La exalcaldesa de Redován niega el fraccionamiento de contratos de luz
El Ministerio Fiscal acusa a Bas y dos exediles de fraude y prevaricación por no licitar el contrato y aprobar los pagos con reparos de Intervención
Joaquín Andreu Esteban
Jueves, 4 de febrero 2016, 01:53
La exalcaldesa de Redován, Leticia Bas, acudió ayer a declarar al juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela dentro de la causa que se sigue contra la que fuera primer edil socialista y dos componentes de su equipo de gobierno, Encarna Heredia y José Manuel Cartagena. El motivo fue haber dado el visto bueno a miles de euros para el pago de facturas en el mantenimiento del alumbrado público y también en otros servicios como instalaciones de tendidos para la realización de fiestas en la legislatura del 2007 al 2011 como componentes de la Junta de Gobierno Local.
Los tres acudieron ayer al Palacio de Justicia oriolano para dar cuenta ante el magistrado y el fiscal Anticorrupción de unos hechos que denunció el actual concejal de Hacienda, Adrián Ballester, el pasado mes de mayo y Bas negó haber cometido irregularidades en el procedimiento. El Ministerio Fiscal los llamó a declarar dentro de la investigación para esclarecer si hubo un presunto fraccionamiento de contratos en favor de la empresa Electrosolar Peñalver, cuyo responsable fue Carlos Peñalver, vinculado a la actual portavoz socialista Silvia Pizarro. Este iba de suplente asimismo en las listas del PSOE de las pasadas elecciones municipales y formó parte de la candidatura de Bas del 2007. La denuncia de los populares se fundamentó en el pago de diversas remesas en esas anualidades por importes que oscilaron desde los 31.875 euros a los 70.543. El equipo de gobierno de Emilio Fernández entendió que tuvo lugar una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público al no haber realizado una licitación del servicio mediante un concurso público y evitar la posibilidad de que otras empresas presentasen sus ofertas. Asimismo estos pusieron en conocimiento de la Justicia que los pagos librados por la JGL contaban con los reparos de la interventora municipal.
El fiscal asumió las tesis de los denunciantes y acusó a los tres de la comisión de un presunto fraude y prevaricación además de que no hicieron un proceso administrativo para evitar que las cuantías fueran mayores de 50.000 euros y hacer adjudicaciones directas con contratos menores.
