El juez sigue con la causa a altos cargos de Sanidad por la falta de medios contra el Covid

Jarro de agua fría para la Fiscalía. El juez ha decidido seguir con la investigación abierta a dos altos cargos de Sanidad por la falta de medios en la lucha contra el Covid-19. Se mantienen, por tanto, las imputaciones dela responsable de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, y del director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, adelantadas por LAS PROVINCIAS.

El ministerio público, tal y como había hecho en asuntos similares, solicitó el archivo inmediato de la causa sin ni siquiera practicar las diligencias más elementales. En su informe, sostenía que no concretaban los hechos «ni los concretos incumplimientos de los responsables» ni quién/quiénes eran los trabajadores afectados por el riesgo... Además, subrayaba que el Ministerio asumió todas las competencias y que los responsables autonómicos se enfrentaban a una situación de imposible solución ante la carencia de material en el mercado. «Al sujeto legalmente obligado se le estaría exigiendo una conducta imposible de realizar y, siendo la falta de medios un hecho notorio, no es precisa la práctica de diligencias de prueba», resumió.

El juez, en cambio, da la razón al grupo de abogados, encabezados por Juan Carlos Navarro, Eugenio Ponz y Beatriz Larriba. El magistrado considera que el relato de hechos de la querella apunta de manera indiciaria la presunta comisión de una infracción penal, un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. El auto resuelve que, en este momento, no procede el archivo. Conviene esperar a que se pueda «recabar los datos necesarios para lograr una opinión de fondo siendo prematura la decisión de archivo, sin ser descartada en el futuro próximo». Lo «prioritario» en este estadio embrionario de la causa es si concurren «indicios», si hay un «principio de prueba» que avale «razonablemente» los hechos que exponen los letrados. En definitiva, la propuesta de la querella está suficientemente justificada para el arranque de las diligencias para comprobar unos hechos. Las declaraciones de los investigados están previstas para el mes de diciembre.

Los letrados presentaron alegaciones al informe del fiscal que pretendía dar carpetazo. Defendieron que su relato de hechos sí concreta cuándo se produce esa supuesta dejación de funciones y el personal que padeció las consecuencias. La denuncia hace referencia únicamente a los sanitarios del hospital de Alicante, una de las instalaciones con la tasa más alta de contagios de toda España. Además, sostuvieron que la Comunitat sí tenía autonomía para la compra de material, tal y como posteriormente ocurrió. La Generalitat ha sido uno de los gobiernos autonómicos que mejor reaccionó tras el caos inicial de la escasez de medios. La denuncia recoge que era previsible la necesidad de acopio de equipos de protección porque desde hace meses se conocía el avance de la pandemia y las advertencias de organismos internacionales.

Esta es la única causa penal en la que se han imputado a dirigentes políticos por la falta de medios. Otra denuncia similar, pero en este caso por los policías y guardias civiles afectados, terminó en archivo. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aún no se ha pronunciado respecto a una batería de querellas contra aforados por el mismo motivo.