Jorge Galindo: «A la izquierda le falta decir que construir es progresista y a la derecha, qué tipo de barrios quiere»

«A mí me va muy bien en la vida, estoy en el tope de mi profesión, tengo un empleador estupendo, buenos ingresos; mi pareja también, no tenemos deudas… y aun así teníamos que andar viendo qué nos podíamos permitir y qué no. Pensábamos: si esto es así para nosotros, ¿cómo será para quienes no están en esta situación?», explica a LAS PROVINCIAS en la cafetería del Hotel Meliá en la plaza del Ayuntamiento.

Esa fue, reconoce, una de las grandes motivaciones que se esconden tras 'Tres millones de viviendas. Cómo pasar de la escasez a la abundancia (Debate, 2025)', un ensayo que desmonta fatalismos y propone un horizonte: facilitar el acceso a tres millones de viviendas a lo largo de la próxima década. Un planteamiento que nace de un dato del INE: sólo entre 2024 y 2039 se crearán 3,7 millones de nuevos hogares en un país, el nuestro, donde el 66% de jóvenes de 18 a 34 años sigue viviendo con sus padres (la media europea es el 50%). A ello se suma un contexto en que la oferta no crece, los salarios se estancan y la inmigración y la movilidad interna hacia ciudades dinámicas como Valencia se aceleran.

Galindo no es optimista en el corto plazo si no se actúa con celeridad. Ante la pregunta de si la situación es sostenible —alquileres que exigen más de medio sueldo y un horizonte de 14 años de ahorro razonable para acceder a una vivienda—, responde sin rodeos: «Ahora mismo puede pasar que llegue una recesión y la demanda caiga porque la gente ya no pueda ni siquiera pensar en comprar». También podría producirse un aumento de tensión social, explica, con efectos imprevisibles.

Pero su pronóstico inmediato es otro: «Puede pasar perfectamente que se cronifique el problema actual, que simplemente nos encontremos en este equilibrio indeseable durante muchos años». Y ese escenario, alerta, «es el más probable». En su diagnóstico, el país está atrapado en un círculo cerrado: ciudades donde la demanda no deja de crecer, oferta estancada y presiones políticas que avanzan por carriles ideológicos totalmente separados. «Estamos dispuestos a descubrir hasta dónde llega esto, por desgracia», lamenta.

Ese bloqueo se refleja como un espejo deformante en la conversación pública. Mientras la izquierda insiste en el control de precios o en limitar el uso de vivienda como inversión; la derecha se centra «sólo» en construir más. Pero Galindo cree que ambos diagnósticos están incompletos. «A la izquierda le falta decir que construir es progresista», resume. No sólo por volumen, sino por poder generar espacios asequibles allí donde la gente quiere vivir. «Y a la derecha le falta pasar de pensar en construir porque sí, a pensar en cómo son las nuevas ciudades que queremos tener: qué tipo de barrios, qué mix social, qué infraestructura pública necesitamos».

Lo que sí descarta es cualquier política que reduzca oferta: «No necesitamos en ningún caso políticas que detraigan oferta, como el control de precios del alquiler», afirma. En cambio, sí cree en herramientas para incentivar el alquiler estable. «A la derecha, por ejemplo, le falta hablar de un seguro público de alquileres, como ha hecho la izquierda. Es una política eficaz que da comodidad al propietario y seguridad al inquilino».

Además, su mapa urbano ideal no es abstracto, intangible, ni nada que esté por probar. Blasco Ibáñez, Amistad, Manuel Candela, Ramón Llull o la avenida Aragón inspiran su respuesta en Valencia. «Son zonas densas, agradables, con verde, comercio y altura. Ya lo hemos hecho y no hace tanto». Para él, el debate no es densidad sí o no, sino densidad bien hecha. Lo que falta —propone— es repensar el transporte público y la mezcla de usos.

Si imaginara un barrio nuevo desde cero, sería más vertical, con más zonas verdes, más equipamientos públicos y menos carriles por los que circula un tráfico que, en su opinión, debería reducirse con alternativas realistas. «Sabemos combinar zonas verdes con altura. Sabemos combinar altura con centros de salud. Incluso, siendo más osados y pensando a largo plazo, en Londres se ha construido con nuevas paradas de metro debajo».

Y sobre todo sabe lo que impide que existan esos barrios: el tiempo administrativo, la vivienda como pesadilla burocrática. Y la historia que más le impacta está en Valencia: «Los cuarteles de Artilleros y de Ingenieros llevan abandonados décadas. Yo me colaba ahí de adolescente, y acaban de terminar ahora la urbanización básica. Veinticinco años después. No tiene ningún sentido». Lo mismo con un suelo para 1.000 viviendas en el área metropolitana cuyo proyecto tardó ocho años en consolidarse sobre el papel: «Ese tiempo importa a la ciudadanía y las empresas. Los incentivos para promover disminuyen drásticamente cuando un proyecto se eterniza».

Le preocupa también la acumulación de informes, alegaciones y pasos duplicados. «Cada informe extra es una parcela de poder. Renunciar a ella es costoso para cualquier instancia administrativa, pero tenemos que hacerlo si de verdad creemos que la vivienda es una prioridad». Además, menciona el anteproyecto de Ley del Suelo —paralizado— como ejemplo de normativa que intentaba precisamente «quitar barreras y puntos de veto que ahora cuestan demasiado».

