El Verger prorrogará los presupuestos de 2015 al intervenir el Gobierno las cuentas

El ambiente político en el municipio se ha caldeado a raíz de la orden de la subdirección general de Estudios y Financiación de Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda, por la que van a intervenir los presupuestos de El Verger de los próximos cinco ejercicios, lo que obliga al ejecutivo local a prorrogar de momento los de 2015. El motivo es que el consistorio ha incumplido magnitudes económico-financieras del plan de ajuste de 2014. Según el líder de Compromís y edil de Hacienda, Basili Salort, el momento escogido a pocos días de las elecciones generales es significativo y "sospechamos que es una venganza del PP por haber perdido el pueblo" en los comicios de mayo.

El concejal explicó que la notificación se recibió a última hora del viernes y que el equipo de gobierno (en que el también está el PSPV y un edil independiente) se enteró el lunes de esa medida, que supone "un recorte a la autonomía local y una intervención de facto".

Salort incidió en que el ayuntamiento tendrá que someterse a un informe "vinculante y preceptivo" de las cuentas de los cinco próximos ejercicios". Eso obligará a prorrogar los presupuestos de 2015 y entregar a la subdirección general los de 2016 para que los revise. Un documento que iba a pasar por pleno a final de meses, recalcó el responsable de Hacienda de El Verger.

Al respecto, el concejal subrayó que todavía no sabían "la letra pequeña" ni "qué partidas nos recortarán". Según señaló es como "entrar en un pozo y no se ve la luz. Todo es incertidumbre e inseguridad". Lo que sí tenía claro es que "esta legislatura la tenemos hipotecada".

Basili Salort puso de relieve que toda la problemática se debe a la "mala gestión del PP" y ahora "el pueblo es el principal perjudicado". El concejal comentó que al llegar había 900.000 euros en facturas pendientes de pago y que el nuevo gobierno local estaba empezando a cumplir y tenían buenas previsiones de ingresos para ponerse al día lo antes posible. Eso sin dejar de lado el contar con unos presupuestos más sociales y con inversiones.

En cambio, esos planes se han ido de momento al traste ya que "para el ministerio no somos un pueblo, somos números rojos".

Por su parte, el alcalde, el socialista Ximo Coll, apuntó en que la intervención de las cuentas coincidía "justo cuando los números empezaba a cuadrar" ya que de la deuda pendiente del pasado año ya están abonando facturas de noviembre. Y añadió que a partir de este momento lo tienen que hacer es esperar al informe del ministerial, "pero con los presupuestos prorrogados", y ver qué dicen del que tenía preparado para 2016.

Mientras eso ocurre "seguiremos trabajando", afirmó el munícipe, aunque la medida "nos tenga atados los próximos años". No obstante, Coll intentó quitarle hierro al asunto y dijo "nos han dado un toque, pero no quiero ser alarmista".

Reacción de los populares

Los populares, en el centro de todas las críticas, insistieron en que el ayuntamiento no está intervenido, "sólo los presupuestos, que los revisarán", y en que se va a poder seguir pagando a los proveedores. Tanto Miguel González, exalcalde y edil, como José Enrique Moncho, portavozdel PP, hicieron hincapié en que el motivo que ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión "no se debe a facturas impagadas" del anterior ejecutivo, sino que radica en un incumplimiento del plan de ajuste de 2014, en el que figuraba que el consistorio iba a vender unas parcelas de la UE-2 por unos 250.000 euros que finalmente no se produjo.

Moncho detalló que para enajenar parcelas para reducir deuda financiera se debe pedir autorización al ministerio y que ellos lo hicieron después de aprobar las cuentas para ese año. Sin embargo, en diciembre del pasado año les respondieron que a quien tenían que comunicarlo era a la delegación de Alicante y no a Madrid, como habían hecho.

Este retraso provocó el cierre del ejercicio sin vender esas parcelas de titularidad municipal y sin ingresar el dinero previsto. Y es ahí, según el exalcalde y el portavoz, donde surge el problema que provoca la "reprimenda" del ministerio al consistorio.

Además, a Miguel González y a otros militantes populares de la localidad también les ha molestado que el Gobierno remitiese la orden justo a las puertas de las elecciones generales.