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El Consell oculta las firmas condenadas por Gürtel a las que sigue contratando

El Consell oculta las firmas condenadas por Gürtel a las que sigue contratando

Podemos recuerda a Puig que se pasó el plazo para desvelar las licitaciones de la Generalitat con las empresas que confesaron participar en la trama

BURGUERA

VALENCIA.

Jueves, 1 de enero 1970

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Podemos le recordó ayer un par de asuntos pendientes al Consell. Muy pendientes. Se trata de temas en los que el Ejecutivo valenciano ha obviado olímpicamente dos claros mandatos de Les Corts: la puesta en marcha de la Agencia Contra el Cambio Climático y la auditoría de las empresas vinculadas a la trama de Gürtel que continúan trabajando con el Gobierno de Ximo Puig. En la sesión de control al presidente celebrada ayer en el Parlamento valenciano, el Consell evidenció su nulo interés en los dos asuntos, que se posponen desde hace meses, prácticamente durante todo el presente año.

El síndic de Podemos en Les Corts, Antonio Estañ, lamentó ayer que el presidente Puig muestre un talante «anunciativo de concreción dudosa», lo que, según el podemista, «dificulta la vida de los consellers». Estañ reclamó respuestas («cómo y cuándo») respecto a la situación de los bomberos, el hospital de la Marina y la auditoría de los contratos de empresas vinculadas con el caso Gürtel, un análisis que, según recordó el síndic morado, «deberíamos tener desde el mes pasado».

El pasado mes de febrero, Les Corts aprobó (con los votos afirmativos de todos los partidos excepto Ciudadanos), instar al Consell a que hiciese un especial seguimiento de las empresas vinculadas a la trama de Gürtel que continúan trabajando con el Gobierno valenciano. La reclamación podemista obtuvo el beneplácito de socialistas y nacionalistas tras asumir una enmienda que suavizaba las exigencias respecto a la fiscalización, que debía estar preparada antes de medio año en vez de los dos meses inicialmente previstos. Pues al final, ni dos meses, ni seis meses, sino que ocho meses después, Estañ sacó a colación el tema de las empresas sin que posteriormente recibiese explicación alguna por parte de Puig.

Enrique Ortiz, los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna, los hermanos Alejandro y Antonio Pons Dols, Vicente Cotino, Gabriel Alberto Batalla Reigada, José Francisco Bevia y Enrique Gimeno Escrig fueron respondiendo afirmativamente el pasado 16 de enero cuando Miriam Segura, de la Fiscalía Anticorrupción, les leía una rotunda confesión. Los empresarios reconocieron su culpa para rebajar su condena. Después de aquello, y también antes, el Consell que ha mirado con lupa todas las actuaciones firmadas por el PP, no ha dejado de realizar adjudicaciones a esas mismas empresas que tan buen trato dieron y recibieron de los populares.

Este periódico pudo constatar entonces, el pasado mes de febrero, que al menos media docena de firmas vinculadas a los empresarios condenados por participar en la trama Gürtel han licitado obras o logrado adjudicaciones públicas por un valor que, al menos, alcanza los 90 millones de euros. Desde el Consell se ha puesto cara de póker frente a esta situación. Nueve empresarios fueron condenados por todo aquello. Cada uno de ellos cuenta con numerosas empresas. La sentencia señala que las firmas condenadas pagaron entre 300.000 y 100.000 euros a la trama en una época, la pasada década, en la que se vieron beneficiados por adjudicaciones valoradas en cientos de millones de euros. Pagaron en los juzgados, tras su confesión, una multa que en su conjunto se acerca a los dos millones de euros. El PP salió del Consell y los nuevos moradores continuaron trabajando con las adjudicatarias especialmente en obras públicas, pero también en la gestión de residuos, tratamiento y conducción de agua, así como en el área de residencias de personas mayores.

¿Qué empresarios de los condenados, y a través de cuántas empresas, están trabajando actualmente con el Consell? Ese es el misterio que el Ejecutivo valenciano no resuelve, a pesar del mandato de Les Corts a través de una proposición que votaron a favor tanto los socialistas como los nacionalistas de Compromís. Hace ya ocho meses.

Nula fue también la atención del Consell a otro asunto que en su día se acordó en Les Corts, el de la puesta en marcha de la Agencia Contra el Cambio Climático. A pesar de lo satisfecho que parecía Puig hablando de la reacción del Consell frente al temporal de la semana pasada, que atribuyó al cambio climático, su consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, mostró una evidente incomodidad cuando desde Podemos se le recordó su escaso interés por poner en marcha una agencia cuya puesta en marcha se aprobó el año pasado y que, además, puede ser dotada de presupuesto en el momento en que se quiera. Sin embargo, el organismo sigue desaparecido. Instada sobre por qué no se pone en marcha, Cebrián despachó el asunto con una contestación que dejó patidifusos a los podemistas. La consellera reclamó al partido morado que se aleje de «convenciones» relacionadas con poner en marcha «agencias» como la refererida, y apostó por las actuaciones de los municipios. La respuesta evidenció el nulo interés del Gobierno valenciano por poner en marcha la agencia que en su día se aprobó crear.

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