Padres de toda la Comunitat se unen contra la Ley de Plurilingüismo

Protesta contra el decreto plurilingüe organizada por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua. / efe
Protesta contra el decreto plurilingüe organizada por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua. / efe

Las organizaciones críticas con el modelo pedirán al Gobierno que exija cambios en los artículos «que impiden el ejercicio de derechos constitucionales»

J. BATISTA VALENCIA.

Las organizaciones de padres que en los últimos años se han opuesto a la política lingüística de la Conselleria de Educación se acaban de unir en una nueva entidad que prevé diferentes acciones para intentar frenar la aplicación de la Ley de Plurilingüismo.

La herramienta es la nueva Plataforma por la Libertad Lingüística en Educación, que busca «plantar cara» al nuevo modelo y hacer un «frente común contra la imposición de lenguas». Ya se han acordado las dos primeras medidas: elaborar un modelo de recurso para impugnar proyectos lingüísticos de los centros y presionar al Gobierno para que en la Comisión Bilateral inste a modificar el articulado de la normativa.

La plataforma está formada por entidades de las tres provincias que representan tanto a familias de la pública como de la concertada: Concapa Comunidad Valenciana, la Federación de Apas de Alicante Escuela y Familia, Fcapa Valencia, Concapa Castellón, Defensa del Castellano, Idiomas y Educación y la Fapa Gabriel Miró, también de Alicante.

La nueva plataforma pretende crear un «frente común» contra «la imposición de lenguas»

El nexo común es, según el comunicado remitido ayer, «la defensa de la libertad de elección de la lengua vehicular» en los estudios de los hijos. De alguna manera se recoge el testigo del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular creado el año pasado y que ya integraba a varias de estas organizaciones, a las que se les suman Fcapa y la asociación Defensa del Castellano.

Las federaciones de asociaciones de padres que se incluyen en la plataforma son especialmente representativas en sus ámbitos territoriales, y además, están las entidades mayoritarias en la escuela concertada. Eso sí, la más grande en la pública, la confederación Gonzalo Anaya, apoya la ley, mientras que Covapa, también representativa de esta red, está pendiente de valorar la adhesión en su junta directiva.

La primera medida aprobada pasa por pedir formalmente al Gobierno «que inste a la mayor brevedad la modificación de todos los artículos que impiden el ejercicio de los derechos constitucionales de las familias y la perpetuación de los vicios del decreto 9/2017». La organización considera que la ley arrastra a los centros hacia determinada opción lingüística, con prevalencia del valenciano frente al castellano, al promover que se impartan el 50% de las horas de clase en la lengua propia. Por tanto, se configura una oferta que puede chocar con los intereses de aquellas familias que quieran una educación mayoritariamente en español y no puedan elegirla por falta de plazas en su zona.

En cuanto a la referencia al decreto 9/2017, derogado y anulado parcialmente por el TSJCV, cabe recordar que la ley recoge algunos de los artículos tumbados por el tribunal, como la eliminación de la doble línea lingüística o la exigencia, en los centros que ya daban mayoritariamente sus clases en valenciano, de mantener ese porcentaje en la lengua propia. El tribunal consideró que la combinación de ambas disposiciones contribuyeron a crear un escenario que carecía de la suficiente oferta formativa en español.

La comisión bilateral ha sido convocada por el Gobierno al sospechar que hay aspectos en la ley de difícil encaje constitucional, aunque la conselleria defiende que la única duda se refiere al artículo 11, el que incluye la idea de promover el 50% del horario lectivo en valenciano. Si las administraciones no alcanzan un acuerdo, el presidente del Gobierno tiene la opción de recurrir al Constitucional y solicitar la suspensión inmediata de la ley.

La segunda medida pasa por crear un modelo de recurso individual para que, en la vía administrativa, «las familias afectadas puedan pedir la anulación del proyecto lingüístico de su centro». El documento será accesible en las páginas web de las asociaciones, y según la plataforma, deberá presentarse en cualquier registro oficial antes del día 30.

La idea es impugnar aquellos proyectos donde no se cumpla la disposición de la ley que obliga a impartir en castellano como mínimo una materia troncal o análoga, además de la de Lengua. «En el modelo de recurso una de las alegaciones argumenta jurídicamente la no existencia de asignaturas 'análogas' a las troncales en Educación Primaria, de conformidad con la legislación vigente», dice la organización.

La polémica lleva semanas coleando en determinados círculos, pues hay centros que han optado por dar en castellano Religión y las tutorías o la expresión oral (o una combinación de estas). Sin embargo la Religión tiene una consideración equivalente a las áreas básicas y cabe la opción de entender como análogas las materias con la misma carga lectiva que las troncales.

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