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Miguel Polo es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desde febrero de 2021, cargo al que accedió tras la jubilación de su ... antecesor, Manuel Alcalde. Propuesto para este puesto por el exministro José Luis Ábalos, su labor al frente de este organismo del Ministerio de Transición Ecológica transcurría con la proverbial invisibilidad y buena remuneración que acompaña un cargo de este tipo hasta el pasado 29 de octubre. Desde ese día, el de la dana que arrasó media provincia de Valencia, Polo dejó de ser un desconocido para ser el responsable del organismo que debía de haber avisado de la crecida del caudal del barranco del Poyo. Que debía de haber avisado, pero que no lo hizo.
Polo se destapó, por paradójico que resulte, con su silencio, con su evidente voluntad de pasar desapercibido en el terremoto político que ha generado la tragedia que acabó con la vida de 227 personas. En los más de seis meses que han transcurrido desde la riada, las declaraciones públicas del presidente de la CHJ se pueden contar con los dedos de una mano, no concede entrevistas, apenas participa en actos y las explicaciones sobre lo ocurrido brillan por su ausencia. Transcurridos tres meses de la riada, Polo acertó a decir que la CHJ no era responsable de lo ocurrido y que todo el mundo sabía «lo que no se hizo» ese 29 de octubre. La jueza que instruye la causa de la dana lo ha citado a declarar como testigo, por su indiscutible papel protagonista a la hora de resolver las incógnitas sobre el 29-O.
Hasta este miércoles, la versión oficial del Gobierno, del PSOE y del PSPV eran coincidentes. La labor de Polo como presidente de la CHJ no admitía un solo 'pero'. La ya exvicepresidenta Teresa Ribera, en aquella comparecencia del mes de noviembre en el Congreso de los Diputados, defendió a capa y espada la labor de la CHJ y de su presidente a la hora de facilitar información sobre la dana del 29 de octubre, y llegó a calificarla de impecable. Ribera proclamó tajante que Polo había estado aportando información puntual sobre el barranco del Poyo.
En términos parecidos se han pronunciado en repetidas ocasiones el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que en una entrevista proclamó que el presidente de la CHJ «ha estado desde el minuto uno conmigo en reuniones con consellers de la Generalitat, con los regantes, con los operadores de agua y con distintos ayuntamientos. Ha estado a lo que tiene que estar ahora».
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamó durante su comparecencia en el Congreso de finales de noviembre que tanto la Aemet como la CHJ actuaron con «rigor, rapidez y transparencia», y añadió que «los datos se elaboraron, los avisos se emitieron y la información llegó a todas las administraciones competentes».
El socialismo valenciano, como no podía ser de otra forma, seguía la senda marcada desde Madrid. La secretaria general Diana Morant o los portavoces del PSPV en Les Corts defendían la labor del alto cargo socialista, atribuyendo toda la responsabilidad a Carlos Mazón y al Ejecutivo autonómico. Los técnicos «sí que estuvieron a la altura», dijo la ministra de Ciencia, que se ha mostrado «tranquila» con la declaración que debe realizar Polo ante la jueza en los próximos días.
De Polo no había nada que decir, ni siquiera sobre esas dos horas y media en la que dejaron de llegar al Cecopi los correos de la CHJ sobre el caudal del Poyo. O de la falta de sistemas de atención temprana o de ayuda a la decisión en caso de barrancadas. Tampoco de la falta de personal o de la ausencia de sensores en barrancos como el de la Horteta, que convirtieron el agua que bajana por el Poyo en una ola asesina. Ni una crítica a Polo.
Hasta que la delegada del Gobierno Pilar Bernabé declaró ante la jueza que instruye la causa, como testigo y con la obligación de decir la verdad. Y la dirigente socialista, aupada ya a la ejecutiva federal del PSOE, rompió con el relato que sostenía la labor de Polo, y que ella misma había venido manteniendo. Bernabé vino a decir que Polo no informó ni del Poyo ni del Magro en aquella reunión del Cecopi del 29 de octubre. Justo lo que había venido sosteniendo la administración autonómica valenciana.
Tras la declaración de Bernabé, la comparecencia de Polo ante la jueza adquiere otra dimensión. Polo acude como testigo, y por tanto con obligación de decir la verdad. Está por ver si cuando abandone la Ciudad de la Justicia mantiene esa condición o pasa a estar imputado. Las fuentes de la administración autonómica consultadas por este diario consideran ahora sí inevitable esta segunda posibilidad.
Este jueves el síndic del GPP, Juanfran Pérez, ha señalado que «una vez más ha quedado al descubierto la capacidad que tiene de mentir la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, la señora Pilar Bernabé. La de las dos carreras, que luego no tenía ninguna, la misma que es capaz de decir la verdad ante el juez y automáticamente salir del juzgado y volver a mentir». Así se ha manifestado el portavoz popular tras salir a la luz la transcripción de la declaración de Bernabé ante la jueza, en la que «reconoció que durante el Cecopi no se habló del peligro de río Magro ni el barranco del Poyo, tal y como ya declararon Salomé Pradas o Emilio Argüeso«
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