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José Andreu Calvo, tendido en la cama y atendido por su hijo Juan, ayer. damián torres

«No se puede mover y toma el agua con jeringuilla, pero ni lo han valorado»

José Andreu Calvo lleva casi dos años esperando las prestaciones de la dependencia, necesita ayuda para comer o levantarse de la cama y ha contratado a una asistenta personal

daniel guindo

Sábado, 25 de julio 2020, 00:30

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Formó parte del cuerpo de carabineros durante la Guerra Civil española. Trabajó como camionero y dejaba a su familia durante largos periodos de tiempo para poder mantenerla. Perdió a un hijo de 22 años y enviudó demasiado pronto. Pero nada de eso importa ya. Ahora, a sus 98 años de edad –en septiembre alcanzará los 99– José vive postrado en una cama y necesita ayuda para todo, aunque el auxilio que le corresponde, previsto en la normativa desarrollada por la Ley de Dependencia, no llega y empieza a ser demasiado tarde.

La familia de este vecino de Valencia tramitó en septiembre de 2018 –de eso hace ya casi dos años– las ayudas para promocionar la autonomía personal contempladas en la legislación nacional y, al menos hasta ayer, ni siquiera los técnicos de los servicios sociales municipales habían acudido a su domicilio para valorar su caso.

"Mi abuelo era muy fuerte, con 90 años todavía conducía. Pero cuando pegó el bajón pedimos las ayudas. ¿Quizás no tendríamos que haber tardado tanto? ¿Tendríamos que haberlas pedido cinco años antes, aunque en ese momento no las necesitara? ¿Así funciona nuestro país y nuestra comunidad autónoma?", se pregunta Irene, su nieta, que cansada de esperar ha decidido hacer pública su situación.

"Lo único que mi abuelo tenía algo claro cuando solicitamos la prestación era que no quería abandonar su casa, su hogar. Y mientras esperábamos, contratamos la teleasistencia en casa con Cruz Roja. Del andador pasamos a la silla de ruedas, luego a la cama articulada elevable, poco después tuvimos que contratar a una persona interna para que viviera con él, más tarde el váter portátil, durante el confinamiento una grúa y ahora un colchón antillagas. En estos momentos necesita ayuda hasta para beber agua, se la tenemos que dar con una jeringuilla. Y también la comida", lamenta la joven, visiblemente afectada al constatar la situación en la que se encuentra su abuelo.

Pero siguen sin noticias de la administración autonómica y local. "A mi padre le dijeron que vendrían en Navidades, luego que después y más tarde que se había paralizado. Nadie coge el teléfono. Me presenté en los servicios sociales, hablé con la asistenta y me mostró su extrañeza, pero nadie nos llama. Yo no sé lo que va a durar pero, mientras tanto, vamos tirando de los recursos familiares. La asistente que tiene ahora la pagamos nosotros, con su seguridad social y sus pagas, pero mi abuelo ni siquiera se la puede desgravar en la declaración de la renta, que le sale a pagar", clama Irene ante lo que considera una injusticia en toda regla.

De hecho, en plena pandemia de Covid-19 creían que ya perdían al anciano. "Hace una semana estuvo ingresado en el hospital varios días por una neumonía que le había afectado a los pulmones. Le hicieron dos veces la prueba del coronavirus, pero dio negativo, y al final pudo recuperarse", detalla la joven, para poner en valor la fortaleza de su abuelo, "un gran hombre, bondadoso y siempre agradecido, el que siempre ha dado todo por los demás y ahora nos necesita".

Listas de espera

En la actualidad, cerca de 27.000 solicitantes de las ayudas a la dependencia se encuentran en lista de espera en la Comunitat, prácticamente un millar más que los usuarios sin prestación que se contabilizaban en marzo, según los últimos datos difundidos por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Sin embargo, son ya más de 96.000 los beneficiarios de este tipo de ayudas en la región.

De hecho, el tiempo medio que tienen que esperar en la Comunitat los solicitantes de ayudas a la dependencia para recibir alguna de las prestaciones previstas en la normativa, es de alrededor de un año y medio –o más concretamente, 536 días–, un plazo que triplica el máximo legal establecido en seis meses. Así lo recogía un exhaustivo informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales y presentado a finales del pasado año que constata que la región forma parte del vagón de cola de las autonomías con más demoras, sólo superada en retrasos por Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña.

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