La Audiencia celebra las vistas para decidir si Grau y una empresaria de Azud salen de prisión
La Sala estudia ahora si se mantienen los motivos que llevaron a la jueza a decretar su traslado a la penitenciaría
La Audiencia de Valencia ha celebrado hoy las vistas para decidir sobre los recursos a los autos de ingreso en prisión de los supuestos ... cabecillas de la operación Azud, entre ellos el del vicealcalde de Valencia Alfonso Grau y la empresaria Mónica Montoro.
La jueza de Instrucción 13 de Valencia decretó el pasado 16 de mayo la prisión, aparte de los anteriores, para el subdelegado del Gobierno, Rafa Rubio y el principal investigado, el empresario Jaume Febrer. Casi se ha cumplido un mes de su llegada a la penitenciaría. La UCO sigue trabajando para completar las pesquisas que fueron aportadas en su día al juzgado y cuyo contenido motivó las privaciones de libertad.
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La instructora resolvió en su día el ingreso en prisión debido al riesgo de destrucción de pruebas por parte de los implicados si continuaban en libertad. Ese fue también el argumento esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción al que también añadió el del riesgo de fuga. La decisión está ahora en manos de la sección Tercera.
En su día, las vistas en el juzgado se alargaron más de lo habitual porque las defensas solicitaron consultar la información más comprometedora contra sus clientes pese a que el sumario estaba -y sigue estando- bajo secreto. Esto supone una novedad más o menos reciente en la práctica judicial. Se trata de una directiva de la Unión Europea de hace unos años y que ya tiene pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Si los letrados lo piden, se debe permitir acceder a parte de la documentación que compromete la presunción de inocencia de su cliente. Todo esto, evidentemente, retrasó las vistas porque en todos los casos en los que se solicitó la prisión, se optó por esta fórmula para que no se pueda alegar más tarde indefensión.
La decisión dio una idea de la envergadura de la trama que se analiza en el órgano judicial donde se investiga una trama urbanística que habría pagado alrededor de diez millones de euros en comisiones. Los delitos que se les atribuyen son los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal, según informó el TSJ en un comunicado.
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