Rafa Rubio cobrará 23.493 euros al año pese a estar en prisión provisional

La concejalía delegada de Personal, que dirige Luisa Notario (Compromís), aprobó el pasado día 8 una resolución según la cual se suspende de funciones a Rubio hasta que salga de prisión. Al día siguiente de su salida, eso sí, tendrá que acudir al Consistorio. Aunque había sido el mismo Rubio quien había pedido su reingreso a través de su abogada, el Ayuntamiento decreta que es «un acto de contenido imposible» porque no puede acudir a su puesto de trabajo.

Sin embargo, el artículo 165.1 de la nueva Ley 4/2021, de 16 de abril, establece que el personal suspenso tendrá derecho a percibir durante la suspensión provisional «las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hija o hijo a cargo», lo que para Rubio suponen 23.493 euros (aunque en la resolución hablaban de 50.000), sueldo básico del puesto de trabajo de geógrafo adscrito al servicio de Devesa-Albufera.

Personal ha resuelto la situación de Rubio sin necesidad de llevarlo a junta de gobierno, tal como ha podido saber este diario. La resolución de personal es firme y se evita el trámite en la reunión de los viernes, donde el PSPV tendría que votar a favor o en contra. Fuentes consultadas por este diario explicaron que los socialistas votarían lo que dijera la delegación de Personal, que es quien conoce a la perfección las leyes que se aplican en cada caso.

En este, eso sí, el trámite se ha alargado en el tiempo casi un mes porque había ciertas dudas. La abogada de Rubio pidió su reingreso el 18 de mayo, cinco días después de que fuera cesado como subdelegado de Gobierno tras la detención en el marco del caso Azud. Rubio estaba en situación de servicios especiales, pues había salido del Consistorio en verano de 2020 tras cinco años como coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento con rumbo a las oficinas de Joaquín Ballester. Tras su cese, tenía un mes para solicitar su reingreso antes de ser declarado en excedencia voluntaria, lo que se hizo con celeridad.

Sin embargo, los servicios jurídicos municipales han tenido que analizar si la petición «reúne o no los requisitos para su admisión a trámite y, en su caso, su posterior resolución», tal como figura en el documento al que ha tenido acceso este diario. La respuesta es que sí, aunque Personal ha tenido que acudir incluso a dictámenes del Consejo de Estado para saber si era imposible el reingreso de Rubio a su puesto de trabajo. Cosas de la administración, porque el exsubdelegado permanece en prisión: «No está en disposición física y/o material de desempeñar las funciones inherentes inherentes a su condición como funcionario».

El informe tampoco considera que Rubio pueda ser declarado en excedencia voluntaria, lo que evitaría pagar los 50.000 euros al año, porque la prisión provisional «puede levantarse en cualquier momento en que la autoridad judicial considere». En ese caso, el perjudicado sería el funcionario, que estaría en excedencia y no podría volver a su puesto de trabajo. «Procede, por tanto, dejar en suspenso la solicitud de reingreso al servicio activo mientras el referido funcionario permanezca en situación de prisión provisional con reserva de su puesto de trabajo», dice la resolución, que dice que es «la única solución que se antoja jurídicamente viable».

Rubio, por tanto, se queda en suspensión de funciones, lo que le permite cobrar parte de su sueldo: el salario base más los complementos por hijo. Son poco más de 50.000 euros al año. Está por ver qué pasará cuando vuelva al Consistorio o si es condenado en firme. Rubio es una persona muy apreciada en el Ayuntamiento, sobre todo en el grupo municipal socialista, por lo que no sería descabellado pensar que si fuera exonerado de cualquier culpa pudiera volver a desempeñar un papel importante dentro del organigrama que dirige Sandra Gómez. Si no, siempre puede volver a su plaza en propiedad, en el servicio de Deve-sa-Albufera, donde es geógrafo. Si fuera condenado, según distintas fuentes, habría que revisar la suspensión de funciones. La ley dicta que si la condena es superior a seis meses, perderá su puesto de trabajo, pero podrá pedir el reingreso.