El Botánico lleva también sus diferencias a la ley de acompañamiento
Los socios discrepan sobre asuntos como la elección de altos funcionarios o la regulación de guardias de emergencias
La ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, más conocida como ley de acompañamiento es una especie de coche escoba en el que el Gobierno valenciano mete todos los trastos que tiene esparcidos por las consellerias y que, bien no terminan de funcionar bien o directamente quieren cambiar por otros. Donde pone trastos, lean leyes y el cajón desastre está montado. Así, cada año el Consell utiliza esa ley, que siempre va acompañando a los presupuestos de la Generalitat para ese año, para cambiar normas, retocar su organización o modificar medidas fiscales. Y su texto, como el de las cuentas, debe estar consensuado por los socios antes de enviar en proyecto al pleno del Consell para ser aprobado. Sin embargo, el acuerdo, según las fuentes consultadas, no se ha producido aún.
El proyecto de ley de medidas aún no ha sido cerrado por los socios, a pesar de que hace semanas finalizó su proceso de exposición pública y se presentaron las alegaciones por parte de las consellerias para adecuar su redacción a los intereses generales del Botánico. Sin embargo, una serie de flecos han evitado aún el acuerdo y el anteproyecto sigue a la espera de ser llevado al Consell. En concreto, las fuentes consultadas reconocen que este año se está produciendo un debate del articulado que otros años no se alcanzaba hasta la fase parlamentaria, vía enmiendas. Pero este año, la disputa presupuestaria se está librado coma a coma, incluso en la ley de acompañamiento. Distintas fuentes conocedoras del proceso han fijado los puntos de fricción en varios artículos de la nueva ley de función pública, en una disminución de controles para suprimir burocracia y en la regulación de las guardias de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). Y es que, si la ley de medidas es habitualmente un compendio de parches a numerosos problemas administrativos, este año el calado de las medidas no es tal. Sin embargo, hay una que amenaza con atropellar la poca paz Botánica que queda, y es el artículo de la ley de función pública que afecta a los nombramientos de los altos funcionarios . Con el cambio de norma, a los jefes de servicio se les ha pasado a nombrar por concurso, lo que no termina de encajar en parte de los socios, que prefieren que cada conselleria pueda elegir a sus cargos de libre designación, por una cuestión de confianza.
Otro de los grandes problemas está en la regulación del pago de las guardias en la AVSRE. Un planteamiento que, según reza la propuesta actual, deberá ser posteriormente regulada mediante decreto conjunto de las consellerias con competencia en materia de hacienda y de función pública. El problema es que hasta el momento en que se regule, las guardias de este personal se han venido abonando, pero según aseguran fuentes conocedoras del proceso, se desconocía en base a qué norma. Un coste que las mismas fuentes cifran en más de 10.000 euros mensuales al margen del presupuesto. La medida, en realidad, está también relacionada con la problemática ocasionada por la falta de desarrollo reglamentario de la ley de policías locales y de la propia agencia, aunque en su argumentario va dirigida a las guardias del personal de emergencias. Unas cantidades que han recibido ya el calificativo de «sobresueldos» por parte de los socios.
En otro de los puntos que están resultando problemáticos se encuentra la necesidad planteada por una de las partes de reducir la tramitación de algunos contratos temporales, para lo que se propone reducir el número de informe y suprimir el de presupuestos.
Aún así, las partes se muestran optimistas en resolver las diferencias y llevar el proyecto de ley al Consell en breve. Entretanto, la comisión que se encarga de negociar los presupuestos para 2022 se reunirá mañana de nuevo para seguir avanzando en la confección de las cuentas públicas. Un proceso en el que no ha habido demasiados avances, a pesar de que el anteproyecto de ley debe aprobarse por el Ejecutivo antes del 1 de noviembre para cumplir con aquello de hacerlo «en tiempo y forma».