Otro de los hilos centrales del libro es la brecha generacional: desde 2008, el poder adquisitivo de los menores de 35 años retrocede mientras el de los mayores de 50 se fortalece. A ello se suma que los nacidos en los setenta, la cohorte más numerosa, está a punto de jubilarse. En ese sentido, los jóvenes —menos y con menos renta— deberán hacerse cargo de pagarle a la generación superior la pensión y el alquiler de una propiedad que les costó menos conseguir que ahora. ¿Por qué se culpa entonces a los jóvenes de no saber gestionar su dinero? «Los datos del INE son claros: gastan menos ahora que antes en casi todo menos vivienda. No se sostiene que gasten más en ocio. Es incontrovertible».

Su propuesta para evitar una guerra generacional es directa: redistribuir inversión pública hacia vivienda, movilidad y educación infantil. «Si faltan plazas de 0 a 3 años, no sirve de nada subvencionar si no se amplían. Si el Cercanías llega tarde, no lo vas a usar ni gratis. Y si la vivienda es escasa y no se construye, los precios seguirán subiendo».

Recalca que la mayor parte de la gente mayor quiere que a sus hijos les vaya mejor, pero la sociedad debe aceptar que ese reequilibrio tiene costes: «Quizás tu vivienda no vaya a subir tanto de valor porque van a hacer un bloque de viviendas al lado. Vale la pena porque a largo plazo es mejor para la sociedad». Y en el plano electoral, el cálculo es evidente: «La gente joven es menos y vota menos. La herramienta que les queda es que su voto esté más correlacionado con lo que necesitan, no con gafas ideológicas».

La inmigración, por otra parte, añade presión a un sistema sin capacidad de absorción, pues sólo en 2023 la migración externa neta fue positiva en 642.296 personas. «Si hay gente que quiere venir o que se mueve dentro de España hacia ciudades dinámicas, ¿por qué demonios no queremos darles un lugar?». Le sorprende que no exista un debate sobre eliminar trámites que retrasan proyectos y menciona el caso de Pamplona, que en 2024 hizo un autoanálisis de eficiencia administrativa. «Ese espíritu debería extenderse».

Y sobre limitar compras de extranjeros, evita maximalismos: «Es una casuística muy heterogénea, no es lo mismo Asturias que Alicante, que tiene casi un 50% de compra extranjera. Ahí puede tener un peso importante en los precios. Políticas como las de Canadá o Australia —impuestos a no residentes— han funcionado sin frenar la oferta. Vale la pena considerarlas en zonas concretas, pero no resuelven el problema grande».

Y sobre limitar el número de viviendas por propietario, lo deja claro: el eje no es la tenencia, sino el uso. «Si alguien tiene muchas viviendas pero las pone en alquiler de largo plazo donde hay demanda, es algo bueno». En ese sentido, propone usar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para propiciar el acceso a quienes aún no han podido comprar: «Primera vivienda para quien no tiene patrimonio: cero. El objetivo no debe ser entorpecer la acumulación, sino facilitar la entrada».

La vivienda pública ocupa un capítulo propio. «En los ochenta y noventa se construía entre un 20% y 30% de vivienda protegida. Eso es razonable», explica. El problema es que la VPO española termina en manos privadas, lo que resta capacidad de intervenir en momentos de tensión. «El poder de incidir en los precios no te lo da el BOE, te lo da tener vivienda pública».

España tiene apenas 320.000 viviendas de alquiler social (1,5% del parque principal). La media europea es un 8-9%. «Sólo con duplicarlas ya estaríamos mucho mejor». Si bien, sin una estrategia potente de vivienda social, asegura, no hay salida. Pero advierte que implica aprender a gestionar un modelo más complejo que la VPO tradicional.

Galindo también aborda fenómenos como los alquileres fraccionados en habitaciones minúsculas o condiciones indignas. «Siempre habrá gente que quiera aprovecharse. Hay que perseguirla, por supuesto. Pero la razón de fondo es que el espacio físico es escaso. Si lo mantienes escaso, el incentivo para incumplir crece». La solución: abundancia.

Y sobre cómo y hacia dónde pueden crecer las ciudades, matiza que no se puede pensar sólo en límites municipales: «El área de demanda relevante de Valencia incluye Benetússer, Godella, Paterna o Torrent. La ciudad no es el término municipal». En Barcelona, recuerda un estudio del Institut Cerdà que identifica que caben entre 26.000 y 52.000 viviendas potenciales en la región metropolitana.

Además, este crecimiento deberá venir sí o sí de la mano del transporte: «Tokio es un buen ejemplo de cómo un sistema metropolitano extenso y fiable permite crecer sin generar una congestión insoportable». Como caso contrario, cita Bogotá —donde vivió seis años y medio—: «Diez millones de habitantes sin metro. Las deseconomías de escala son brutales».

Para finalizar, lanza un mensaje a las instituciones. Si él fuese ministro, lo primero que haría sería revisar todas las normativas y su efecto real sobre la capacidad de movilizar vivienda. «Ver qué está haciendo más difícil poner en marcha vivienda pública o privada y quitarlo». El problema, añade, es un sistema competencial compartido donde nadie quiere asumir el coste político de construir en su municipio. «Siempre quieres que lo haga el de al lado». La clave, dice, está en reforzar la capa metropolitana sin crear nuevas barreras. «Gestionar 70 municipios distintos con demandas similares no tiene sentido. Pero claro, eso implica renunciar a poder. Y ahí está el verdadero bloqueo».