La oposición de Alboraya tumba el plan general tras una década de trabajo y un coste de un millón de euros
La última propuesta del ejecutivo socialista, en minoría, que se ha llevado a la comisión de Urbanismo proponía reducir el suelo urbanizable un 46%
ada dasí
Alboraya
Miércoles, 29 de septiembre 2021, 23:41
No ha podido ser. Las cuentas ya no le salían al equipo de gobierno socialista de Alboraya para sacar adelante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que iba a sentar las bases del desarrollo del municipio en los próximos 25 años. Una década de trabajo y un coste de un millón de euros se van al traste después de que la oposición al completo tumbara la propuesta en la comisión de Urbanismo celebrada esta tarde.
En ella, se ha explicado que se han aceptado 55 alegaciones al plan, de las 524 presentadas, y se han denegado otras 122, mientras que 347 se han aprobado parcialmente. El resultado final ha sido una nueva reducción del suelo de los sectores urbanizables del 46 % respecto al asignado por el Plan Especial de Protección de l'Horta, el último cartucho del ejecutivo socialista.
A pesar de ello, la propuesta no ha calado entre los grupos de la oposición que no han aprobado las alegaciones y por tanto, el nuevo PGOU se ha quedado en un quimera. La concejala de Urbanismo, Ana Bru, ha señalado que "no ha servido de nada todo el trabajo de diez años porque los documentos que avalan el plan caducan en el mes de diciembre".
Consecuencias
Bru señala que con esta decisión se quedan en el cajón los proyectos del nuevo instituto, "porque no existe un terreno suficiente para su construcción en el casco urbano" y del colegio Ausiàs March, "cuyo proyecto, ya redactado, lo ubica ahora en huerta protegida".
"Volvemos a la legislación que teníamos en 1991 y esto implicará, por ejemplo, que en el casco histórico se puedan derribar casas tradicionales para construir fincas de cuatro alturas porque no existe catálogo para protegerlas", añade, y explica que el PRI del centro histórico está incluido dentro del PGOU, como se aprobó en 2011.
El dictamen de la comisión de Urbanismo sobre las alegaciones ha sido desfavorable lo que implica que el plan no puede seguir adelante
También supone decir adiós a las viviendas protegidas que en los diferentes sectores de expansión se cifraba en un porcentaje del 30% para evitar que los jóvenes tengan que buscar residencia fuera del municipio, y el parque agrario de la zona de Peixets.
Proceso
La responsable de Urbanismo recuerda que en la legislatura pasada el cuatripartito decidió por consenso recoger el trabajo hecho por el anterior gobierno popular y adaptarlo a la legislación vigente para no perder los estudios preliminares. "Del millón de metros cuadrados de expansión lo hemos reducido a 160.000, con la protección del 75% de la huerta", apunta.
La edil contesta a las reivindicaciones de algunos grupos de la oposición que pretenden dejar el crecimiento a cero. "El equipo redactor explica la imposibilidad de hacer un Plan General sin ningún crecimiento, ya que las dotaciones y el parque público se obtienen de los nuevos aprovechamientos de los particulares y además el suelo urbano que delimita el actual plan de 91 está agotado".
Además, destaca que fue Alboraya la que "propició un cambio legislativo para que los pueblos con más de la mitad de su término de huerta protegida tuvieran la obligación de destinar menos metros cuadrados a parque público".
El cuatripartito de la legislatura pasada retomó el proyecto del gobierno popular para aprovechar los informes preliminares
La conclusión del informe del equipo redactor explica que el documento presentado "garantiza sobradamente el cumplimiento de la ley para respetar al máximo todos los objetivos de protección de la huerta y del patrimonio, sin lesionar los derechos de los propietarios en absoluto y respetando los del conjunto de los y las alboraienses, actuales y del futuro, a la educación, a la vivienda digna y asequible, al trabajo, al acceso a los servicios, a la movilidad sostenible y segura, y a la conservación de todo su patrimonio, para los próximos 25 años".
A pesar de las reuniones del equipo de gobierno con los grupos políticos y los diferentes procesos de exposición pública de 2011 y 2019, en el que estuvo seis meses al alcance de los ciudadanos, el dictamen de la comisión ha sido desfavorable.
