Al puerto de Valencia se le acumulan los frentes abiertos

La dimisión este miércoles del hasta ahora director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Enrique Belda, que se suma a las renuncias voluntarias de los últimos meses, ha sido uno de los últimos puntos de desestabilización en incorporarse a la ristra de problemas acumulados. El otro, también anunciado esta semana, es la revocación de la concesión otorgada a Baleària para ubicar la nueva terminal de pasajeros de cruceros, lo que implica volver a la casilla de salida tras varios años de negociaciones.

A estos dos 'enanos' surgidos se suman otros que ya llevaban meses pululando. Se trata de la mancha reputacional desencadenada a finales de septiembre a raíz de la macrooperación 'Spider' contra el tráfico de droga a gran escala y el blanqueo de capitales, que se saldó con más de 80 detenidos, entre los que se encontraban estibadores, empresarios, aduaneros y transportistas corruptos. Y también hay otro caso que apunta directamente a la presidenta de la APV, Mar Chao. La Oficina de Conflicto de Intereses investiga el del cobro de dietas irregulares derivadas de viajes laborales, tal y como informó 'eldiario.es' en septiembre de este año.

Chao fue despachando una a una los distintos problemas mencionados durante su intervención ante los medios de comunicación de este miércoles, en la que restó importancia a algunas de ellas. Además, se centró también en remarcar algunos de los aspectos positivos de su gestión al frente del organismo público, como los avances en las obras para mejorar el puerto, la llegada de una base logística de Toyota al puerto de Sagunto y la colaboración y sintonía con el Ayuntamiento del 'cap i casal'.

El relevo en la dirección general de la APV se certificó este miércoles en el consejo de administración de la entidad pública. Enrique Belda, que ha ocupado el cargo desde diciembre de 2023, decidió presentar su renuncia voluntaria para volver a un puesto en el Ministerio del Interior, tal y como explicó Chao en declaraciones a los medios. «No tengo nada que apuntar respecto a decisiones personales. Se ha dado en perfecta colaboración y en perfecta sintonía», agregó. Fuentes cercanas a Belda señalan, sin embargo, que la relación llevaba tiempo enquistada y que el carácter de ambos chocaba.

En su lugar entrará Aurelio Acedo, un hombre que lleva más de cuatro años en el área de explotación de la empresa y que era jefe de seguridad operativa.

La dimisión de Belda se suma a la de otros cargos del organigrama del organismo público. El subdirector de Explotación y Organización, Rubén Marín, decidió marcharse a dirigir el puerto de Vigo a finales de septiembre. También la jefa de la Oficina Técnica y Planificación del organismo público, Carmen García Vilar, y la dirigente del departamento Económico Financiero, María Jesús Calvo, optaron recientemente por abandonar su puesto. En este sentido, el primero en abandonar el barco fue Manuel José García, que se marchó a dirigir el puerto de Castelló solo un mes después de la llegada de Chao por las desavenencias con esta.

Otro de los focos de tensión está relacionado con la nueva terminal de pasajeros de cruceros. En noviembre de 2022, la APV adjudicó a Puerto Natura Valencia SL, filial de Baleària, la construcción y explotación de este espacio. Pero las obras estaban paralizadas y, este miércoles, Chao anunció que había sido revocada.

Baleària, en un comunicado respetuoso, pero que dejaba entrever su malestar, lamentó que tendrán que seguir operando en una «zona precaria, muy por debajo de los estándares de calidad habituales».

La decisión de deshacer el camino normativo seguido se explica, según el puerto de Valencia, por los «cambios experimentales en los tráficos, en las necesidades de maniobrabilidad de los nuevos buques y en la conectividad de Valenciaport con otros puertos».

También a finales del mes de septiembre, la policía sacudió la honorabilidad del recinto portuario. Una macrorredada contra el tráfico de cocaína a gran escala y el blanqueo de capitales se saldó con la detención de 80 trabajadores, entre los que se encontraban estibadores, transportistas y aduaneros, entre otros.

La investigación judicial, que está declarada secreta, se inició a finales de abril de 2024 y ha permitido la retención de cerca de cuatro toneladas de cocaína. Las pesquisas determinaron que el denominado cártel del puerto de Valencia funcionaba como «una organización criminal en red con diferentes ramas o facciones separadas a modo de celdas o compartimentos estancos con funciones diferenciadas», según precisaron fuentes jurídicas.

La afectación de la reputación, sin embargo, también tiene una lectura positiva y es que, estas detenciones, son consecuencia de una mayor vigilancia y un mayor control de las instalaciones. De hecho, en el consejo de administración de este miércoles, se suscribió un convenio con la Guardia Civil para regular las ocupaciones de dominio público de la benemérita dentro de los tres puertos.

El cuarto frente abierto desde que comenzó el curso es el de las dietas de la presidenta. Tal y como informó 'eldiario.es', la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del Ministerio para la Transformación Digital, abrió una investigación para averiguar si Chao ha cobrado dietas o indemnizaciones provenientes de viajes de trabajo.

Al respecto, Chao defendió que no hay ningún movimiento ilegal y que, desde la APV, se están unificando criterios para tener una redacción conjunta entre los tres puertos. «Hay que adaptar los procedimientos internos y la aplicación informática, porque tenemos una de gestión de dietas que es automatizada y que es la que utilizamos los altos cargos», matizó.

Su comparecencia ante los medios de este miércoles sirvió, pues para que Chao diera las explicaciones oportunas a todos los frentes abiertos en los últimos meses. Queda por ver si los enanitos se esconderán definitivamente o si seguirán pululando por el recinto portuario.