El Consell pierde el derecho a cobrar 5,5 millones en impuestos al expirar plazos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia al Congreso a los Diputados. / EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia al Congreso a los Diputados. / EFE

El Ministerio de Hacienda achaca a la falta de personal el problema y reclama a la Generalitat la incorporación de más técnicos tributarios

ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA.

La falta de personal en la gestión de tributos de la Generalitat sigue causando estragos en la recaudación, que en el pasado año 2017 sufrió su mayor descalabro de los últimos siete años en lo que se refiere al cobro de impuestos adeudados por los contribuyentes. En concreto, las arcas valencianas se han quedado sin ingresar 5.508.000 euros por no exigir el pago de deudas pendientes en el plazo correspondiente de cuatro años, que es el tiempo que tiene la administración para ejercer su derecho de cobro. Esta cantidad proviene en su mayor parte de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Así se desprende del informe anual del Ministerio de Hacienda sobre 2017, emitido el pasado mes de julio, y donde analiza la labor de los organismos tributarios de cada administración autonómica. Tal y como ya adelantó LAS PROVINCIAS, en el documento se insta al Instituto Valenciano de la Administración Tributaria (IVAT) a incrementar el número de trabajadores para poder asumir todas las inspecciones -la palabra técnica es liquidaciones de expedientes-.

Hay que señalar que los 5,5 millones de euros que la Generalitat ha perdido en el pasado ejercicio corresponden a expedientes que sí han sido revisados por la administración y de los cuales tenía conocimiento, a diferencia de aquellos tributos que se dejan perder por el mero hecho de no haber pasado siquiera por la fase de inspección. El Ministerio de Hacienda achaca esta pérdida en la recaudación -tanto por no exigir el pago de deuda como por no revisar todos los expedientes- a la necesidad de personal técnico en las Oficinas Gestoras del IVAT, además de por el cambio en el método de valoración de inmuebles establecido en 2016 por un tribunal para el cobro de las transmisiones patrimoniales.

La revisión de los expedientes de Sucesiones ha bajado un 42% en 2017 y un 71% en 2016

«El descenso en el número e importe de las liquidaciones es consecuencia, tanto de los problemas relacionados con la aplicabilidad del medio de comprobación por aplicación de coeficientes al valor catastral y al cambio del sistema de revisión [...] como de la contracción de medios técnicos personales en el ámbito de los centros gestores», indica el documento.

La carencia de técnicos ha sido siempre una constante en este organismo, sin embargo, dicha situación se agravó en 2016 cuando la Conselleria de Hacienda decidió cesar a 38 técnicos interinos, el 60% del equipo en ese momento. Tras aquella decisión, el IVAT ha incorporado a 21 personas de categoría A2, que aprobaron la Oferta de Empleo Público pero que, según el ministerio, sigue siendo insuficiente. «No debe dejarse de lado la necesidad de iniciar procesos selectivos para personal del Grupo A1 que pueda ejercer las funciones directivas del IVAT», determina el informe.

En cuanto a las deudas que se han dejado sin cobrar desde 2011 -hasta donde se han conseguido datos disponibles-, el año 2017 ha sido el peor al quedarse sin cobrar el 28% de los 19,6 millones de euros que se han perdido en los últimos siete años. El segundo peor ejercicio fue 2014, cuando se quedaron sin cobrar 4,5 millones de euros. En 2011 fueron 2,9 millones; 2013 se situó en 2,05 millones; 2016 en 1,78 millones; en 2015 se perdieron 1,72 y en 2012 fueron 1,1 millones.

Otros de los datos más llamativo- son los relativos a los expedientes del Impuesto de Sucesiones. El número de carpetas revisadas en las oficinas gestoras -las que pertenecen al IVAT- cayó en un 42% al pasar de 7000 a 4000 en el pasado ejercicio, mientras que las pendientes de revisión han aumentado un 35%. En cuanto a este impuesto en 2016, las revisiones bajaron un 71% respecto a 2015.

Del mismo modo, la demora en la revisión en ese año pasó de los 24 meses a los 115. «Este significativo aumento de la pendencia es el resultado fundamentalmente de la minoración del personal técnico tras la amortización de plazas producida durante el ejercicio que no ha podido ser compensada con la prevista creación de 65 puestos de A2», sentencia la intervención.

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