento de cambiar las normas de fiscalización de los grupos parlamentarios, pero poco más. Massó, como máxima figura representante de quién manda en un parlamento donde no se parlamenta, está recibiendo cada vez más atención por parte de la izquierda.

La presidenta voxista ha contribuido a que los focos se giren sobre ella con medidas como la eliminación del Día de Les Corts alegando la «polarización política». Igualmente, la reformulación de preguntas comienza a ser habitual. El síndic del PSPV, José Muñoz, se levanta de manera habitual en los plenos a encararse con las decisiones de Massó.

Los 31 diputados del PSPV y los 15 de Compromís en Les Corts escenificaroin una protesta conjunta el pasado miércoles para denunciar la «deriva antidemocrática» en el parlamento valenciano desde que lo preside Massó.

Este lunes, el PSPV ha pedido a Les Corts que se abra un expediente disciplinario al asesor de la Presidencia del parlamento valenciano que los socialistas consideran que participó en la expulsión de las asociaciones LGTBi+ durante el pleno del pasado jueves, al creer los socialistas el asesor se extralimitó en sus funciones.

Durante la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se vivieron momentos de tensión cuando representantes de los colectivos, invitados al hemiciclo después de protestar en la calle contra los recortes a la Ley Trans, fueron desalojados por orden de la president Massó, al comenzar a gritar «la Ley Trans no se toca». Ese tipo de actuaciones no se toleran en Les Corts desde que, durante los años de la presidencia del PP con Camps, algunos coletivos comenzasen a manifestarse desde la tribuna de invitados, o se pusiesen camisetas de protesta.

Muñoz ha presentado un escrito a la Mesa del parlamento valenciano en el que reclama que el servicio de seguridad de Les Corts emita un informe para «esclarecer si el personal eventual de la Presidencia puede intervenir como personal de seguridad», según informa el PSPV, que se refiere a un asesor, Victor Parra, que se cuenta entre los más estrechos colaboradores de Massó. Parra es un militante activo de Vox en Castellón, provincia liderada por la presidenta de la Cámara, que recientemente ha elevado la categoría salarial del asesor, según adelantó Levante.

El asesor contra el que arremete el PSPV es una presencia muy habitual en los pasillos y dependencias parlamentarias. Esta presencialidad, sin embargo, es poco frecuente entre los cargos designados por Massó, que cuenta con una terna de colaboradores que aparecen por la Cámara en contadas ocasiones o que, incluso, no aparecen desde hace meses. El grupo del PSPV en Les Corts pedirá al parlamento valenciano los datos sobre los asesores de la presidenta de la Cámara, su presencia en el parlamento. Llanos Massó cuenta con un equipo, entre ellos, uno nuevo, Iván Vélez, que fue candidato de Vox al Congreso por Albacete, así como otros asesores de los que apenas se conoce su presencia en el parlamento.

«Les Corts se han convertido en un cortijo de la ultraderecha, silenciando la voz del pueblo y pervirtiendo el reglamento de la cámara a su antojo», denuncia Muñoz, y subraya que «lo ocurrido en el último pleno son unos hechos muy graves que no pueden quedar impunes».

Muñoz advierte que «la expulsión de las entidades LGTBi+ es un ataque sin precedentes a un colectivo que lleva décadas luchando por lograr una igualdad real en la Comunitat Valenciana y que ahora se encuentran con un Consell que les amordaza y reprime mientras pisotea sus derechos».

Durante el pleno se pudo presenciar cómo, durante el turno de Compromís en el sesión de control a Mazón, cerca de una docena de personas se manifestaron e hicieron una 'performance' en contra de la modificación de la legislación. Gritaron de manera continuada y, en un momento dado, el coordinador general de Lambda, Fran Fernández, es interpelado por hasta tres ujieres cuando Massó reclama silencio, sin éxito. En el momento en que la presidenta voxista pide que sean desalojados los manifestantes, aparece su asesor, que se dirige a Fernández. Segundos más tarde aparecen los miembros del departamento de Seguridad del parlamento, que proceden al desalojo acompañados por el asesor en cuestión.

«Frente a personas que lo que estaban haciendo es defender sus derechos, nos hemos encontrado con una derecha que los intimida y ningunea con actitudes impropias para una sociedad democrática como la nuestra», asevera el síndic del PSPV, que recuerda que «los miembros del gabinete de la Presidencia tienen como función principal la asistencia técnica y administrativa a la presidenta en el desempeño de sus responsabilidades, pero en ningún caso pueden ejercer las funciones encargadas al servicio de seguridad o personal de orden de Les Corts».